Este POLÍTICO de VOX cobrará MÁS que el PRESIDENTE DEL GOBIERNO por NO HACER NADA
El PROGRAMA de ANA ROSA blanquea al partido NEOFRANQUISTA de V0X

La izquierda gallega ha sufrido una nueva sacudida. La histórica subida del BNG, que con Ana Pontón como candidata ha pasado de 6 a 19 escaños, ha reordenado las posiciones y ha colocado a los nacionalistas como cabeza de la oposición. Por detrás, el Partido Socialista, que con 15 diputados se queda prácticamente como estaba. Pero la gran sorpresa de la jornada, que al contrario de la escalada nacionalista, ninguna encuesta consiguió detectar, es el final parlamentario de lo que en su día se llamó nueva política. Galicia en Común, la coalición integrada por Podemos, Esquerda Unida, Anova y algunas mareas municipales, no ha obtenido representación.
La impresionante recuperación de los nacionalistas los ha llevado a superar incluso el techo que había alcanzado Xosé Manuel Beiras en 1997, que entonces consiguió 18 diputados y también superó al PSdeG. Una campaña personalista, en la que Pontón incluso abrió la casa natal de su aldea de Chorente (Sarria, Lugo) a la prensa, un discurso sin asperezas y una continua reivindicación de su condición feminista, impulsó sus resultados. “No oculto que queríamos más, que queríamos una nueva etapa en nuestro país, pero empezamos a trabajar desde ya para que dentro de cuatro años el cambio sea posible”, afirmó Pontón. Detrás de su resultado, añadió, está “la coherencia, la perseverancia y el amor a Galicia”. El BNG cierra definitivamente una de las etapas más convulsas de sus casi 40 años de existencia, la que comenzó en 2009 con la caída del bipartito y se agravó en 2012 con la ruptura de la Asemblea de Amio.
Fue entonces cuando Beiras abandonó la formación y, en el fragor de la crisis del neoliberalismo, se alió con Esquerda Unida. Aquella alianza -Alternativa Galega de Esquerda- se convirtió en tercera fuerza del Parlamento de Galicia y relegó al BNG a la cuarta posición. Arrancó así otra aventura también convulsa, la de las confluencias de izquierdas federales y sectores nacionalistas, a las que se incorporó en 2014 Podemos, y que esta noche electoral ha llegado a su estación término. Galicia en Común recogía, más o menos, ese hilo. Y si en 2016, como En Marea, había liderado la oposición con 14 diputados, cuatro años de inacabables peleas internas han pasado factura: con 50.000 votos y apenas el 3,92%, nadie de lo que también se denominó “espacio rupturista” se sentará en el Parlamento gallego.
“Son malos resultados. Es un mal día para nuestro país pero especialmente para nuestro espacio político”, declaró muy serio su candidato Antón Gómez-Reino, todavía diputado en el Congreso, quien anunció “una reflexión profunda”. La ascensión y caída de la izquierda rupturista -otro de los adjetivos que se le apuso- ha sido fulgurante. Hace apenas dos años, lideraban la oposición, gobernaban A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol y contaban con cinco parlamentarios en Madrid. Algunos grupos municipalistas, dos asientos en las Cortes -uno de ellos, el de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz- es lo que sobrevive.
Si bien el BNG ha recogido buena parte de la base electoral del rupturismo, el Partido Socialista no ha pescado en ese caladero. Los 14 diputados que en 2016 obtuvo Xaquín Fernández Leiceaga se han transformado en 15. La la valoración de Gonzalo Caballero, su aspirante a la presidencia de la Xunta, la noche electoral fue optimista: “Mejoramos un punto y medio. Tenemos un apoyo relativo mejor”. A Caballero lo acompañaron en sus mítines la práctica totalidad de ministros socialistas del Gobierno de coalición en el Estado. Su discurso a menudo se dirigió a defender la acción de Sánchez, pero eso no bastó para reeditar la victoria en las generales de abril de 2019, cuando por primera vez el PSdeG derrotó al PP. “No son resultados satisfactorios, no son los que esperábamos”, admitió finalmente este domingo.
Los socialistas no consiguieron salir de la tercera posición. Superados por el BNG, el Parlamento gallego vuelve a arrojar un dibujo que contradice la imagen conservadora de Galicia: la izquierda a la izquierda del PSOE es una de las electoralmente más fuertes de las cámaras autonómicas.
