Algunas de las causas de lo que acontece en las enrevesadas y complejas relaciones entre España y Guinea Ecuatorial

 

Mi Columna
Eugenio Pordomingo (27/3/2017)
Iba a titular esta Columna así: “El Gobierno de España, Obiang Nguema y la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid, guardan un silencio vergonzoso y culpable”, pero me percaté de que no recogía la verdadera cuestión de fondo, que es la causa y el motivo de todo lo que acontece en torno a Guinea Ecuatorial y sus relaciones con España. Y empiezo por lo acontecido a la empresa CPT (Compañía de Productos Tropicales).

Ante el silencio, vergonzoso y culpable, del Gobierno de España, de Teodoro Obiang Nguemay de Purificación Angué Ondo, Embajadora de Guinea Ecuatorial en Madrid, la empresa Compañía de Productos Tropicales S. A. (CPT),  se ve obligada a ampliar la información facilitada hasta el presente respecto al robo y saqueo del que fue objeto en Guinea Ecuatorial.

La empresa Compañía de Productos Tropicales S. A. (CPT), fue objeto de varias tropelías en la República de Guinea Ecuatorial. Todos los abusos, desmanes, arbitrariedades y atropellos de los que fue objeto esa compañía y sus directivos, fueron llevados a cabo por el entramado compuesto por políticos, funcionarios y Poder Judicial. Por supuesto, con el consentimiento, connivencia y beneplácito del dictador Obiang Nguema. De otra manera no hubiera sido posible tanto desafuero y tanta impunidad.

Todo ello aconteció hace ahora diecisiete años, pero no por eso vamos a tener que dejar que denunciar, reclamar y exigir disculpas y resarcimiento económico.

Las denuncias que CPT  ha hecho en España nunca fueron atendidas por los gobiernos de AznarZapatero y Rajoy, ni por el Congreso de los Diputados y Senado. Tampoco el Defensor del Pueblo, entonces dirigido por Enrique Múgica Herzog. Huelga decir, que tampoco la Casa Real mostró el más mínimo interés. Esas y otras instituciones recibieron amplia documentación (dosieres).

Diversos departamentos e instituciones de la Unión Europea tuvieron, asimismo, un comportamiento similar.

Como digo, la denuncia que hizo esta empresa ante el gobierno que preside Rajoy ya la había hecho anteriormente al Presidente José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero y al entonces Ministro de AA. EE., Miguel Ángel Moratinos. Unas veces hubo silencio, las más respuestas incoherentes que no se ajustaban a los hechos denunciados y ampliamente documentados.

A la vista de lo que se ha ido conociendo a través de los medios de comunicación, entre ellos, páginas de internet de grupos opositores al dictador guineano y del digital Espacios Europeos, es fácil encontrar la respuesta,

En marzo y en diciembre del año 2014, CPT se dirigió al presidente Mariano Rajoy, recordándole que el Consejo General del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial se había comprometido el 29 de enero de ese año, a investigar los hechos denunciados y contestar al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Como de “auténtica vergüenza, desatención, inactividad administrativa, negligencia y,  lo que es peor, connivencia con el régimen de Obiang Nguema” calificó CPT la actuación de las instituciones españolas, a las que se denunciaron las tropelías de las que fueron objeto: Mariano Rajoy no nos ha hecho ni caso”, recogió el digital Hispanidad de boca de un directivo de la empresa.

El 23 de noviembre de 2015, me dirigí como director de esa compañía a la Embajadora de Guinea Ecuatorial en España, Purificación Angué Ondo, pidiéndole que hiciera las gestiones oportunas a fin de “conocer el resultado del procedimiento llevado a cabo en el caso de la reclamación de la empresa Compañía de Productos Tropicales, CPT”.

El contenido de esa misiva, a fin de evitar equívocos, fue el siguiente:

“Como consecuencia de mi reclamación ante la Embajada del Reino de España en Malabo, el entonces titular de la misma, Carlos Robles Fraga, se dirigió al Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo, quien le contestó el 29 de enero de 2004, comprometiéndose a “dar traslado a la Sala de lo Contencioso  Administrativo de la Corte Suprema  de Justicia para que resuelva lo que en derecho proceda tras la averiguación de los sucesos”.

El señor Salomón Nguema Owono, por entonces Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo, se comprometió con el Embajador español que daría traslado del “expediente que desde Madrid promueve Don Pordomingo Pérez (sic) en representación de la Sociedad Mercantil  “COMPAÑÍA DE PRODUCTOS TROPICLAES S. A.”, con sede en nuestro país, solicitando amparo por los hechos acaecidos a la misma”.

En la carta-oficio a la que aludo, el Presidente de la Cámara afirma también “que este Parlamento seguirá de cerca el proceso y le mantendrá siempre informado de su medida”.

En numerosas ocasiones me he dirigido al Gobierno de Guinea Ecuatorial, pero jamás he recibido contestación a mis requerimientos, como tampoco parece que lo haya recibido el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Como usted sabe la empresa “Compañía de Productos Tropicales S. A., CPT” fue víctima  de un expolio en el que participó la Administración Estatal,  que la obligó a abandonar sus actividades –algunos de sus directivos sufrieron agresiones-, además de la pérdida total de sus equipos (vehículos todoterreno, camiones, tractores, etc., etc.).

A pesar de los numerosos escritos, incluso dirigidos al Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, jamás he tenido contestación a ninguno de ellos. Todo el expediente relativo a ese expolio obra en poder de las autoridades de Guinea Ecuatorial, como reconoce en el escrito que adjunto, el Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo”.

La señora Embajadora de la República de Guinea Ecuatorial ni se ha dignado en acusar recibo de esta petición. Claro, que tampoco lo ha hecho la Embajada de España en Malabo ni La Moncloa.

Lo peor de todo, es ver como nuestros gobiernos, diplomáticos y supuestos representantes del pueblo, hacen de su ejercicio y función –por la que cobran-, dejadez de funciones, cuando no otras tareas en beneficio propio. Puertas giratorias, de Presidente o Ministro a lobista.

La exigencia de responsabilidades administrativas o de otro tipo, no ha quedado exenta de nuestras reclamaciones. De hecho, se ha denunciado una posible “inactividad administrativa”, según recoge el  Real Decreto 1473/2000 de Estructuración Básica del Ministerio de Asuntos Exteriores Español, cuya filosofía es “defender los intereses de los españoles y llevar a cabo una adecuada  y eficaz política  de protección de los ciudadanos españoles en el exterior”.Asimismo, de acuerdo con varios de los artículos  de la Ley 30/02 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común. También se solicitó a Presidencia, Ministerio de AA. EE., Senado y Congreso de los Diputados, las comunicaciones habidas respecto al caso denunciado, la entrega de fotocopia del expediente  de CPT, así como de las comunicaciones escritas entre distintas Administraciones, una de ellas referida al trámite que se siguió respecto al escrito dirigido al Ministerio de Economía (mayo de 2003) cuyo ministro era por entonces Rodrigo Rato, en el que solicitaba se nos resarciera económicamente de los robos, agresiones y actuaciones de la Administración de la República de Guinea Ecuatorial, bien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o detrayendo de la posible condonación de la deuda que Guinea Ecuatorial tiene con España.

Después de ahondar en asuntos de macro-corrupción en España, aunque relacionados con Guinea Ecuatorial, como el Guinextebank, la cooperación española y políticos, me topé con el BOE de fecha 28 de octubre de 1988 (Comisión para el Estudio del Desarrollo de la Cooperación entre España y Guinea Ecuatorial), donde figuran las Propuestas de Resolución que presentó por aquellas fechas el Diputado por Barcelona del Grupo Mixto, Pedro Costa Sanjurjo, miembro de esa comisión, éste dice:

