El plazo vencía este viernes por la tarde a las 17.35 horas de Canarias. Ayer, justo 24 horas antes, la Policía notificó personalmente a Alba -como reconoce su letrado en las alegaciones de este viernes- que sus recursos han sido desestimados y que se le daba un plazo de «un día» para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario, o se darían instrucciones a las fuerzas del orden para que lo llevaran preso.

De hecho, eso es lo que probablemente ocurrirá el lunes. Expirado el plazo el viernes por la tarde, el escenario que se presenta es que la Sala de lo Civil y Penal del TSJC emitirá el lunes a primera hora una orden de busca y captura a las fuerzas de seguridad del Estado para que localicen a Alba.

El abogado de Alba presentó este viernes nuevas alegaciones para tratar de que se anule el auto. En un escrito registrado este mismo viernes al que ha tenido acceso Efe, el letrado Nicolás González-Cuéllar aduce una serie de posibles irregularidades en la tramitación de anteriores recursos de su cliente, que considera que deberían suspender su ingreso en prisión.

Alba tiene pendiente de cumplir la condena de seis años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2019 por haber manipulado una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell, cuando ésta era diputada de Podemos en el Congreso, sentencia que es firme desde el pasado mes de noviembre. Alba está obligado a cumplir condena por prevaricación, cohecho y falsedad.

Artimañas

El exmagistrado de la Audiencia de Las Palmas recusó a varios de los miembros de la Sala de lo Penal que debían hacer cumplir ese fallo y alegó una serie de problemas de salud cuyo tratamiento o seguimiento, sostenía, que era incompatible con el ingreso en prisión. Ninguno. de esos recursos y artimañas funcionó,  y ahora Alba se ve abocado a prisión, a pesar de su resistencia numantina.

Este viernes, Alba ha alegado a través de su abogado que había una magistrada a la que también había recusado, Gloria Poyatos, en la sala que debía decidir sobre otra de sus recusaciones, la de presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, y que ésta intervino en ese asunto antes de que a él le notificaran formalmente de que no se aceptaban sus argumentos para apartarla de tal expediente.

Para la defensa, se incurrió en una nulidad de actuaciones que debería hacer que el TSJC dejara sin efecto su orden de ingreso en prisión.

También sostiene el abogado que no se le ha contestado a su petición secundaria: pues no solo pedía que se le exonerara de ir a prisión por motivos de salud (argumento que han desmontado los informes de los médicos forenses), sino que también planteaba que al menos se aplazara su encarcelamiento hasta que se curara.

Y por último dice que no se la respondido a su petición de suspensión de la ejecución de la pena en tanto se tramita el indulto que ha solicitado al Gobierno.