Cuba denuncia que EE.UU. bajo pretexto de “promover la democracia” financia programas que fomentan disturbios para derrocar al Gobierno de la isla.
El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció en julio que otorgaría hasta a 6,25 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales (ONG) y personas que “promuevan un cambio democrático pacífico y no violento en Cuba”, como parte de un programa de décadas de duración apoyado por sucesivos mandatarios estadounidenses.
En una entrevista exclusiva con la agencia británica Reuters, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, tachó de ilegal e intervencionista ese programa que, según él, en nombre de “democracia”, aprovecha la financiación extranjera para fomentar el malestar en la nación caribeña.
Recordó que financiar actividades subversivas contra otros Estados “es un acto ilegal” en cualquier nación y enfatizó que Estados Unidos tiene una legislación contra personas que actúan como agentes de un gobierno extranjero.
“Justamente es lo que Estados Unidos está tratando de promover en Cuba hoy”, señaló De Cossío y denunció que el plan de financiación anunciado en julio por Washington fue cuidadosamente programado para derrocar al Gobierno cubano mientras la nación insular sufre la peor crisis económica por el bloqueo inhumano impuesto por EE.UU. hace más de 60 años.
Estados Unidos busca “deprimir el nivel de vida de la población y al propio tiempo dedicar millones de dólares del contribuyente estadounidense para instar a las personas a que actúen contra el Gobierno”, censuró el diplomático.
El anuncio de Washington de financiar programas que promueven supuestamente “la democracia” en Cuba llegó justo un año después de que se produjeran disturbios en la isla (julio de 2021), de los que La Habana acusó a Estados Unidos.
Cuba culpa al prolongado bloqueo estadounidense por sus problemas económicos. Según datos presentados por La Habana en 2021, el cerco económico ha causado daños materiales de 147 853 millones de dólares desde febrero de 1962, sin contar el efecto humanitario contra la población.
El cese del bloqueo criminal a la isla es un reclamo global. La Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) ha aprobado de manera unánime casi 30 resoluciones contra dicho bloqueo desde 1992, cuando esa instancia empezó a votar anualmente sobre la cuestión.