En concreto, en octubre de 2020 se votó en el Pleno una iniciativa pactada por las tres formaciones de la oposición que instaba al Ejecutivo a “diseñar mecanismos legislativos” para acelerar los desalojos en casos “de ocupación ilegítima o usurpación”. La mayoría de la Cámara tumbó la proposición con el voto en contra también del PSOE. Un año después, en septiembre de 2021, los socialistas también votaron en contra de la “ley antiokupas” promovida por el entonces líder del PP Pablo Casado y que, entre otras cosas, planteaba “desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas”, justo lo que ahora intenta sacar adelante el PSOE. “Es asumir la agenda de la derecha”, criticó esta semana Mayoral, un dirigente que antes de entrar en política se bregó en las luchas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

La ley de vivienda, bloqueada

Los socialistas defienden que se trata de un problema que han trasladado numerosos alcaldes en los últimos meses y sostienen que las soluciones para las personas vulnerables llegarán de la mano de la ley de vivienda “cuando se apruebe”. Varios diputados de grupos parlamentarios socios del Ejecutivo consideran, sin embargo, que las enmiendas registradas por los socialistas van justo en dirección contraria al espíritu de esa ley, que entre otras cosas prioriza las soluciones habitacionales para las personas vulnerables, independientemente del modo en que esas personas estén residiendo en un inmueble que no les corresponda (ya sea por impago, ya sea por entrada ilegal a una vivienda vacía). Son muchos los que coinciden en su pesimismo respecto al futuro de la ley.

Algunos grupos esperan que el Gobierno mueva ficha en las próximas semanas desde el Consejo de Ministros impulsando medidas concretas para los problemas de acceso a la vivienda vía real decreto en un momento en que las hipotecas y los alquileres vuelven a estar disparados. Algo que a juicio de un portavoz parlamentario de la comisión de vivienda sería “un parche” que enterraría definitivamente la ley. “Igual es que quieren dejarla morir”, opina. Lo cierto es que el anteproyecto pactado en el seno de la coalición tras casi media legislatura de negociaciones sigue atascado en el Congreso y sin reunir los apoyos necesarios para salir adelante. Unidas Podemos y grupos como ERC, Bildu o Compromís reclaman al Ejecutivo modificar ese texto y hacerlo aún más ambicioso en aspectos como la regulación de los precios del alquiler. En el texto pactado se diferencia entre grandes y pequeños tenedores a la hora de habilitar la limitación de esos precios, una distinción que ahora la mayoría progresista del Congreso aspira a eliminar. El PSOE, de momento, se opone rotundamente a ello y se remite “a lo acordado” en su día.

Esos grupos proponen además dos iniciativas que tampoco se encuentran en la actual redacción de la ley de vivienda: que la totalidad de viviendas de la SAREB sean incluidas como parque público de alquiler y que se prohíban todos los desahucios de familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa donde puedan alojarse, un planteamiento que choca de frente con la última iniciativa del PSOE: “En los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el Juez o Tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”, reza ese texto que, respecto a la posibilidad de dejar en la calle a personas vulnerables, pone en manos del juez y de los servicios sociales la decisión final: “Si se pusiera de manifiesto la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, el Juez o Tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores así como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias”.

En Unidas Podemos tampoco son optimistas con el futuro de la ley de vivienda pero tienen claro que apurarán hasta el final de las negociaciones presupuestarias para intentar arrancar al PSOE un compromiso de desbloqueo. Y en una de las normas que consideran de la la legislatura no hay diferencias en el espacio confederal. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, lo dejó claro esta semana durante una entrevista en TVE. “Estoy con Rafa Mayoral. La ocupación de la que habla Patxi López no es un problema, el problema es no poder pagar la hipoteca”, aseguró. Lo que tienen claro los morados es que no pueden permitirse que el balance de su paso por el Ejecutivo de coalición a final de legislatura sea de fracaso absoluto en una materia tan sensible para su electorado como es la política de vivienda. Y por eso aseguran que exprimirán las negociaciones sobre los Presupuestos para forzar al PSOE a cambiar de opinión. “Cosas más difíciles hemos visto, mira el impuesto a los ricos”, recuerdan en Unidas Podemos.

Tras el pacto sobre el paquete de medidas fiscales sellado esta semana, los equipos de PSOE y Unidas Podemos continúan con las negociaciones contrarreloj para cerrar un acuerdo presupuestario antes de este martes, fecha en la que el Ejecutivo espera poder aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto de las cuentas del año que viene. Aunque todas las partes coinciden en que el pacto fiscal ha allanado el camino del acuerdo final, algunos de los flecos que quedan sobre la mesa prometen alargar las conversaciones, otra vez, hasta el último minuto. Incluso hay quien espera que, como ya pasó en tantas otras ocasiones, el acuerdo pueda llegar sobre la bocina gracias a una última reunión in extremis del presidente del Gobierno con la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos.