El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias este jueves a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por presunta malversación de fondos públicos ante dos medidas concretas con las que la presidenta Ayuso ha querido demostrar su apoyo a Israel en la guerra que mantiene contra Palestina, según la denuncia, a la que ha podido acceder Público.
Hoy en Noticias Básicas profundizamos en la decisión de Cataluña de, en base a la Ley de Vivienda estatal, regular los precios de los alquileres. Informamos también de la nueva estrategia del PP de cara a las elecciones próximas, la reacción del PSOE contra la “prensa del odio”, la última hora de la crisis de los pellets y cómo transcurre el juicio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya
En el programa de hoy, 11/1/24, Pablo Iglesias, Dina Bousselham, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan por qué ha tumbado Podemos el decreto y lo que representaba para las pensiones de los nuevos perceptores del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Con la participación de la diputada y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge. Entra en https://apoya.canalred.tv/ y hazte suscriptor de Canal Red. Síguenos también en nuestras redes sociales:
La Cañada Real afronta su tercer invierno sin luz ni agua: “En casa calentamos el agua con la estufa y mi hijo está en tratamiento por quemaduras” . Daniel Malagón nos acerca a la realidad diaria de La Cañada, donde vecinos nos cuentan cómo están afrontando estos días, mientras en la Comunidad de Ayuso, el gasto de luces navideñas bate récords dentro de España. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y defiende el periodismo valiente, feminista y de izquierdas: https://bit.ly/3REUOTN Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Hoy tenemos a Mesa a Lara Alcázar, Isa Serra, Raúl Cedillo y Laura Arroyo -¿Debe Podemos Galicia ir en coalición con Sumar? – Una transfoba en el instituto de la mujer – La ultraderecha podría llegar a ocupar un tercio de la Eurocámara. -Ministerio de Salud palestino cifra en 20.674 los muertos y 54.536 los heridos palestinos – 68 reporteros han muerto durante la ofensiva israelí en la Franja. – Israel bombardea la capital Siria, Damasco en estos momentos. – La Relatora Especial de la ONU dice que Israel ha destruido Gaza, lanzando el equivalente a dos bombas nucleares en 80 días – Nuevo mensaje del arzobispo palestino Atallah Hanna jefe de la iglesia ortidoxa griega de Jerusalén ocupada al mundo. – Israel asesina a 70 personas en un campo de refugiados en Gaza -Madrid aplicará una bonificación fiscal a los extranjeros que compren casa para vivir.
La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez — Mateo Lanzuela / Europa Press / ContactoPhoto
Podemos ha lamentado que el Rey Felipe VI hiciera un discurso de Navidad de carácter político, en el que solamente buscaba «el perdón de los ultras» que hace poco estaban «cabreados» con él, al mismo tiempo que ha tildado al monarca de hipócrita por intentar dar lecciones de democracia.
Así lo ha asegurado la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, quien ha sido la encargada de hacer una valoración del discurso este lunes, criticando la defensa que hizo de la Constitución España como una herramienta «intocable» pero que, a juicio del partido morado, no está sirviendo para proteger los derechos y libertades de la ciudadanía.
Además, a Podemos le ha resultado «decepcionante» comprobar que el jefe del Estado no aboga por la paz porque no dedicó ni una sola palabra «al genocidio que Israel está cometiendo en Palestina». «Ni una mención a los niños y niñas que están siendo asesinados por un Estado criminal que está ejecutando un auténtico exterminio», ha sentenciado.
«Nosotros pensamos que es justamente al revés, que la democracia es el fundamento de la Constitución. Son los principios democráticos los que tienen que regir y, a partir de ahí, se pueden articular textos legislativos que, si no sirven para dar respuesta a las necesidades de la gente, tienen que poder cambiarse», ha sostenido Pérez.
Así, la Carta Magna solo podrá unir a los españoles cuando se cumpla «íntegramente», para lo que ha mencionado varios artículos que configuran el Estado del bienestar y que no están siendo desarrollados, como los relativos a la sanidad y la educación públicas, la vivienda o la progresividad fiscal.
Igualmente, ha hecho un llamamiento a que la Constitución se erija como garante de la igualdad entre españoles, para lo que ven necesario un cambio de forma de Estado. Su deseo es que España sea una República y no esté representada por una monarquía que está personificada en un rey inviolable, «sin legitimidad democrática pero con todos los privilegios», y que resulta discriminatoria hacia la mujer.
En cuanto a este último asunto, Podemos también ha lamentado que el Rey haya mencionado la violencia hacia la mujer de una forma anacrónica, cuando se trata de uno de los principales problemas que tiene España y que se debe llamar por su nombre.
Recado al PSOE
Entre los asuntos que no se cumplen de la Constitución, desde Podemos han recordado que el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra caducado desde hace cinco años.
En este sentido, si bien ha responsabilizado al Partido Popular por este «secuestro», Podemos ha mandado un mensaje al PSOE, por ser cómplice de la acción del PP y equivocarse al seguirle el juego a una derecha que solamente pretende «marear la perdiz» y seguir controlando el órgano de gobierno de los jueces, ignorando las mayorías parlamentarias diversas que hay en el Congreso.
