Mohammad al Otaibi tuvo una mala idea: fundar una asociación defensora de los derechos humanos en Arabia Saudí, una de las últimas monarquías absolutistas del planeta. Su papel de miembro fundador de la Unión por los Derechos Humanos le ha costado una condena de 17 años de cárcel. Su tocayo Mohamad al Bajadi, creador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), aún no sabe cuánto tiempo tendrá que estar preso: está recluido sin cargos ni juicio desde mayo de 2018.

Ambos casos figuran en el último informe elaborado por Amnistía Internacional (AI) sobre la represión salvaje que el régimen de Salmán bin Abdulaziz mantiene contra sus compatriotas. El documento se centra en lo ocurrido en ese reino desde diciembre de 2020, cuando Arabia Saudí abandonó la presidencia de la cumbre del G20. Cuando la comunidad internacional dejó de mirar formalmente hacia Riad, el Gobierno dijo adiós a su cara amable y recuperó la senda de la opresión hacia activistas de derechos humanos, periodistas o tuiteros.

Tras concluir la presidencia saudí del G20, los tribunales locales «dictaron duras penas de prisión por simples tuits e impusieron restrictivas condiciones –como prohibiciones de viajar o el cierre de cuentas de las redes sociales– a personas que ya habían quedado en libertad tras haber cumplido condena», subraya el documento.

Carlos de las Heras, portavoz de AI España para Arabia Saudí, señala a Público que «el año pasado las autoridades saudíes llevaron a cabo una estupenda campaña de relaciones públicas de cara al exterior: hicieron algunos anuncios positivos, como la reducción del número de condenas a penas de muerte y ejecuciones». Sin embargo, «esos signos de apertura o reforma se han convertido en un espejismo».

La organización de derechos humanos ha conseguido documentar 64 casos de personas «judicialmente perseguidas por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión». De ellas, 39 continuaban en prisión, «mientras que las restantes habían quedado recientemente en libertad condicional tras haber cumplido condena o estaban en espera de juicio por cargos relaciones con su libertad de expresión y su labor de derechos humanos».

En la mayoría de los casos «el Tribunal Penal Especializado había dictado condena en juicios manifiestamente injustos, empañados por meses de reclusión en régimen de incomunicación y de aislamiento, sin asistencia letrada durante los periodos de detención, los interrogatorios y el juicio, a lo que se sumaba la admisión indiscutida, en los tribunales, de ‘confesiones’ extraídas mediante tortura que, en muchas ocasiones, desembocaron en condenas a muerte».

De hecho, las condenas a la pena capital, que habían experimentado un descenso del 85% durante la presidencia saudí del G20, han crecido notoriamente desde entonces. En diciembre, tras el fin de la cumbre celebrada el mes anterior, hubo nueve ejecuciones de presos. En lo que va de 2021 suman ya 40.

El documento cita el caso de Mustafa al Darwish, un joven saudí de la minoría chií ejecutado en junio pasado, tras tres años con una condena a muerte sobre su espalda. Entre los cargos en su contra figuraban acusaciones tales como una supuesta «participación en rebelión armada contra los gobernantes, bloquear carreteras y sembrar la discordia«, «formar una red terrorista armada y disparar contra agentes de seguridad» o «buscar la ruptura de la cohesión nacional mediante su participación en más de 10 disturbios».

AI recoge las declaraciones de Mustafa al Darwish durante una de las vistas judiciales ante el Tribunal Penal Especializado. «Mi confesión no es válida, porque me amenazaron, me pegaron y me torturaron para extraer una confesión. También me torturaron en zonas sensibles del cuerpo hasta que perdí el conocimiento. Confesé por temor a perder la vida», denunció.

Juicios injustos

En ese contexto, AI también ha documentado «decenas de casos de personas que siguen condenadas a muerte en la actualidad, y que fueron juzgadas y condenadas por el Tribunal Penal Especializado por diversos cargos relacionados con su oposición al gobierno, su participación en protestas contra éste y su presunta implicación en ataques o asesinatos». «Todas ellas fueron condenadas en juicios manifiestamente injustos, empañados por denuncias de tortura durante la detención, que no fueron investigadas, en ningún caso, por la fiscalía», remarca.