“Tras los trabajos habidos en la Comisión, las comparecencias, los documentos analizados, y los estudios realizados “in situ” en el viaje que tuvimos ocasión de realizar a Guinea Ecuatorial, así como las diversas entrevistas con personalidades de aquel país, tanto gubernamentales como de la oposición y diversas investigaciones realizadas por este Diputado, estoy en condiciones de presentar las siguientes propuestas de resolución, no sin dejar constancia de que para un total y profundo conocimiento hubiera sido necesario poder oír al señor Francisco Fernández Ordóñez, que reúne la triple faceta de exministro de Hacienda, ex-Presidente del Banco de Exterior de España y Ministro de Asuntos Exteriores, pieza esencial del desarrollo de nuestra relación y cooperación con Guinea Ecuatorial y lamentando no haber tenido acceso a diversa documentación solicitada reiteradamente como el informe de Exteriores y el estado de los saldos y créditos en el momento de la venta de la parte española del Guinextebank. Habiendo llegado a la conclusión de la inviabilidad de la cooperación tal y como se entiende actualmente, presento las siguientes: PROPUESTAS DE RESOLUCION”.

Y sigue el diputado: “Se propone invertir 50.000 millones en un período de cinco años, a razón de 10.000 millones anuales y para los siguientes fines y con las siguientes condiciones:
España reanuda la protección de todo tipo de riesgos  a las empresas españolas, al darse cuenta que compañías extranjeras ocupaban su lugar.
Guinextebank. La crisis del Guinextebank se agudizó en este período. Los depósitos de clientes no se contabilizan en su totalidad, y los créditos se conceden sin estudios de solvencia y sin garantías suficientes; lo que se traduce en un déficit patrimonial de más de 1.400 millones de pesetas en 1987. En este período la mayor parte de los recursos ajenos del Banco proceden del BEAC…”.

Y más: “El Gobierno español a la vista de las auditorías examinadas por la Comisión, acuerda liquidar la participación del BEE en Guinextebank y conceder un crédito equivalente al total del déficit patrimonial acumulado; de los cuales sólo 500 millones de pesetas corresponden a los depósitos de españoles.

No se ha podido discernir quién ni cómo ha adoptado las decisiones que han conducido a la espiral de desastre desde 1985 hasta la liquidación del Banco. La actual política de cooperación se ha saldado con un fracaso”.

Muy interesante: “Antes de entrar en las propuestas, este Grupo, desea explicitar que las mismas no suponen dar por zanjado el pasado de la cooperación con Guinea. Por el contrario, planteamos la necesidad de proseguir las acciones hasta el esclarecimiento completo, con las consiguientes responsabilidades que pudieran derivarse, de las situaciones siguientes:

– Guinextebank. Desentrañar las responsabilidades reales de la Administración española en las irregularidades que se han cometido. Actuar en derecho frente a los posibles morosos beneficiarios de créditos.
– Créditos ICO. Investigar la cuantía y el destino final de los fondos a la cooperación que han tenido su origen en el Instituto de Crédito Oficial.
– Empresas contratistas. Comprobar los mecanismos para la adjudicación de contratas y evaluación de los costos de obra en los casos de aquellas empresas que han sido contratadas por la cooperación.
– Mercado paralelo. Investigar las razones por las que la Administración española acude, generalizadamente, al mercado paralelo en Guinea, el control del cambio y el destino final de los fondos sobrantes”.

Las propuestas fueron interesantes, honestas y valientes, entre ellas que se remitiera “todo este asunto al Defensor del Pueblo”.

Eugenio Pordomingo

Ahí van algunas de esas propuestas:

“- Sargento Mikó. Investigar la situación del Sargento Mikó y comprobar así si el Gobierno cumple los compromisos contraídos en este asunto.
– La monja Carmen Samaranch. Conocer el resultado de la investigación a que se comprometió el Gobierno sobre la extraña muerte de Carmen Samaranch.
La Comisión expresa su criterio en el sentido de que su labor no ha sido facilitada por los organismos públicos sufriendo, en varias ocasiones, auténticas situaciones de obstrucción”.

