La investigación policial sobre la supuesta organización criminal se cimentó con los testimonios de los padres, que fueron incluidos en el oficio sin ningún tipo de comprobación. El informe criminalizó a 17 madres, tres médicos y dos abogados.
A finales de mayo de 2019, A.C.R. viajó de Granada a Madrid para denunciar ante la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla que su exmujer, E.J.G., actuaba según el mismo modus operandi que otras que por entonces salían en medios de comunicación. La detención de María Sevilla (presidenta de la asociación Infancia Libre) a principios de abril de ese año y la de otras dos mujeres a las que se ligó a la organización casi un mes más tarde coparon de una forma sorprendente los espacios informativos y las tertulias televisivas.
A.C.R. había sabido por las noticias (o así lo afirmó) que esa unidad policial estaba elaborando un informe con distintos casos y que se entrevistaba con padres que afirmaban que sus mujeres también encajaban en la supuesta trama. En su denuncia ante los agentes, explicó que su expareja lo había denunciado por malos tratos psicológicos hacia su hija y que la menor había sido atendida por la pediatra de Granada N.P.U., a pesar de que no era su médica de referencia.
Esta pediatra había sido señalada por la Policía judicial como una de las colaboradoras necesarias de la trama junto a la psiquiatra A.M.R. de Granada y al psiquiatra A.E.N. de Madrid. Según la Policía, se dedicaban a realizar informes «falsos» y «a medida» para estas madres.
A la salida de A.C.R. del juzgado, había apostados en la puerta varios reporteros de televisión esperando poder recoger sus declaraciones. A cara descubierta afirmó que había ido con varios «padres afectados» a denunciar que no veían a sus hijos pese a no tener ningún tipo de condena (TVE a partir de minuto 36). A lo largo de los siguientes días, este padre apareció en diversos medios escritos y en varios programas de televisión. En algunos a cara descubierta, en otros con su imagen anonimizada.
En ellos contó que hacía más de tres años que no veía a su hija, que su expareja le había puesto ocho o nueve denuncias, de las que había salido absuelto, y que tras unos informes de la pediatra N.P.U. «hechos a la carta», la revinculación con su hija se había frenado. Tras su denuncia, el nombre de su expareja, E.J.G., fue incluido en la investigación de la Policía judicial. Ya era una supuesta criminal.
Sí veía a la niña, pero no consta en el informe
Lo que A.C.R. no contó a la Policía es que en el momento de realizar su denuncia, él, su expareja y su hija estaban inmersos en un proceso de mediación, ordenado por un auto judicial, cuyas sesiones se producían una vez a la semana. El auto está fechado el 28 de mayo de 2018, es decir, justo un año antes de que este padre se desplazara a Madrid. La mediación comenzó solo dos meses después de que la ordenara el juzgado y seguía en vigor cuando este hombre denunció a su expareja ante la Policía judicial.
El padre tampoco contó en su denuncia que durante un periodo de tiempo padre e hija se veían en un Punto de Encuentro Familiar (PEF) decretado por un juzgado y que estas visitas se habían suspendido en varias ocasiones por la negativa de la niña a ver al padre.
Llegaban allí madre e hija en la fecha y hora convenidas, pero la menor «llora en la desvinculación de la progenitora» y «permanece en las dependencias con sintomatología ansiosa», entraba en pánico y «verbaliza su negativa a ver al padre», tal como reflejan algunos informes que periódicamente el propio PEF remitía al juzgado y a los que ha tenido acceso este medio. Estas dificultades fueron las que impulsaron al juzgado a imponer una mediación.
La mediación comenzó cuando la niña tenía 12 años y duró cerca de dos. A los 14, la menor se plantó y dijo a las psicólogas que no quería ver más a su padre, dijera lo que dijera el juzgado, y que no volvería a las sesiones. En su informe final, las mediadoras recomiendan que la menor vea a su padre una vez al mes, en el momento en el que ella decida, y que las visitas no sean a solas, sino que esté acompañada por algún adulto.
Otro detalle que omitió A.C.R. y que no se recoge por la Policía es que en marzo de 2016, cuando su expareja lo denuncia por maltrato psicológico hacia la menor por dejarla encerrada en un coche en un descampado como castigo (el enésimo que sufría la menor, según testimonio de la madre), la familia vivía en La Zubia (un municipio situado a unos 10 kilómetros de Granada capital).
Fue el pediatra de esa localidad quien derivó a la menor a salud mental, donde fue tratada por ansiedad, por lo que la pediatra N.P.U. no estuvo involucrada en la denuncia hacia el padre ni en la retirada de visitas que le impuso un juzgado, ni emitió ningún informe hasta finales de 2016, cuando madre e hija ya se habían trasladado a vivir a Granada. Ninguno de los profesionales que examinaron en ese momento a la menor fueron incluidos en el informe de la Policía, firmado por el entonces jefe de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, Pedro Agudo.
