La amenaza de las eléctricas del pasado martes con el cierre de sus nucleares ha desatado una campaña viral a favor de la nacionalización. El movimiento del oligopolio llegaba horas después de que el Consejo de Ministros aprobase una serie de medidas para abaratar el precio de la luz a la ciudadanía. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la suspensión temporal hasta final de año del impuesto a la venta de producción de energía eléctrica, la reducción del IVA —del 21% al 10%—, la rebaja del Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo —del 5% al 0,5%—, la limitación de los beneficios caídos del cielo y la fijación de un precio tope al precio del kilovatio hora.

Parte importante de dichas medidas proviene de la propuesta de Unidas Podemos, rechazada por los socialistas aludiendo a que eran iniciativas “inviables” para la economía. Sin embargo, el PSOE terminaba cediendo y el pasado lunes Pedro Sánchez anunciaba la llegada del paquete de medidas para abaratar la luz con buena parte de las ideas de la formación morada. Ante el cambio de rumbo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, celebraba la aprobación de las medidas: “Son una gran noticia para toda la gente de nuestro país que durante mucho tiempo ha estado pagando una factura vergonzosa. También se demuestra una vez más que, cuando se quiere, se puede”.

Horas más tarde llegaba el “chantaje” de las eléctricas, que amenazaban con el cierre de las nucleares ante el movimiento del Gobierno de coalición para abaratar la factura de la luz. En consecuencia, la amenaza del oligopolio eléctrico desataba una campaña viral a favor de la nacionalización. “El chantaje no es solo al Gobierno, es un chantaje al país, a sus ciudadanos. Para eso está la Constitución, para defender el interés general. Aplíquese el artículo 128”, apuntaba un usuario haciendo referencia al artículo de la norma suprema en el que, en su punto segundo, “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica” y se expresa que “mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

 

 

 

 

 

Ante la amenaza de las eléctricas, las respuestas también llegaban desde la política. Desde Compromís, Joan Baldoví no dudaba en tildar lo ocurrido de “chantaje”. Una opinión que era compartida desde EH Bildu por Oskar Matute: “La siguiente gran noticia debería de ser que este Gobierno ponga fin a la estafa del oligopolio eléctrico”. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), señalaba la falacia de la amenaza: “Las empresas propietarias de centrales nucleares deberán pedir el cese de actividad de las plantas al Gobierno que decidirá en última instancia previo informe del operador del sistema, Red Eléctrica. Ley del Sector Eléctrico, Artículo 53.5. Las Eléctricas mienten. De nada”. Por su parte, los partidos de la derecha y la ultraderecha se han mantenido en silencio.

Desde el ala morada del Gobierno, Isabel Serra respondía con gran contundencia a las eléctricas: “Esta guerra que han declarado las eléctricas contra el gobierno es un ataque al conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Y un chantaje que no debemos permitir. El interés general y el bien común siempre por encima”. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, pedía a las eléctricas que no reaccionen “en caliente” y afirmaba que no es posible que las eléctricas puedan cerrar las centrales nucleares por su propio deseo. Una amenaza del oligopolio eléctrico que ha evidenciado más que nunca la necesidad social de la nacionalización y de fomentar la participación pública en el sector o la creación de una empresa pública de energía —algo ya consolidado en una larga lista de países de la Unión Europea—.