La Comisión expresó la urgente necesidad de proseguir el estudio e investigación de los asuntosGuinextebank, Créditos ICO a la cooperación, actividades de las empresas contratadas, situación actual del Sargento Mikó y causas de la muerte de la religiosa Carmen Samaranch.

Y ahora la exigencia de responsabilidades:
“La Comisión entiende que del fracaso de la gestión y de las graves irregularidades que se constatan en la cooperación con Guinea derivan responsabilidades políticas que en democracia han de tener como consecuencia el cese de los responsables, estimando por tanto necesario el cese del señor Fernández Ordoñez, don Luis Yáñez y don Fernando Riquelme, como máximos responsables”.

Y a cuento de la MATERIA RESERVADA: “se han ocultado mil y un negocios que han jalonado unas inciertas relaciones entre España y Guinea Ecuatorial.  Los actores han sido variopintos: Agencia Española de Cooperación Internacional, fondos reservados del Estado, supuestamente destinados a la oposición guineana –una buena parte de ellos se quedaban en manos de los transportistas “blancos”-, el chusco asunto del Banco Guinextebank, las subvenciones y apoyos de Focoex (ministro socialista Carlos Solchaga, mujer y amigos), sin excluir la presencia del muerto viviente Francisco Paesa, ni la de José Luís Graullera, nombrado por Adolfo Suárez embajador en Guinea Ecuatorial. En esa misma etapa no hay que obviar la figura del economista  Alberto Recarte, por entonces consejero para asuntos económicos”.

En fin, con estos datos –hay muchos más que iremos publicando-, qué se puede esperar. 

Cataluña: la excomisaria de Justicia de la Unión Europea considera incomprensible que Mariano Rajoy haya dejado “pudrir” la crisis

 

Fotografía de archivo de Viviane Reding, durante ‘Los Desayunos’ de TVE.

Cataluña (España)
Espacios Europeos (5/11/2017)
A pocos minutos u horas de la decisión de la Justicia belga sobre Carles Puigdemont y los consellers que con él se encuentran en Bélgica, no está de más recordar lo que, sobre la crisis catalana, dijo la excomisaria de Justicia, Viviane Reding. Ayer, en una entrevista en la cadena belga RTBF, en la que sin nombrar al presidente del gobierno español, manifestó que “Cómo se puede dejar pudrir, durante años y años, una situación que ahora llega a su culminación. Esto es una locura”:

Wiviane Reding considera incomprensible que el Presidente del Gobierno de España haya dejado “pudrir” esta crisis.

“La Justicia no es un árbitro político y aquí tenemos la impresión que ahora le toca a la Justicia resolver un problema que han creado los políticos y que los políticos no han sido capaces de resolver durante años porque esta no es una historia que comenzase ayer –dijo Reding– francamente esto no es lo correcto”.

Eso sí, la excomisaria de Justicia considero que la Unión Europea no debe criticar a España ni inmiscuirse en la crisis catalana, pues España es un país soberano donde hay división de poderes y donde funciona la Justicia, pero criticó la dejadez del gobierno español por haber dejado que esta crisis haya podido llegar a la situación en la que se encuentra.

Entre tanto, estamos a la espera de la decisión de la Justicia belga sobre la orden de detención de Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional de España.

 

DMSO o Dimetil Sulfóxido.

El DMSO o Dimetil Sulfoxido resulta una sustancia muy util para el tratamiento de un sinfín de patologias, sin embargo no se acaba de ver en el mercado farmaceutico.

https://www.youtube.com/watch?v=U_QkvM0yG5Q

Se Legaliza la Stevia por Fin

Por fin se legaliza en Europa una planta de propiedades terapéuticas que llevaba prohibida muchos, muchos años…

LA STEVIA EN HOJA YA ES LEGAL EN TODA EUROPA, A PESAR DE LAS TRABAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA

https://www.youtube.com/watch?v=0haNSQ4PvlM

 

Un discurso para la guerra El rey toma partido y lo hace por la derecha en su discurso sobre el conflicto de Cataluña

