La crisis en Perú se agrava después de que la mayoría parlamentaria haya rechazado adelantar las elecciones para octubre de este año. Esta decisión arroja gasolina al fuego de las protestas sociales iniciadas en diciembre exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones este año.

En paralelo, escala la militarización del país, el autoritarismo del Gobierno y la represión contra las movilizaciones populares. Sube el tono de un discurso cada vez más fascista del Gobierno, la derecha parlamentaria y los medios de comunicación hegemónicos que criminaliza las protestas y a la izquierda, aplaude la represión que dispara contra los manifestantes, justifica la militarización del país y utiliza –de la mano de la Fiscalía– acusaciones sin fundamento por terrorismo.

Las protestas ya han dejado cerca de 60 muertos, entre ellos 46 asesinados por disparos de la Policía y el Ejército, una represión que apunta principalmente contra las poblaciones andinas. Pero las protestas resisten, no dan tregua.

Después de la decisión del desacreditado Congreso peruano –9% de aprobación popular– de bloquear la celebración de elecciones este año, hubo este sábado una masiva movilización por las calles de Lima. Continúan las protestas diarias en buena parte del país y los bloqueos de vías. La represión sigue siendo la única respuesta del Gobierno.

Desde hace diez días, las movilizaciones populares antigubernamentales son diarias en la capital. Muchos ciudadanos que han llegado a Lima desde distintas regiones son parte central de las protestas siempre reprimidas con bombas lacrimógenas lanzadas indiscriminadamente, disparos de perdigones, golpes y detenciones arbitrarias. En las poblaciones andinas la represión ha sido con disparos de fusil.

El Congreso ha rechazado el adelanto de elecciones para octubre de este año con 65 votos en contra y 45 a favor. Ha habido dos abstenciones. Se requerían 87 votos, dos tercios de la cámara, para aprobarla en primera instancia. Después tendría que ser ratificada en una segunda votación.

Se ha pedido la rectificación de la votación que rechazó las elecciones este año, por lo que se volverá a votar este lunes. Parece muy poco probable un cambio que permita aprobarla. En diciembre, bajo presión popular, 93 legisladores aprobaron adelantar las elecciones de 2026 para abril de 2024, decisión que está pendiente de ser ratificada en segunda votación. Las masivas movilizaciones exigiendo elecciones este año llevaron a debatir un segundo adelanto de elecciones.

Se opusieron al adelanto de las elecciones a 2023 la ultraderecha –salvo la fujimorista Fuerza Popular (FP)– y la mayor parte de los legisladores de derecha y centroderecha. Quieren elecciones en 2024 porque buscan tiempo para introducir reformas que los favorezcan y copar los organismos electorales. En medio de las fuertes protestas sociales, el fujimorismo cambió de postura y respaldó el adelanto. Se opusieron a elecciones este año las bancadas de Perú Libre (PL) que llevó a Pedro Castillo a la presidencia y sus escisiones como el Bloque Magisterial (BM). Estos grupos de izquierda condicionaron su apoyo al nuevo adelanto de elecciones, a la aprobación de un referéndum para una Asamblea Constituyente, lo que sabían no tenía opción de prosperar.

No es la primera vez que PL coincide con la ultraderecha. En declaraciones a Página 12 en agosto pasado, su secretario general, Vladimir Cerrón, declaró que prefería aliarse con la ultraderecha antes que con la izquierda progresista, a la que considera su «principal enemigo». Esta votación ha sido una nueva expresión de sus coincidencias con la ultraderecha. La izquierda progresista de Cambio Democrático –Juntos por Perú (CD-JP)– respaldó que las elecciones sean este año.

«El Congreso ha perdido la oportunidad de levantar la tapa de la olla de presión para que un poco de la calentura acumulada salga. Esto va a incrementar la ira y la bronca de la gente», ha declarado a este diario el historiador, antropólogo y analista político Carlos Monge.

Sobre la coincidencia de la ultraderecha y un sector de la izquierda en el rechazo a elecciones este año, señaló: «Comparten una agenda conservadora antiderechos, contra el avance de las perspectivas de género, los derechos de las mujeres, la diversidad sexual. Quieren quedarse unos meses más para avanzar en esa agenda común y para seguir haciendo lobbies, representación de intereses de quienes financiaron campañas y para disfrutar unos meses más de un buen sueldo. Están mezquinamente negociando unos meses más en el Congreso a costa de los muertos en las calles».

«Al darles más tiempo para las elecciones, PL y BM le están dejando el camino libre a la derecha para la captura de los organismos electorales», Monge ha opinado que el fujimorismo cambió de postura y respaldó las elecciones este año para buscar posicionarse en la línea de lo que demanda la mayoría y por un cálculo electoral.

«FP es el partido de la derecha que tiene más base social, muchas de sus bases deben estar presionando para elecciones este año. En su decisión también puede haber un cálculo político subalterno, piensan que pueden ser la única opción viable de la derecha en una elección a corto plazo. Pero lo que el fujimorismo pueda ganar con su apoyo a elecciones este año está limitado, porque al mismo tiempo apoya al Gobierno y la represión«, ha explicado.

Eduardo Ballón, antropólogo e investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco) ha señalado que la mayoría del Congreso aceptó en primera votación adelantar las elecciones para 2024 «por temor y su relativa derrota ante la fuerza y la violencia de la movilización de la gente, pero quieren quedarse el mayor tiempo, hasta 2026 si eso fuera posible».

Prácticamente se ha caído el adelanto de las elecciones para 2023 y no están confirmadas para 2024. El adelanto de elecciones, coinciden ambos analistas, dependerá de la fuerza que mantengan las movilizaciones populares.

«Si en los próximos cuatro o cinco días no hay un curso que nos lleve al adelanto de elecciones al 2023 vislumbro un escenario con bastante más violencia y represión de la que hemos visto hasta ahora. Un bloqueo de las pocas posibilidades de diálogo que hay en este momento. Hay una polarización cada vez más visceral«, ha señalado Ballón.

En su opinión, el gobierno es insostenible. «Boluarte no tiene posibilidad de sostenerse hasta 2026, y veo difícil que se sostenga hasta 2024. Su única posibilidad de mantenerse es profundizando más su alianza con la ultraderecha y el aparato militar. Hay claramente un empoderamiento de las fuerzas armadas y policiales en el gobierno».

En esa misma línea, Monge ha advertido que el rumbo del gobierno «está llevando a la militarización total del país». «Este gobierno solo puede imponerse a balazos, incluso a cañonazos porque los tanques están tomando parte del territorio. Boluarte solamente es sostenible en la forma de una dictadura cívico-militar abierta«.