Por primera vez se publican las páginas de la agenda de la encargada de un prostíbulo que probarían cómo dirigentes del PP habrían disfrutado de servicios sexuales que costeaba el magnate de la noche mallorquina.
El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach antes de llegar al juicio por el caso Cursach, en la Audiencia Provincial de Baleares, el 10 de octubre de 2022, en Palma de Mallorca. — Europa Press / ISAAC BUJ
Junio de 2017, Palma de Mallorca. Una mujer recibe una brutal paliza en el portal de su domicilio cuando se disponía a tirar la basura. Dos sicarios la tiran al suelo, la apalean, causándole una herida seria en la pierna. Antes de marcharse lanzan una amenaza: «Si no quitas las denuncias, te mataremos y terminarás bajo tierra». La mujer tuvo que ser ingresada en el hospital de Son Espases, de Palma.
Pese a la agresión y las amenazas, la mujer se mantiene firme en su decisión de colaborar con la Justicia. Tres meses antes había acudido voluntariamente al Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear, donde el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigaban la trama policial relacionada el magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, que por entonces ya estaba en prisión provisional [ingresó el 3 de marzo de 2017 hasta el 28 de abril de 2018].
https://www.publico.es/politica/cursach-pago-150000-euros-fiestas-sexuales-cargos-pp-agenda-prostibulo-mallorquin.html
La mujer declaró que varios policías locales y varios políticos recibían servicios sexuales gratuitos pagados por Cursach, que en la isla es conocido como Tolo Cursach. La mujer lo sabía porque tenía en su poder una agenda o cuaderno que había pertenecido a la madame del prostíbulo donde trabajaba. La encargada había muerto y ella se había apropiado de la agenda como su sucesora.
Tras la brutal agresión sufrida a manos de dos sicarios, la mujer decide dar un paso más y entrega en el juzgado aquella agenda que muestra los presuntos pagos a cuenta de Cursach de servicios sexuales a varios agentes de la Policía Local y a dos personajes políticos de primera magnitud por entonces en la isla. Público ha podido acceder a dicha agenda, que está judicializada; en concreto está aportada en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y seis agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Según reflejan los apuntes plasmados en la agenda, las fiestas sexuales con cargo a Cursach superan los 150.000 euros. No todos los servicios indican el precio final, por lo que no es aventurado deducir que la cifra definitiva puede superar con creces esa cifra.
Uno de los altos cargos del PP mencionados en la agenda es José María Rodríguez Barberá, de 75 años, expresidente del PP de Palma, exsecretario general del partido, exconseller de Interior, delegado del Gobierno en las Illes Balears y senador. En aquel momento era el concejal de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma. El otro político señalado en la agenda era su número dos, Álvaro Gijón, en aquellos momentos, concejal en el consistorio y diputado en el Parlament Balear.
La autenticidad del cuaderno o agenda de la testigo protegida, algunas de cuyas páginas desvela Público en exclusiva a lo largo de este artículo, no fue puesta en duda; de hecho, los investigadores realizaron una pormenorizada investigación sobre las revelaciones de la mujer. Así, constataron que, en efecto, en el segundo piso de un edificio de la calle Lluís Martí de Palma se ubicó un prostíbulo que suministraba mujeres prostituidas para fiestas en propiedades de Cursach, como la discoteca Tito’s y fincas repartidas por la isla.
Sobre la identidad de los dos políticos del PP y de dos mandos de la Policía Local que también aparecen, como los exintendentes Antonio Vera Martínez y Juan Miguel Mut García, los investigadores pudieron comprobar que en efecto se trataba de ellos, como ha podido saber este diario al acceder al informe policial. La agenda da referencias explícitas. Por ejemplo, «Ayuntamiento, sr. Rodríguez», siendo este el único concejal con ese apellido, pero además aparecía su teléfono móvil institucional. Lo mismo ocurre en el caso de Gijón, al que en el ambiente del prostíbulo llamaban ‘el principito’.
Cumpleaños en el prostíbulo
La agenda, que cubre parte de 2014 y el año 2015 prácticamente entero, muestra episodios repulsivos. Por ejemplo, el 29 de agosto de 2015, para celebrar el cumpleaños de Rodríguez, al que se califica como «morboso», se montó una fiesta cuyo coste alcanzó la cifra de 14.000 euros. «Preparar tres chicas y tartas», consta en el cuaderno. Otras fiestas disfrutadas por Rodríguez, según la agenda, resultaron más caras: 23.000 euros y hasta 36.000 euros.
En el primer caso se trató de una fiesta navideña, a las 17.00 horas: «Avisa llega después de una comida con amigos»; «viene con un compi («Andrés P.P.»); «avisar a Tolo», «Justificar?»