Ahora que los «medios de desinformación» se ponen a dar «la voz de alarma» , el camino te lo están poniendo «más fácil» ,,, disfrutemos del trayecto
La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa acapara todas las portadas. Según el relato «oficial», estaríamos ante un nuevo tiempo político alejado de la crispación y los «decibelios». Algo que Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin ven con cierto escepticismo.
¿Por qué el PSOE tiende la mano al mismo PP corrupto de siempre? Con rigor y desde todos los ángulos, La Base de Público analiza en profundidad, más allá de la simple propaganda, lo que hay detrás de una derecha marcada por los escándalos, la mentira y los insultos.
En el mismo día que Sánchez y Feijóo acercan posturas, nos hemos enterado de que un juez ha abierto una investigación por estafa en los contratos de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid. Para hablar de todos estos temas, contamos en nuestra tertulia con Steven Forti, experto en extrema derecha, y con Alba González, redactora de LUH.
Y como cierre del podcast, ‘El machistómetre’ de Carla Galeote y ‘La pizarra latinoamericana’ de Alfredo Serrano.
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El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al trámite para ceder suelo público para el establecimiento de centros de culto. Concretamente, son tres parcelas de la ciudad las que se otorgarán a entidades religiosas: dos de ellas han sido solicitadas por el Arzobispado de Madrid y otra por la orden católica Comunidad del Cordero.
La cesión de estas parcelas se realiza «sin contrapartida económica»; es decir, tanto el Arzobispado como la organización religiosa adquirirán este suelo de manera gratuita. La cesión tiene una duración de 75 años. Estos espacios se encuentran en los distritos de Usera, Moncloa – Aravaca y Villa de Vallecas. En estos dos últimos, los terrenos han sido solicitados por la Archidiócesis madrileña.
El Área de gobierno de Desarrollo Urbano ha publicado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público los tres procesos, al que se suma el cese de otra parcela destinada al desarrollo de un centro de integración sociolaboral para personas con discapacidad intelectual, que ha sido solicitado por la Fundación A la Par.
En los tres casos, se especifica que la cesión es gratuita. El tipo de contrato corresponde a una concesión demanial, es decir, los bienes deben estar dedicados al uso general, fines públicos y para que puedan emplearse de manera colectiva. Se pueden dedicar, por ejemplo, a la construcción de hospitales, escuelas o museos.
No obstante, el Consistorio destina estas zonas a la construcción de centros de culto y desarrollo de «actividades sociales complementarias por iglesias, confesiones y comunidades religiosas». Las solicitudes de los espacios, sin embargo, parten únicamente de organizaciones católicas.
El Arzobispado de Madrid quiere hacerse con el control de la parcela municipal que se sitúa entre las calles Honrubia y Puerto Porzuna, en el Ensanche de Vallecas, y del suelo que se encuentra en la calle Camino de la Zarzuela, en el barrio de Valdemarín. La Comunidad del Cordero trabaja por su parte en la instalación de un monasterio y ha solicitado el espacio local de la Calle Antonio López, en el barrio de Almendrales.
Desde Más Madrid critican esta operación y aseguran que «el Ayuntamiento de Almeida tira los precios al alza cuando se trata de favorecer el cobro de comisiones a sus amigos —en referencia al escándalo de las mascarillas— y a la baja cuando se trata de ceder suelo a la Iglesia Católica».
El grupo político en el Ayuntamiento traslada a Público sus dudas ante el proceso de cesión. Afirman que este tipo de trámites ha de tener una evaluación técnica y una evaluación social. En este último caso, alegan que el departamento que solicita la licitación (el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano) «no tiene las competencias técnicas ni los conocimientos necesarios» para hacer la evaluación.
Paco Pérez, concejal de Más Madrid, ha explicado a este medio que este movimiento se hace sin tener en cuenta otras necesidades de esas zonas de la ciudad, como la mejora de centros culturales, educativos y sanitarios. Del mismo modo, Pérez añade que no entiende el motivo por el que se hace esta concesión, que debería estar destinada al interés social, en Valdemarín, «uno de los barrios de mayor renta de toda la ciudad».

