El juicio contra perpetradores de ‘falsos positivos’ en Colombia es admirable, pero el Gobierno de Duque no va a cesar esas prácticas ilegales, opina un experto.
La Fiscalía colombiana anunció el sábado que el excomandante del Ejército del país, el general en retiro Mario Montoya será imputado por su responsabilidad en las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate dentro de la práctica conocida como los ‘falsos positivos’, un caso que involucra a 1500 militares.
Durante una entrevista concedida este domingo a la cadena HispanTV, el profesor investigador titular en la UNERG, Ángel Rafael Tortolero Leal, ha alabado el hecho de que se proceda a enjuiciar a los autores de este acto “criminal”, pero también ha puesto de relieve que el Gobierno de Colombia, presidido por el presidente ultraderechista Iván Duque, no cesará tales operaciones contra su pueblo.
“Nos contenta la noticia, por un lado, porque aspiramos a que se haga justicia, pero estamos claros que estamos frente de un Gobierno que no va a ceder a sus posiciones y es el Gobierno más impopular que ha tenido Colombia”, ha recalcado el experto.
De acuerdo con el analista, no hay que olvidar que existen unos autores intelectuales y “quién dio la orden expresa de que se hicieran este tipo de desmanes”.
Según el entrevistado, la oligarquía que gobierna Colombia le está “llegando cerca al brazo de la justicia” por ese motivo, seguramente “lo muevan todo para no cambiar nada” y terminen sacrificando en este ajedrez perverso a los autores materiales, que recibieron órdenes y “que nos les exime de responsabilidades porque hubieran podido haberse opuesto”.
Los ‘falsos positivos’ fueron perpetrados mayoritariamente entre 2002 y 2010, durante los dos periodos del expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor a la negociación de paz con la guerrilla de las FARC. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6400 víctimas de estos crímenes.
La investigación está a cargo de la JEP, instancia creada tras los acuerdos con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que indaga los crímenes tanto de los exguerrilleros como los agentes del estado. Sus magistrados escucharon este viernes y sábado, los testimonios de las víctimas de las atrocidades de los militares.