En el segundo caso, que recoge el precio más alto de los que constan en la agenda judicializada, 36.000 euros, la fiesta se prolongó 12 horas del viernes y tres horas del sábado por la mañana. En total, se consumieron 26 botellas de alcohol.
«Paga Tolo, pasar por Mega»
El dinero no era problema, según declaró la encargada del prostíbulo (que acabó convirtiéndose en la testigo protegida 31 de la causa), porque lo ponía Bartolomé Cursach. En el caso de la fiesta de 36.000 euros, el apunte indica: «Cobrar Tolo-Mega [en referencia al Megasport y Megapark, el centro de deportes y ocio de Bartolomé Cursach en Palma]»; «Llamar a las 12. Esperar pista pádel central. Esperar que salga».
José María Rodríguez Barberá (primo carnal de Rita Barberá), Álvaro Gijón, y los comisarios Antonio Vera y Juan Miguel Mut llegaron a estar investigados, junto a Cursach, por cohecho impropio, es decir, el realizado no para obtener un beneficio inmediato sino para lograr que el funcionario o cargo público que ha recibido el obsequio se sienta en deuda con el agasajador.
Las revelaciones de la agenda fueron corroboradas por testimonios de camareros de la discoteca Tito’s, mujeres prostituidas y agentes de la Policía Local. Este diario ha podido acceder a algunas de dichas declaraciones que señalan al magnate Cursach como el pagador de esas actividades.
Por ejemplo, una mujer prostituida reconoció a Gijón en una fiesta sexual en una finca de Cursach y a media docena de agentes de la Policía Local como receptores de servicios sexuales que ellos no abonaban, sino el empresario y su entorno. Llama la atención que los testigos reconocieron a los mismos policías de entre numerosas fotografías mostradas, tal y como apuntan fuentes jurídicas.
El fiscal Carrau retiró los cargos
La encargada del prostíbulo de la calle Lluís Martí de Palma declaró varias veces durante la instrucción de la causa Cursach, manteniéndose firme en sus manifestaciones y en el contenido de su cuaderno. Incluso se sometió a un careo con Rodríguez, Gijón y con el chófer de este último, ya que, según ella, acudía al burdel en coche oficial. Los tres negaron los hechos. Gijón dijo que era una persona decente y que no había ido nunca a prostíbulos, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas.
Sin embargo, el giro que experimentó la instrucción de la causa Cursach, una vez que el juez Penalva y el fiscal Subirán fueron apartados y terminaron investigados por presuntas presiones a los testigos, explica por qué la agenda y su dueña acabaron en un limbo y sin ninguna visibilidad en el juicio de la causa Cursach, del que todos los procesados, policías locales y directivos del grupo Cursach, incluido el magnate, fueron absueltos.
El fiscal Juan Carrau renunció, en un inexplicable giro de guion, a la testigo protegida número 31 y a cerca de sesenta testigos más que podrían haber confirmado no sólo las fiestas sexuales con las que Cursach presuntamente obsequiaba a policías locales y políticos, sino también cómo esos policías presuntamente amedrentaban con inspecciones y extorsiones a empresarios que eran competencia de Cursach.
Respeto a Gijón y a Rodríguez, que está condenado en firme a tres años y medio por amaño de contratos públicos a favor de la empresa de publicidad Over Marketing, sus imputaciones cayeron en saco roto. No estaban acusados en la causa Cursach, pero sí en una de sus derivadas, el caso ORA, por amaño de la adjudicación de las máquinas de control de aparcamiento en Palma. La agenda iba a incorporarse a esta otra causa, pero sorpresivamente el fiscal Tomás Herranz retiró los cargos, ante la perplejidad del juez instructor, que llegó a plasmar esa extrañeza en el auto de archivo.
Hay que recordar que Bartolomé Cursach constituye el paradigmático caso de un acusado absuelto pese a que jamás abrió la boca ni durante la instrucción de la causa ni durante el juicio. Se negó a declarar en todas las ocasiones.
La dueña de la agenda llegó a desaparecer de Mallorca. Pero en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenó localizarla para que declarara en la causa que se había abierto contra Penalva y Subirán, que serán juzgados en breve.
Nueva oportunidad para la agenda
La testigo entonces cambió de versión, tras haber defendido durante años la autenticidad de la agenda, y declaró al juez instructor que la había confeccionado ella misma, y no la antigua madame, bajo el dictado del fiscal Subirán. El juez abrió procedimiento por falso testimonio contra ella y en estos momentos está siendo investigada, pendiente de juicio. No hay que olvidar ni la paliza que recibió esta mujer en 2017 ni las posibles presiones que soportaría hasta llegar a 2019 para que lograr que se retractara, como le ocurrió a otros testigos.
Pero la agenda tiene una nueva oportunidad. Al estar aportada a la causa del TSJ balear contra Subirán y Penalva podría servir ahora para evitar la impunidad de unos cargos públicos que pudieron aceptar servicios sexuales como regalos.