Durante el tiempo en que N.P.U. fue su pediatra, elaboró algunos informes siguiendo el protocolo de atención al maltrato, notificando las sospechas sobre el padre ante el relato y los síntomas que presentaba la niña, así como su visión contraria como pediatra al informe de la perito del servicio psicosocial del juzgado, que había puesto el foco sobre una supuesta interferencia de la madre hacia la niña.
Esta perito, M.R.P., también acudió a declarar ante la Policía, tal como refleja el oficio policial. La madre la había denunciado ante el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía por aplicarle un falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).
Lo curioso del informe policial es que no vincula a esta madre como miembro de la asociación Infancia Libre, sino que la incluye en el oficio sólo por el hecho de que la pediatra N.P.U. fuera la médica de su hija. Esta facultativa atiende a una población de unos 1.000 menores en Granada.
Posibles abusos denunciados por el centro hospitalario
La mujer M.V.C. también fue incluida en el informe de la Policía. Un par de partes médicos de urgencias del Hospital Materno Infantil de Granada realizados en fechas distintas y firmados por diferentes profesionales alertaron al juzgado sobre posibles abusos sexuales de su hijo y se inició una investigación judicial. El primero de los partes está fechado en diciembre de 2017, cuando el niño tenía 19 meses; refleja arañazos en la zona del mentón y debajo de la mandíbula tras haber pasado la tarde con su padre. El segundo, con fecha de 5 de julio de 2018, describe una fisura anal.
Cuando este parte fue emitido, la pediatra habitual del niño estaba de vacaciones, por lo que la pediatra de urgencias derivó a la madre a otro centro sanitario que está a pocos metros del hospital y en el que trabajaba N.P.U. Se trata del único informe que esta pediatra realiza sobre este menor y lo hizo siguiendo el protocolo después de que el hospital abriera un procedimiento por posibles abusos sexuales.
Este hecho fue el que impulsó a J.J.M.J., el padre, a dirigirse a la Policía judicial a poner una denuncia afirmando que en su caso también había coincidencias en cuanto al supuesto modus operandi. Una única supuesta coincidencia con otros casos (la misma pediatra) fue suficiente para que la Policía incluyera el nombre de la madre en el informe como supuesta participante en una trama criminal.
Lo que oculta este hombre a la Policía (al menos en el relato del oficio no se recoge) es que, tras la denuncia de los supuestos abusos hacia su hijo, la madre decidió denunciar también la violencia de género que había sufrido ella mientras duró la relación, hechos que estaban siendo investigados cuando él acude a la Policía judicial.
Otro de los datos que no aporta el informe es que, tras los partes médicos de lesiones, el juzgado de familia modificó en diciembre de 2018 el régimen de visitas del padre con el menor. Denegó la petición de la madre de retirarle las visitas del niño al padre, pero estableció (en acuerdo con la Fiscalía) un régimen de visitas tuteladas en el PEF y justificó la decisión de forma expresa en el auto por no ser «creíble la explicación que al respecto ha dado el padre —que es la madre la causante de las lesiones para privarle de las visitas—».
La Policía insta al juzgado a detener a una madre de Granada
Otro hombre, M.G.G., se puso en contacto con la Unidad de la Policía Judicial para denunciar que su expareja, R.O.I., no solo empleaba, según él, un modus operandi similar a las otras mujeres que salían en los medios, sino que había estado ligada directamente a Infancia Libre.
R.O.I. fue la vicepresidenta de dicha asociación mientras ésta estuvo en activo, entre el 30 de agosto de 2015 (cuando se registra) y mayo de 2017, tal como ha reflejado la Fiscalía que ha investigado el oficio policial. Sin embargo, la denuncia de la madre por presuntos abusos sexuales de la hija que tenían en común fue presentada en 2014, mucho antes de que se sentaran las bases de la supuesta organización criminal.
El informe policial afirma que el padre aportó documentos que constataban que R.O.I. había incumplido en diversos momentos las visitas con su hija y que fue multada por ello por el juzgado. También afirma Pedro Agudo en el informe que el juzgado de instrucción número 9 de Granada, «que conoce el asunto por desobediencia y quebrantamiento de los deberes de custodia», le encargó a esa unidad policial localizar a la madre para su citación y toma de declaración en sede judicial. Además refleja que en esa comparecencia en el juzgado «se establece de forma provisional, y para dar solución al quebrantamiento grave que estaba ocurriendo, la guardia y custodia provisional para la tía paterna de [nombre de la hija], con un régimen de visitas restrictivo para [nombre de la madre] en un punto de encuentro familiar».
En efecto, R.O.I. fue llamada a comparecer ante el juzgado bajo apercibimiento de detención si no lo hacía. Pero el informe policial omite información clave para entender el caso de esta madre y la participación directa de la Policía judicial para que se llevara a cabo dicha citación.