El Rey ve una "deslealtad inadmisible" la actitud de las autoridades independentistas

La Zarzuela se ha unido a La Moncloa y Génova en la apuesta total y sin ambages por la mano dura contra la Generalitat en su aventura por la independencia. En una intervención sin precedentes en una monarquía parlamentaria en la que el rey no tiene poderes políticos –ni puede tenerlos en Europa en el siglo XXI–, Felipe VI ha pronunciado un discurso durísimo sin espacio para dar ninguna opción al diálogo con los nacionalistas catalanes en lo que es en la práctica una declaración de guerra a la Generalitat que preside Carles Puigdemont.

Los que confiaban en un llamamiento al diálogo, por genérico que fuera, como forma de solucionar esta crisis tardaron sólo unos segundos en darse cuenta de que no habría tal cosa. El tercer párrafo del texto del discurso cortaba de raíz esa posibilidad: «Con sus decisiones, han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado».

Lo que vino después iba en la misma línea. «Quebrantado los principios democráticos», «socavado la armonía y la convivencia», «menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad», «poner en riesgo la estabilidad económica y social de toda España».

El rey es el jefe del Estado y miembro de una dinastía que comenzó a gobernar en España a principios del siglo XVIII tras una guerra que tuvo su epílogo precisamente en Cataluña. Era obvio que Felipe VI estaba obligado a defender con pasión la unidad de España, y por ahí no hay ninguna sorpresa ni decepción. Pero el discurso fue también una apuesta política por una forma concreta de solucionar esta crisis que pasa de forma literal por las posiciones que han expresado el Partido Popular y Ciudadanos.

El rey toma partido y lo hace por la derecha. Sus palabras suponen una enmienda a la totalidad de las posiciones mantenidas por Podemos en esta crisis. En lo que se refiere a una posible negociación, son también un rechazo completo a la petición que hizo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy para que dialogue de forma inmediata con Puigdemont.

Lo único que le faltó al monarca fue ordenar la aplicación del artículo 155, la detención de los dirigentes de la Generalitat y la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña. Quizá Rajoy se haya comprometido ya a hacer eso. Si no es así, el presidente del Gobierno ya sabe por dónde respira la monarquía.

Los independentistas caminan hacia la independencia a través de una insurrección política y en la calle. Tenían que contar con esta respuesta y pensarán que les favorece. Habrá que suponer que redoblarán su apuesta en la calle.

Aquellos que creen que policías, fiscales y jueces no pueden solucionar por sí solos problemas políticos graves, o los que estiman que repetir que la ley hay que cumplirla no sirve de mucho si la legitimidad del sistema político está cuestionada, deben saber que hoy el rey les ha repudiado. Su apoyo a la monarquía, o su tolerancia a la presencia de un rey en la jefatura del Estado, se ve sometido desde hoy a una prueba difícil de aceptar.

La confrontación en el conflicto catalán está asegurada y sería estúpido pretender que vaya a limitarse al campo institucional o a los tribunales. Estamos dando pasos hacia un horizonte que nunca pensamos que llegaría. Las escenas violentas que se vieron el domingo no serán las últimas. Cuando se utiliza un lenguaje de guerra, nadie debe sorprenderse de que tenga consecuencias.

Fuente: Iñigo Sáenz de Ugarte

 

Tristeza, desesperanza, miedo

Publicada 04/10/2017 a las 06:00Actualizada 03/10/2017 a las 20:35

infolibre Periodismo libre e independiente

Escribo desde la tristeza. La que me producen las imágenes de policías y guardias civiles golpeando a gente que quería votar en Cataluña el pasado domingo, 1 de octubre. No soy de los que pueden digerir sin problemas este tipo de escenas bajo el pretexto de que la ley y el orden deben mantenerse a toda costa. A los policías y soldados de los Estados se les concede el monopolio de las armas, pero eso conlleva una gran responsabilidad para los gobernantes que los dirigen y también para ellos: la de no provocar altercados mayores de los que pretenden evitarse, la de actuar con mesura y proporcionalidad. No se puede perseguir a disparos por las calles al ladronzuelo que acaba de robarle el bolso a una anciana: eso es de primero de Academia de Policía en cualquier país civilizado. De ahí el escándalo de tantos periodistas y políticos europeos ante lo ocurrido el domingo en Cataluña.

