Las negociaciones para renovar el CGPJ continúan ajenas a este primer desencuentro con el PSOE. Isabel Díaz Ayuso ha celebrado que el PP no apoyase el real decreto-ley.
Alberto Núñez Feijóo le pidió a Juan Bravo, recién nombrado vicesecretario de Economía en Génova, que llegase a un «pacto de Estado contra la inflación» con el Gobierno. Las versiones del PP y de Moncloa difieren mucho y se culpan mutuamente del fracaso de las negociaciones, pero lo cierto es que los populares han votado ‘no’ al plan anticrisis. Alberto Núñez Feijóo anota así el primer fracaso de su estrategia al frente del Partido Popular y los conservadores vuelven a colocarse en contra del Ejecutivo en una votación trascendental para la economía de los españoles.
El «reinicio» del PP prometido por Feijóo prometía una nueva capacidad de llegar a acuerdos con el PSOE y la firme intención de «devolver» al Partido Popular a la carrera por la gobernabilidad del país bajo la imagen de «partido serio». Ya como precandidato a la presidencia Núñez Feijóo avanzaba que sería «el último en levantarse de la mesa de negociación» cuando se tratase de cuestiones de Estado.
No hubo mesa pero sí llamadas y cruce de correspondencia para negociar el apoyo del PP al real decreto-ley con el plan anticrisis. Era la primera votación en el Congreso capital para el Gobierno de coalición en la ‘era Feijóo’ y Génova tenía la oportunidad de materializar el cambio de rumbo a través del voto de sus 88 diputados y diputadas.
«Nos han dicho no a todo constantemente», justifican fuentes del partido. Según el relato de los populares, Alberto Núñez Feijóo ha ido rebajando sus exigencias hasta el mínimo en el intento de obtener su primer éxito político al frente del PP arrastrando al PSOE hacia sus propuestas fiscales. Después de la reunión entre Sánchez y Feijóo, los populares se pusieron a trabajar en un documento que recogiese su plan económico y el viernes pasado, a una semana de la votación, lo enviaron a Moncloa. La receta de los populares para sortear la inflación se basa, sobre todo, en la bajada de impuestos.
Este martes, cinco días después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, telefoneó al interlocutor en materia económica del PP, Juan Bravo. Un primer contacto que terminó «sin avances» y Feijóo seguía condicionando el apoyo de su partido al real decreto-ley a que aceptasen «al menos alguna» de sus propuestas para reducir impuestos.
En el PP se revuelven contra la actitud del Gobierno y defienden que en el último documento remitido a Moncloa el miércoles «solo» trasladaron cuatro «líneas generales», dejando sus exigencias en mínimos, aseguran. Lo cierto es que las últimas propuestas del PP eran las mismas que las primeras: bajar el IVA, deflactar el IRPF, agilizar la ejecución de los fondos europeos y «racionalizar el tamaño del Gobierno». La última oferta del PP fue que apoyaría el decreto si Sánchez se comprometía a esto por escrito. No sucedió.
Con el beneplácito de Ayuso
Mientras la cúpula del PP justificaba el ‘no’ al real decreto-ley, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo bendecía. «En esta vida, cuando hay que posicionarse, yo creo que donde esté ETA es mejor no estar», dijo Ayuso refiriéndose al apoyo de EH Bildu al plan de choque que salvó su convalidación.
Si el Parlamento hubiera rechazado el real decreto-ley, en vigor desde el pasado 1 de abril, las medidas decaerían al día siguiente. Entre ellas, la bonificación de al menos 0,20 céntimos por litro de carburante y la limitación al 2 % de la revisión de los alquileres.
No condiciona la negociación del CGPJ
Feijóo no ha logrado su primer ‘gran pacto’ y la ruptura con la anterior etapa del PP, al menos a nivel parlamentario, no está siendo tan rápida como pretendía. Eso sí, desde el partido aseguran que este fracaso no interfiere en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, reactivada esta misma semana. «Somos el PP y unas cosas no condicionan a otras», afirman fuentes de la cúpula nacional del partido. Bolaños y Esteban González Pons negocian los nuevos nombramientos del órgano de gobierno de los jueces.