El 14 de junio de 2019, el jefe de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, Pedro Agudo, firma un escrito dirigido al juzgado de instrucción nº 9 de Granada. En el oficio, al que ha tenido acceso Público, Agudo hace un repaso de las actuaciones llevadas a cabo por su unidad en relación a la supuesta organización criminal, relatando la detención de tres mujeres a las que liga a dicha trama: la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, y otras dos que a lo largo del mes de mayo de ese año fueron puestas a disposición judicial.
En su escrito al juez, Agudo afirma que en el caso de R.O.I. hay similitudes con los anteriores, realiza un repaso por la historia judicial de esta madre y advierte de que «de forma reiterada y grave» ha desatendido las «distintas advertencias judiciales» y que está incurriendo en «conductas delictivas».
Por estos motivos el jefe policial pide al juzgado que «comisione a esta Unidad investigadora para la localización, detención y puesta a disposición judicial» y que adopte «medidas urgentes en orden a determinar la guarda y custodia de la menor [nombre de la hija], conforme al interés superior de la menor». El policía le pide al juez que actúe con celeridad, puesto que «la única vía de investigación de este equipo» para localizar a la menor es el lugar en que la niña está escolarizada, advirtiendo que se acerca el periodo de vacaciones de verano.
El 17 de junio, solo tres días después de la fecha del oficio que la Policía envía al juzgado, el juez de dicha instancia notifica a la madre la obligación de personarse en el juzgado. R.O.I. se presentó de forma voluntaria, pero miembros de la Policía judicial (diversos medios citaban a Agudo entre ellos) siguieron sus pasos hasta el juzgado, dando la impresión de que estaba siendo detenida. De hecho así lo contaron la mayoría de los medios de comunicación ese día.
El juez, tal como había pedido la Policía en su oficio, tomó medidas en relación a la custodia de la menor. En ese mismo momento retiró la custodia a la madre y se la entregó a la tía paterna en una actuación que poco más tarde, en noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Granada consideró ilegal, porque el juez instructor «carecía de competencia para acordar las medidas de naturaleza civil que acordó».
Tanto el informe de la Policía judicial como el oficio que esta unidad envió al juzgado de Granada ocultaron datos clave. Por un lado, que M.G.G. había sido condenado por violencia hacia la madre. Por otro, que desde 2017 y por sentencia firme, ésta tenía concedida la guarda y custodia en exclusiva de la menor y que esa misma sentencia había archivado una orden de busca y captura por sustracción contra la madre. La sentencia mencionada decretó que las visitas de la niña con su padre debían ser establecidas de mutuo acuerdo entre los progenitores y presentadas ante el juzgado, pero este documento nunca se presentó, ni existe registro de que el padre lo hubiera solicitado.
Finalmente, a mediados de enero de 2020, la justicia devolvió a la madre la custodia de su hija tras siete meses durante los cuales ambas solo pudieron verse cada 15 días en un punto de encuentro. Siete meses de separación y sufrimiento pese a que R.O.I. no estuvo nunca en paradero desconocido ni había incumplido ninguna orden judicial, como afirmaba el oficio policial.
Entre abril y julio de 2019, la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla emprendió una supuesta investigación para demostrar que un grupo de mujeres de distintos lugares de España (principalmente Granada y Madrid), dos abogados y tres profesionales de la sanidad pública se habían asociado para crear una organización criminal: Infancia Libre. El objetivo de esta trama consistía, según la Policía, en denunciar falsamente a los padres de abusar sexualmente de sus hijas e hijos con el fin de quitarles la custodia y quedársela ellas en exclusiva.
La supuesta investigación policial acabó acusando a 22 personas, entre ellas a 17 madres. En enero de 2020 la Fiscalía Provincial de Madrid la archivó por no encontrar ningún indicio de organización ilícita. Sin embargo, a día de hoy los bulos vertidos siguen ocupando espacio en medios de comunicación, juzgados y debates públicos e influyendo en los procesos judiciales de estas mujeres y de otras madres que no se atreven a denunciar las agresiones sexuales intrafamiliares.
A lo largo de los últimos cuatro años, ‘Público’ ha realizado una amplia labor de documentación sobre este caso e investigado los expedientes de un amplio número de madres criminalizadas en esta caza de brujas. Comparando la amplia documentación recabada, la conclusión es clara: el supuesto informe policial estuvo construido exclusivamente a partir de declaraciones de hombres acusados de haber ejercido violencia de género o violencia sexual hacia sus hijos, con datos y declaraciones falsas o retorcidas que no pasaron por ningún tipo de verificación o que directamente falsearon la realidad a sabiendas.
Esta actuación policial tuvo y sigue teniendo serias consecuencias psicológicas y judiciales para las mujeres y sus hijos, así como para algunos profesionales de la sanidad pública que siguen siendo cuestionados por esta falacia.
Los casos que se recogen en esta información son solo tres de los muchos que ‘Público’ tiene documentados.
NOTA: ‘Público’ ha decidido utilizar iniciales en todos los casos para respetar la identidad de las personas (algunas de las cuales aún continúan en procedimientos judiciales), aunque algunos de estos nombres se han hecho públicos y han sido aireados por distintos medios de comunicación.