La presidenta de la comisión parlamentaria, Viviana Veloz, encargada de la investigación del presunto entramado de corrupción del sector eléctrico, piensa que las intimidaciones tendrían como objetivo impedir el avance del caso.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, habla con la prensa después de emitir su voto durante las elecciones locales en Guayaquil, Ecuador, a 5 de febrero de 2023. — Marcos Pin / AFP
La presidenta de la comisión parlamentaria, Viviana Veloz, encargada de la investigación del caso denominado El Gran Padrino en Ecuador –presunto entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico– denunció haber recibido amenazas de muerte. La presidenta piensa que las intimidaciones tendrían como objetivo impedir el avance del caso, en las que estaría implicado el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, según una investigación periodística.
Además, dichas amenazas buscarían evitar también que se indague en un informe policial archivado sobre supuestas vinculaciones entre el narcotráfico y la mafia albanesa, en el que se menciona la participación de un empresario cercano al Gobierno ecuatoriano.
«Con el logo de la mafia albanesa»
En una sesión telemática para avanzar en las investigaciones de El Gran Padrino, Veloz presentó una denuncia ante la Fiscalía por amenaza de muerte por un mensaje «con el logo de la mafia albanesa«, donde se reconoce la bandera del país balcánico. La presidenta de la investigación indicó que la nota la dejaron en el coche de su asesor en las inmediaciones de la Universidad Central en Quito.
Viviana Veloz recibió amenazas contra su familia a través de Instagram con el objetivo de dejar la investigación
Además, Veloz recibió amenazas contra sus padres y su familia a través de Instagram con el objetivo de dejar la investigación. «Responsabilizo públicamente al Gobierno de lo que me pueda pasar», advirtió la parlamentaria y se preguntó: «Si el poder político no se ha unido con la mafia, ¿entonces por qué empiezan a amenazarnos de muerte?».
Veloz agregó que en la denuncia presentada ante la Fiscalía también consta el nombre de un legislador de la comisión que el viernes pasado le dijo: «Dejen de meterse con la mafia, que os van a enviar un mensaje». El teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo, testigo clave que debe comparecer ante la comisión parlamentaria, también denunció haber recibido amenazas y pidió protección.
A la sesión telemática celebrada este lunes no acudieron José Luis Erazo ni el general Geovanni Ponce, coordinador administrativo financiero de la Policía Nacional. También fue convocado el presidente, Guillermo Lasso, pero no asistió.
La Asamblea Nacional aprobó este martes una prórroga de diez días para que entregue su informe la comisión que investiga el caso. Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza –cercana al expresidente Rafael Correa–, informó que en la investigación del caso se realizaron 19 sesiones y se recibieron 40.000 hojas con información.
‘El Gran Padrino’
El medio digital La Posta reveló este mes de enero un presunto entramado de malversación y corrupción de fondos públicos y tráfico de influencias en empresas públicas del sector eléctrico. En el informe mencionan como el supuesto «padrino» de esa estructura al empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, quien rechaza las acusaciones.
Además de Carrera, los otros dos implicados hasta el momento son Hernán Luque Lecaro y Rubén Cherres Faggioni. Entre julio del 2021 y noviembre del 2022, Luque fue delegado de la presidencia en el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), según el diario El Comercio. Sobre Cherres se sabe que no ocupó cargos públicos aunque, según documentos facilitados por el asambleísta Ricardo Vanegas, sería accionista en al menos nueve empresas. Entre sus socios aparece el empresario albanés Dritan Gjika.
Los delitos que se investigan son concusión, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada
El proceso empezó después de que el medio La Posta publicara un audio el 9 de enero. En él se habla de pagos relacionados con nombramientos y contratos en empresas estatales. Entre otros se menciona la presunta entrega de un pago de 30.000 dólares para Carrera. Los delitos que se investigan son concusión –cuando el funcionario exige para la Administración y luego convierte lo pedido para sí mismo–, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada. La Asamblea Nacional va más allá y apunta a responsabilidades políticas.
Evalúan reabrir un informe antidrogas
El informe de la policía antidrogas preocupa al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso
La Fiscalía evalúa reabrir un informe de la policía antidrogas en el que aparece salpicado Cherres, hombre cercano al Gobierno, algo que preocupa a Lasso. El informe, elaborado entre mayo y julio de 2021, realiza un seguimiento a varias personas que supuestamente se reunieron en el local de una empresa que la Policía sospechaba por el uso del narcotráfico para enviar droga al exterior.
La fiscal general advirtió que las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas durante la realización de ese informe, en las que se lo escucha a Cherres presumir de su influencia por sus contactos en el Gobierno, están bajo «reserva nacional«.
Entre los nombres mencionados en el audio filtrado está el del ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, quien negó haber llegado al Gobierno a través de Cherres, aunque admitió conocerlo e incluso haberle entregado su currículum muchos meses antes de ser nombrado ministro.
La difusión del informe causó un gran malestar en el Ejecutivo, que en un comunicado arremetió contra el portal La Posta, también encargado de destapar el entramado bajo el título El Gran Informe.
El Gobierno de Lasso lo calificó como «un informe reservado» que estaba «archivado desde hace más de un año a petición de la Fiscalía y por orden judicial», porque «no había méritos para abrir un proceso». En un mensaje al país, Lasso incluso dijo que el informe periodístico está en el plano de una «historieta falsa, falaz e insultante«.
La revelación de este documento llegó en el momento más complicado de los 20 meses de mandato presidencial de Lasso, tras el referéndum promovido por su Gobierno para aplicar reformas en la Constitución y ver al movimiento del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, renovando sus fuerzas en las elecciones locales del pasado 5 de febrero.