Entre los condenados se cuentan el senador catalán Josep María Sala, el ex diputado Carlos Navarro y la ex coordinadora de Finanzas del partido, Aida Alvarez. Los afectados anunciaron que recurrirán el fallo ante el Tribunal Constitucional.

Sala, quien anoche renunció al Senado y al Parlamento de Cataluña, recibió una pena de tres años de prisión por los delitos de asociación ilícita y falsedad en documento, mientras que Navarro fue castigado con once por los mismos delitos más el de defraudación a la Hacienda Pública. Aida Alvarez y su esposo, Miguel Molledo, deben cumplir una sanción de dos años, cuatro meses y un día de cárcel por falsedad en documento y delito fiscal. Lluís Oliveró y Alberto Flórez, gestores de la compañía Filesa, resultaron condenados a diez años por tres delitos, y otros dos empresarios, Eugenio Marín y Juan Molina, a seis meses.

El escándalo estalló en mayo de 1991, cuando los diarios El Mundo y El Periódico informaron que entre 1988 y 1990 las sociedades Filesa, Malesa y Time Export, controladas por gente afín al partido, obtuvieron grandes sumas de dinero por concepto de estudios de asesoría que nunca realizaron, y las desviaron luego al PSOE. Las publicaciones fueron confirmadas poco después por el chileno Carlos Van Schouwen, contador de las empresas involucradas.

De 39 sindicados en 1995, y tras muchos ires y venires, el número de sindicados se redujo poco a poco hasta que el 21 de julio pasado quedó en 12.

Trago amargo Para el PSOE, el escándalo Filesa ha sido un trago muy amargo. Por él perdió el partido la mayoría absoluta en las elecciones del 6 de junio de 1993, y por él debió someterse recientemente el ex presidente del Gobierno Felipe González a la incomodidad de declarar como testigo ante el Tribunal Supremo. Encima, ayer los dirigentes socialistas se enteraron de la sentencia mientras celebraban el 91 cumpleaños de su presidente, Ramón Rubial. Y como si fuera poco, la fecha de la sentencia coincide con el 15 aniversario del día en que González accedió al poder.

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, leyó ayer una declaración en la que la directiva socialista acata pero no comparte el fallo porque considera que fija penas desproporcionadas. Almunia pidió excusas a todos los ciudadanos y en especial a los votantes y militantes socialistas y reiteró que su partido quiere hacer de la honradez en la gestión de los intereses públicos una seña de su identidad . Expresó además que el PSOE no ha sido condenado y, tras aludir al gobernante Partido Popular, se quejó de que la ley no se aplica por igual en España.