El plan del Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis contempla movilizar 16.000 millones de euros. Se prevé la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares.
El denominado Plan de Choque de Respuesta a la Guerra impulsado por el Gobierno ha llegado este martes al Consejo de Ministros. Este «escudo social» se compone de un conjunto de medidas que servirán para proteger a los sectores más afectados, así como repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada.
El plan del Ejecutivo para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y las empresas contempla movilizar 16.000 millones de euros, de los cuales 6.000 millones de euros serán en concepto de ayudas directas y rebajas de impuestos, mientras que los restantes 10.000 millones se materializarán en créditos ICO.
El plan se compone de distintos ejes. En uno de ellos, enfocado en «medidas para ayudar a las familias, trabajadores, personas desplazadas y ayuda humanitaria», se prevé la «bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio para todos los ciudadanos» y la «protección del empleo, evitando el despido». En esa línea, las empresas podrán «acudir a medidas de flexibilidad interna, como los ERTES».
Las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%, mientras que la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% durante tres meses. Asimismo, se prevé la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares.
Las medidas sociales incluyen también un prórroga hasta el 30 de junio de la rebaja impositiva en la factura de la luz: del tipo del IVA al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.
Hay un paquete de ayudas de 362 millones de euros para la agricultura y la ganadería
El apoyo al tejido económico y empresarial se materializará con la nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para «cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles» o un paquete de ayudas de 362 millones de euros «para el sector de la agricultura y la ganadería», mientras que habrá otro de unos 68 millones, para el pesquero.
La industria gran consumidora de energía será objeto de una ayuda de 500 millones de euros para «compensar los peajes en un 80%, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector».
Apoyo al transporte
En materia de transportes se contempla una inyección de más de 1.000 millones de euros. Este sector se beneficiará de la rebaja mínima de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, mientras que habrá un «nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo», entre otras.
Del mismo modo, el Gobierno asume el compromiso de «aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo».