Las expectativas y debates acerca de una gran coalición entre el PSOE y el PP que diera un vuelco a las alianzas partidistas actuales en el final de legislatura se han dado de bruces con la política real, la del BOE. Si algo se constató en la reunión mantenida el pasado jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, es que hay poco margen para que ambas organizaciones puedan acordar un programa o una hoja de ruta común.
Feijóo acudió al encuentro abanderando una bajada generalizada de impuestos y Sánchez le respondió con el plan de respuesta al impacto de la guerra que ya está en vigor.
El líder del PP había ofrecido previamente su apoyo al PSOE a cambio de la expulsión de Unidas Podemos del Gobierno de coalición, pero en la reunión se encontró con la defensa por parte del presidente de un plan que, entre otras medidas, contiene una intervención de los alquileres para desligar las renovaciones de la inflación histórica que sufre el país. Una medida propuesta por el espacio confederal.
¿Por qué el PSOE le tiene la mano al PP? Porque creen que le desgastan. Se equivocan. Las elecciones ya no se ganan disputando el centro. La derecha lo ha entendido hace tiempo. A ver si la izquierda lo empieza a entender.
https://www.publico.es/publico-tv/la-base/programa/1003221/el-analisis-de-pablo-iglesias-39-los-decibelios-de-feijoo
Según Naciones Unidas, en la actualidad hay 13.080 armas nucleares en el mundo, el 90% en manos de Estados Unidos y Rusia. Todo esto en un momento en el que Putin ha puesto en alerta su fuerza nuclear y Biden ha especulado con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Como para estar tranquilos.
De la posibilidad de una conflagración nuclear en forma de tercera guerra mundial trata La Base de Público. Con seriedad y con rigor, pero sin caer en el alarmismo, Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levi, analizan un tema que preocupa y mucho.
En nuestra mesa de debate contamos con Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación los Comunes y con Azahara Palomeque, periodista y doctora por Princeton.
Y como punto final, ‘Tendencia Krítica’ con Gema MJ y un repaso a lo que dicen las redes sobre esta escalada nuclear.

El empresario leonés, José Luis Ulibarri, ha sido condenado a 18 meses de prisión por la Audiencia Nacional por su implicación en la trama Gürtel. El empresario es uno de los responsables de la televisión privada de Castilla y León, que recibe anualmente subvenciones millonarias de la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco.
Ulibarri ha sido condenado por los delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. Su condena se ha visto reducida de los siete años solicitados por la «atenuante analógica de confesión en juicio». Concretamente, Ulibarri es condenado como «autor responsable o como inductor o colaborador necesario con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión como muy cualificada y reparación de daño».
José Luis Ulibarri, en el momento de los hechos, figuraba como propietario del Diario de León y como uno de los dos dueños de la Televisión de Castilla y León. El ente privado recibió en 2021 una subvención de 20 millones de euros de la Junta, presidida por Mañueco, según recoge el consejo de Gobierno del 29 de abril de ese mismo año. Cabe recordar que Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas sin televisión pública y, por tanto, la opción privada se lleva gran parte de las ayudas de la Junta.
Además de la pena de prisión, que por el momento se desconoce si cumplirá, Ulibarri tendrá que pagar multas asociadas por encima de los 700.000 euros por los delitos cometidos. El auto del juicio añade que por el delito de prevaricación la pena es de «tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público».
Se incluye la condena por «un delito de fraude a las administraciones públicas a las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de dos años y seis meses».
También es condenado por un «delito continuado de falsedad documental en documento mercantil a las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y cuatro meses de multa con una cuota diaria de 10 euros«.
Igualmente recibió una condena por un delito contra la Hacienda Pública «a las penas de tres meses de prisión con inhabilitación especial» con una suma de «40.000 euros de multa», más otra condena de otros tres meses por el delito de tráfico de influencias.
El empresario también estuvo imputado por los casos Púnica y Enredadera, llegando a estar en prisión provisional durante tres meses por el segundo. Esta condena no le permitiría recibir subvenciones públicas, por lo que la financiación de su cadena de radiotelevisión se vería afectada. Por esta situación, en noviembre de 2021, Ulibarri traspasó los poderes a su hija, Adriana Ulibarri, y se desligó tanto del Órgano de Administración como de su participación como accionista.