Del mismo modo, en el ámbito social, Podemos ha recordado al PSOE que, si quiere el voto de sus cinco diputados en el Real Decreto-Ley que el Gobierno plantea llevar al Congreso con las medidas anticrisis, este tiene que ser «mucho más ambicioso».
Para Podemos, la emergencia habitacional debería de centrar este decreto, ya que consideran que se trata de una preocupación social para mucha gente y se debería de incluir la prórroga de medidas de protección frente a los desahucios y también la congelación del precio de los alquileres.
Madrid –
Alejandra Jacinto es abogada, politóloga y activista por el derecho a la vivienda. Se unió al movimiento anti-desahucios con poco más de 22 años, en pleno fragor del 15M. Doce años después es una de las principales referentes del movimiento por la vivienda. En los rescoldos de aquel 15M cofundó Caes, una cooperativa de abogados enfocada en la defensa de los Derechos Humanos. Pasó dos años en la política institucional; primero como diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, luego como candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad en las elecciones del 28M de Madrid y finalmente como portavoz de Vivienda de Sumar en las pasadas generales. Este octubre anunciaba el cierre de su etapa en la política institucional y regresaba al ejercicio de la abogacía en la cooperativa, al turno de oficio y a las calles que la han fraguado como un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda. Esta entrevista, que se realizó antes de que Podemos abandonara el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, es la primera que concede desde entonces. Este domingo, a partir de las 20.00 h, no te pierdas la entrevista de Virginia Pérez Alonso, directora de ‘Público’, a Alejandra Jacinto. ¡Te esperamos! Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y defiende el periodismo valiente, feminista y de izquierdas: https://bit.ly/3REUOTN Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
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MADRID
ACTUALIZADO:
Santander, Telefónica, BBVA, CaixaBank o Atresmedia son algunas de las empresas en las que más diputados tienen acciones. Al menos 96 de los 350 parlamentarios electos el pasado 23J poseen participaciones en alguna compañía. Así lo han hecho constar en sus declaraciones de bienes y rentas, presentadas en el actual comienzo del curso parlamentario y analizadas por Público. De ellos, 12 han rehusado detallar el nombre de las sociedades en las que han invertido.
Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Juan Bravo y Agustín Santos están entre los diputados que no detallan en qué empresas tienen sus acciones
Entre estos últimos destacan el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. En ambos casos, esta falta de información coincide con la opacidad del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se negó a cumplir con el mandato del Consejo de Transparencia. Tras una reclamación de Público, el Consejo había instado a Hacienda a hacer públicos los nombres de las empresas en las que los miembros del Gobierno tienen acciones.
Eso sí, en marzo pasado el ministerio llegó a aclarar ante la reclamación de un ciudadano que Pedro Sánchez solo tenía acciones en Red Eléctrica. El presidente no lo ha especificado ante el Congreso en su declaración y, por lo tanto, se desconoce si sigue teniendo dichas acciones o si cuenta con otras distintas. Ha declarado 5.104 euros en «acciones cotizadas en bolsa».
Otros dos diputados socialistas —Juan Carlos Ruiz Boix y Adriana Maldonado—, tres de Vox —Pedro Fernández, Lourdes Méndez y Pablo Sáez— y otros tres del PP —Juan Bravo, María Mercedes Fernández y Pedro Muñoz— tampoco han dejado constancia de las empresas de las que poseen títulos. El diplomático Agustín Santos Maraver, segundo de Sumar, y Mikel Legarda, del PNV, cierran este listado.
El nombre de las sociedades en las que tienen acciones no es el único detalle que sus señorías omiten. Algunos no especifican el número de títulos que poseen en cada empresa y otros no indican el valor de estos.
En muchos de los casos los diputados no cumplen con el requisito de explicitar la fecha en la que calcularon el valor de dichas acciones. También tienden a mezclar conceptos dispares como fondos de inversión, acciones o letras del tesoro.
Cada diputado realiza la declaración según sus propios criterios y el Congreso no realiza ninguna fiscalización
La absoluta falta de fiscalización de la información que los políticos indican en sus declaraciones pone encima de la mesa la posibilidad de que sean más de 96 los diputados que poseen acciones de empresas. Todo ello, sumado a que cada uno rellena la declaración a su manera, dificulta comparar la actividad bursátil y la riqueza de los parlamentarios.
Aún así, según el análisis de Público basado en los datos aportados por los propios diputados, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, de Vox, sería el que declara mayor capital accionarial del Congreso: 3.125.572,44 euros. El grueso de esta cuantía —3.122.070 euros— pertenece a la empresa Inventia Factory SL, una consultoría tecnológica. El diputado de Vox no aclara qué porcentaje o número de acciones de la empresa le pertenecen.
De todos los grupos parlamentarios, el que cuenta con un mayor porcentaje de diputados que declaran poseer acciones es el de Junts. Así lo hacen tres de sus siete diputados, el 42,86%. Le sigue el grupo del Partido Popular: 46 de sus parlamentarios —el 33,58%— aseguran tener participaciones en empresas.