En otro apartado, el informe recalca que «todas las personas recientemente juzgadas o condenadas por el Tribunal Penal Especializado han sido sometidas a régimen de incomunicación y, durante meses, han permanecido recluidas en régimen de aislamiento, sin poder mantener ningún contacto regular con el mundo exterior».

De hecho, en casi ninguno de los casos «se permitió consultar a sus representantes legales desde el momento de su detención hasta el principio del juicio, y algunas de ellas fueron sometidas a tortura y a otros malos tratos durante sus primeros meses de detención». «Otras fueron condenadas a duras penas de prisión, o a muerte, en juicios ostensiblemente injustos», subraya AI.

Abdulrahman al Sadhan, empleado de la Media Luna Roja que tuvo la osadía de criticar al régimen desde su cuenta de Twitter, fue detenido sin orden judicial y sometido a desaparición forzada, desde el momento de su detención en marzo de 2018 hasta que le permitieron llamar por primera vez a su familia, el 12 de febrero de 2020.

Sus seres queridos explicaron a AI que «mientras permaneció recluido en régimen de incomunicación, había sido sometido a descargas eléctricas, palizas, flagelación, suspensión en posturas en tensión, privación del sueño, amenazas de muerte, insultos, humillación verbal y régimen de aislamiento». En abril pasado fue condenado a 20 años de cárcel.

También en abril llegó la condena contra el defensor de los derechos humanos Khaled al Omeir, quien recibió una pena de siete años de prisión. «No tuvo acceso a asistencia letrada ni durante el juicio ni durante el periodo de detención previa a éste. Pasó largo tiempo en régimen de aislamiento, y afirma que en prisión preventiva, antes de los interrogatorios, lo mantenían con los ojos vendados durante horas», relata AI.

Oportunidades de negocios

Estas graves violaciones a los derechos humanos son omitidas en los distintos informes elaborados por la Oficina Económica y Comercial del Gobierno de España en Riad. Tanto la «guía de negocios» actualizada en junio pasado y que contiene «información relativa a la situación actual del país, tanto política como económica», como la «Guía País» sobre Arabia Saudí, publicada un mes antes, excluyen cualquier alusión a los casos de persecución contra opositores políticos, tuiteros o defensores de derechos humanos.

Según ha podido constatar Público, el documento titulado «Guía País» no hace ni una sola mención a los derechos humanos, algo que tampoco ocurre en la guía de negocios. En ambos documentos sí puede encontrarse una alusión directa al sector de Defensa como uno de los ámbitos «prioritarios» donde las empresas españolas pueden buscar oportunidades comerciales.

Casi una treintena de licencias

En efecto, España es uno de los principales suministradores de armamento a Arabia Saudí. En 2020 –último periodo del que existe información disponible– la junta interministerial que se encarga de autorizar o rechazar las solicitudes de exportación de armamento español dio su visto bueno a 26 licencias de material de defensa por valor de 215,3 millones de euros.

Según consta en el contrainforme elaborado por la campaña Armas Bajo Control –integrada por AI, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– hubo autorizaciones por un valor de 1 millón de euros en armas pequeñas, 4 millones en armas ligeras, 122 millones en munición o 75 millones en aeronaves, además 6,2 millones en equipos de formación de imagen o contramedida, que incluyen cámaras y equipos de proceso de imagen, «susceptibles de ser usados en los bombardeos de Yemen».

Desde las oficinas de AI España, De las Heras sostiene que «el Gobierno no puede ignorar la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí». «España no puede ni debe vender armas a países que puedan utilizarlas para llevar a cabo violaciones a los derechos humanos», agregó.

La Secretaría de Estado de Comercio ha defendido en reiteradas ocasiones que las armas vendidas por España no son utilizadas para la vulneración de derechos humanos, al tiempo que reivindica las garantías que ofrecen los protocolos vigentes a día de hoy. No obstante, las actas de la junta interministerial que analiza dichas operaciones son secretas.