Distintos documentos señalan que el Ejecutivo del PSOE autorizó exportaciones de material militar a la dictadura chilena al menos hasta 1986. Varios diputados intentaron conocer el contenido de los acuerdos comerciales, pero no lo consiguieron.
Los negocios pudieron más que el horror. Las denuncias que llegaban desde Santiago de Chile en torno a los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet no fueron suficientes para frenar la exportación de armas españolas hacia ese país entre 1983 y 1986. Los acuerdos comerciales registrados en ese periodo contaron en todos los casos con el visto bueno del Gobierno de Felipe González.
Coincidiendo con el 50 aniversario del golpe de Estado contra el Gobierno democrático de Salvador Allende, Público ha recopilado distintos documentos que describen las exportaciones de material militar a Chile autorizadas por España en los años 80.
La dictadura de Pinochet figura en un listado oficial de compradores de «armas de guerra, sus partes, piezas, proyectiles y munición» de fabricación española en el periodo comprendido entre 1983 y 1986, con Felipe González en La Moncloa. Así consta en una respuesta parlamentaria enviada al Congreso por el Ejecutivo del PSOE en abril de 1987.
Según se desprende de otro documento remitido a las Cortes, el Gobierno español autorizó exportaciones de armamento a la dictadura chilena hasta agosto de 1986. En esa fecha –más de tres años y medio después de acceder a La Moncloa– González ordenó que se paralizaran nuevas autorizaciones, aunque se permitió que siguieran adelante las aprobadas antes de esa fecha.
De acuerdo a datos oficiales de entonces, las operaciones aprobadas entre enero de 1983 y agosto de 1986 superaron los 15.000 millones de pesetas. Un análisis efectuado por la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona permitió concluir posteriormente que entre los materiales vendidos en ese periodo figuraban ametralladoras, explosivos, patrulleras para la Armada y aviones militares.
Esas transacciones fueron autorizadas pese a las reiteradas denuncias que llegaban desde Chile sobre las graves violaciones de derechos humanos a cargo de la dictadura de Pinochet. Para entonces, la temible DINA –Policía secreta del régimen– había secuestrado y hecho desaparecer a más de 1.100 dirigentes de partidos políticos de izquierda.
«Restar importancia»
El escándalo llegó incluso al Departamento de Estado del Gobierno de EEUU. En un informe enviado a Washington en mayo de 1986, la representación diplomática estadounidense en Madrid se hacía eco de las informaciones dadas a conocer por algunos medios españoles sobre la venta de armas a Pinochet.
«El PSOE se oponía a este tipo de transacciones antes de llegar al poder»
El documento del Departamento de Estado apuntaba que «el Gobierno socialista nunca ha ocultado las ventas, aunque ha intentado restarles importancia«. «Sin embargo –remarcaba–, el PSOE se oponía a este tipo de transacciones antes de llegar al poder». «No parece que vaya a haber un cambio de política en las ventas a Chile», advertían los diplomáticos de EEUU instalados en Madrid.
El informe remitido a Washington indicaba que el Gobierno español de entonces argumentaba que «sólo vende a Chile armamento pesado inadecuado para la represión policial de manifestantes, y que el volumen de venta de armas ha disminuido». Del mismo modo, subrayaba que «ninguna figura pública ha expresado arrepentimiento por las transacciones o ha sugerido que frenen».
«Confidencialidad»
La falta de «arrepentimiento» a la que aludía el Departamento de Estado se combinó con una clara apuesta por el hermetismo: según consta en distintas respuestas parlamentarias, el Ejecutivo que encabezaba Felipe González rechazó distintas peticiones de información formuladas por diputados de distintas formaciones, alegando que se trataba de asuntos protegidos por la «confidencialidad».
De hecho, el Gobierno del PSOE recurrió en 1987 a la aprobación de un decreto que otorgaba carácter secreto a las actas de la Junta Interministerial que analiza las solicitudes de exportación de armamento.
Aquel decreto sigue hoy vigente y constituye la principal traba para conocer los motivos alegados por los gobiernos de turno para facilitar el envío de armas a países señalados por la vulneración de derechos humanos, entre los que se encuentra Arabia Saudí.