El organismo valorará si PSOE, PP, Vox y Sumar cumplen con las obligaciones de transparencia que les impone la ley. La decisión se ha tomado después de las denuncias de ‘Público’ porque varias formaciones no publican los sueldos de sus dirigentes.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha anunciado este 31 de enero su plan de evaluación para 2024. En este documento detalla qué organizaciones y organismos va a valorar durante este año para comprobar si cumplen o no con la ley de transparencia. El plan incluye a los partidos políticos estatales con representación en el Congreso: PSOE, PP, Vox y Sumar.
Así, este año el Consejo valorará cuánto están cumpliendo con esta ley las principales formaciones políticas. La decisión de este organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, llega tras la polémica por el sobresueldo de Alberto Núñez Feijóo el año pasado.
El presidente del Partido Popular (PP) reconoció durante la precampaña electoral de las generales del 23 de julio que recibía un sobresueldo de su partido, un dinero que sumaba a su salario como senador. A pesar de admitirlo, el PP estuvo meses negándose a hacer pública la cuantía de ese extra. Feijóo llegó a desoír incluso la petición del presidente del Senado.
Debido a ese ocultamiento por parte del partido, Público interpuso una denuncia ante el Consejo de Transparencia. Este organismo comprobó que el PP no publicaba en su página web —sigue sin hacerlo a día de hoy— los sueldos de sus dirigentes y se dirigió a la formación de Feijóo. Génova no contestó a la comunicación que le había hecho llegar el Consejo.
El CTBG aseguró a Público en ese momento que no podía hacer más debido a su falta de competencias en materia de publicidad activa. La publicidad activa es la parte de la transparencia que comprende la información que organizaciones y organismos deben hacer pública por sí mismos debido a las obligaciones de la ley.
Tras esos problemas para llegar más allá el Consejo ha decidido este año incluir a los partidos políticos en su plan de evaluación. Así, comprobará si publican la distinta información a la que les obliga la ley, si la localizan y estructuran de forma correcta y si la calidad de la información es óptima.
El Consejo hace estas evaluaciones año tras año, donde valora a organismos como la Administración General del Estado, instituciones constitucionales, entidades locales u organizaciones privadas que reciben grandes cantidades de dinero de subvenciones públicas. La competencia para realizar estas evaluaciones es una función que la propia ley otorga al Consejo.
No se les evalúa desde 2018
La ley de transparencia también determina las obligaciones sobre publicidad activa que tienen las distintas organizaciones. A los partidos políticas les hace publicar, entre otras cosas, las «retribuciones percibidas anualmente» por sus «altos cargos y máximos responsables». De hecho, comprobar si las organizaciones publican los salarios de sus máximos responsables es uno de los puntos que el Consejo incluye en sus valoraciones.
Tras valorar distintos puntos de este tipo, el Consejo de Transparencia otorga una valoración numérica a cada organización sobre su cumplimiento respecto a lo que les exige la ley y les dirige unas recomendaciones —que también hace públicas— para que puedan mejorar.