Escribo desde la desesperanza. El reparto de estacazos del domingo consumó el divorcio político y emocional entre una amplia cantidad de catalanes y el conjunto de España. Eso no se traducirá a corto plazo en una Cataluña independiente y quizá no se traduzca nunca. El Estado español es muchísimo más poderoso que ellos. Si es menester, puede enviarles tanques y bayonetas. Pero no soy de los que quieren mantener a la fuerza a alguien en una familia, un club o un Estado, prefiero que las asociaciones sean voluntarias, fruto del afecto y/o el interés.

El divorcio hubiera podido evitarse. Si el PP y sus empleados en el Tribunal Constitucional no se hubieran cargado un Estatuto de autonomía para Cataluña laboriosamente pactado y aprobado. Si la derecha españolista no hubiera respondido al ascenso del nacionalismo estelado con el hooliganismo de la catalanofobia, la guerra de las banderas y el “¡A por ellos!”. Si el vago e incompetente Rajoy no se hubiera enrocado desde hace años en el inmovilismo político, el huero cacareo de la ley es la ley y el peligroso juego de enviar fiscales, jueces y guardias a aplicarla a rajatabla frente a un par de millones de personas. (Como dijo Manuela Carmena en El Intermedio a propósito del movimiento a favor de la objeción de conciencia, no es sensato intentar imponer el Código Penal a un colectivo multitudinario). Y, desde luego, si en vez de ordenar a los antidisturbios que repartieran mandobles, Rajoy hubiera dejado que se desarrollara pacíficamente una jornada que él mismo predicaba a diestro y siniestro que no servía para nada, que no tenía la menor repercusión legal, que era un paripé.

Incluso con todo esto, el divorcio también podría haberse intentado evitar con un PSOE mucho más comprometido a liderar una tercera vía para reformar a fondo la Constitución y pactar un nuevo modelo de relación –verdaderamente federal o hasta confederal– entre Cataluña y el conjunto de España. Pero a Pedro Sánchez le faltan visión y valentía para convertirse en una especie de nuevo Adolfo Suárez, el político audaz que lidere una colación de fuerzas progresistas para efectuar una Segunda Transición; desde la ley a la ley, sí. También es cierto que su partido está repleto de dirigentes que, amén de tan españolistas como el PP y Cs, se sienten muy cómodos con el régimen del 78; supuestos socialistas que no se soliviantan por los desahucios, los despidos, los abusos de bancos y eléctricas, los recortes de libertades y derechos, pero sí por la puesta en cuestión de la forma tradicional de unidad de España.

Escribo desde el miedo. El miedo a que prosiga adueñándose de España el autoritarismo del Esto es lo que hay, no lo pensamos cambiar y si no te gusta vete a Rusia antes de que te encarcele, algo que ya conocí en los primeros 21 años de mi existencia, los que viví bajo la dictadura de Franco. El miedo a que me castiguen con el aislamiento social, la persecución fiscal y la Ley Mordaza si disiento del statu quo o tan solo bromeo al respecto. El miedo a que Cataluña únicamente siga en España bajo una especie de Estado de Excepción. El miedo a que el PSOE continúe actuando paralizado por los editoriales de la unánimemente conservadora prensa impresa madrileña. El miedo, en definitiva, a que España vuelva a ser irreformable, a que la ultraderecha siga envalentonándose e imponiendo su agenda, a que mi país, Europa y el mundo se asemejan cada vez más a los años 1930.

Visité la pasada semana a mi amigo y maestro Juan Goytisoloen Larache. Descansa junto a Jean Genet bajo el sol marroquí y frente a la inmensidad azul del Atlántico. No puedo dejar de pensar en el disgusto que todo esto le provocaría.