El siguiente es el grupo mixto, con un 33,33% de accionistas, aunque en este caso solo uno de sus tres diputados —Néstor Rego, del BNG— quien tiene participaciones, en concreto, en un medio de comunicación y una editorial gallegos. Los otros dos parlamentarios del mixto —Cristina Valido, de Coalición Canaria, y Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro— no declaran ninguna acción.
Vox tiene un 30% de diputados con acciones y el PSOE, un 25%; en Sumar el dato desciende a 13%
Tras ellos se sitúa Vox, con un 30,30% de diputados con acciones. En el PSOE hay 30 diputados que declaran tener participaciones en distintas empresas y sociedades: el 24,79% del grupo parlamentario.
Los datos más bajos son los de Sumar —solo tienen acciones cuatro de sus parlamentarios, el 12,90%— y EH Bildu —ninguno de sus seis diputados declara títulos en empresas—. El que tiene una mayor inversión de los cuatro de Sumar es Agustín Santos Maraver. El diplomático y número dos de Yolanda Díaz declara 102.631 euros en «acciones cotizables en bolsa», aunque no aclara en qué empresas.
De los 96 que declaran participaciones, hay 84 diputados que sí detallan en qué empresas las tienen. Sus empresas favoritas para invertir son Santander, Telefónica, BBVA, CaixaBank, Atresmedia, Cajamar y Endesa. La primera en el ranking es Banco Santander: 17 diputados afirman tener acciones del banco presidido por Ana Patricia Botín.
La diputada que declara más dinero en acciones del Santander es María Luisa del Moral, del PP, con 40.732 euros. La mayoría tienen participaciones mucho más discretas. La más baja es la de Fernando de Rosa, también del PP, que declara dos acciones del mismo banco por valor de 8,7 euros. Pero algunos diputados ni siquiera aclaran a cuánto asciende su inversión.
También pasa con el propio Santander. Félix de las Cuevas, también del PP, tiene 43.573 acciones del banco, pero no concreta su valor. El diputado asegura tener más de 300.000 euros en acciones de grandes empresas y cita cuáles son, pero no aclara cuánto dinero tiene invertido en cada una. Tal cantidad de acciones lo situaría por delante de su compañera de bancada María Luisa del Moral. Hay varios diputados que ofrecen de forma incompleta la información sobre sus acciones.
Otro caso es el de Carlos Rojas. Declara 291.127 euros en acciones de «Banco Sabadell, Santander, Ferrovial, IAG, Telefónica, BBVA, ROVI, Tesla, Amazon, Prosegur, Enagás y Mapfre», pero no indica cuánto dinero invertido corresponde a cada empresa. Rojas, además, declara 54.913 en «Santander acciones española y EEUU fondo» mezclando aparentemente la cuantía que tendría en acciones del banco español y el que tendría en un fondo. Entre un concepto y el otro es muy probable que también tenga más dinero en acciones del Santander que Del Moral.
Los diputados rellenan las declaraciones como consideran conveniente, siguiendo cada uno su propio criterio. La transparencia en las declaraciones de bienes y rentas de los diputados brilla por su ausencia. A pesar de que existen ciertos criterios comunes —aunque bien pocos— para rellenar esta documentación, la falta de fiscalización y verificación de la información que aportan los diputados hace de este un dispositivo poco eficaz en términos de rendición de cuentas.
Una de las pocas directrices que se le exige a los parlamentarios es que, en el caso de que posean acciones en una empresa cotizada, incluyan su valor de mercado en un momento determinado en los 60 días previos a la publicación de la declaración. En el caso de las no cotizadas, debe indicarse el valor de las acciones según el balance anual anterior.
En cambio, muchos de los diputados no aportan esta información, como es el caso del popular Agustín Conde o la socialista Noelia Cobo Pérez. Otros incluso, como Silverio Arguelles (PP), aportan la información de la fecha en la que adquirieron dichas acciones, mientras que otros tantos omiten la información sobre el precio o la cuantía de estas.
Hay diputados que ocultan en qué empresas tienen acciones; otros las engloban en un conjunto sin detallar cuántas tienen en cada empresa
Otra modalidad es la puesta en práctica por diputados como José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, que detalla las empresas de las que posee acciones —en su caso, «Telefónica, Ezentis, Solaria, Colonial, IAG, Quabit», entre otras inversiones—, pero las declara todas ellas en conjunto. Es decir, anunciando, en su caso, 59.345 euros en esas empresas, pero sin dar detalles del valor que corresponde a cada una.
Una vez cumplimentadas por los diputados, las declaraciones pasan por la Mesa del Congreso, que únicamente certifica que los parlamentarios la han entregado. En ningún momento se revisa su contenido, confirman a Público desde el propio Congreso.
De hecho, a día de hoy, aún no se han publicado las declaraciones de bienes de cuatro diputados: Luc André Diouf Dioh (PSOE), Alberto Asarta Cuevas (Vox), Carina Mejías (Vox) y Borja Sémper (PP). Ninguno de los tres partidos ha respondido a este periódico al ser preguntados por el motivo. El Congreso tampoco ha aclarado las razones de la falta de estas declaraciones.
Pablo Iglesias en Mallorca. 20 de mayo de 2023.
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