La acusación popular ejercida por los socialistas recurre la decisión del juez Manuel García Castellón de no reabrir el caso contra la exsecretaria general del PP tras la publicación de grabaciones en las que hablaba con el comisario Villarejo sobre causas de corrupción abiertas al partido
Las tres puertas de Kitchen que cerró el juez García Castellón y que la Audiencia Nacional decidirá si vuelve a abrir
La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso Kitchen ha reclamado al juez Manuel Garcia Castellón que reconsidere su negativa a imputar a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular. Los socialistas entienden que los audios y grabaciones publicadas por varios medios de comunicación en los que Cospedal habla con el comisario Villarejo sobre el desarrollo de las investigaciones judiciales al partido son más que suficientes para revocar el archivo e imputar a la exministra. “El contenido de la conversación con ”libretita“ incluida no deja lugar a dudas de que la Sra. Cospedal exige información y da directrices de qué se debe hacer”, explica en su recurso.
Fue el PSOE una de las partes que solicitó al juez Manuel García Castellón que reabriera la investigación sobre esta operación Kitchen pero que, a la vista de los audios publicados en varios medios de comunicación, ampliara la causa a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular e interlocutora con José Manuel Villarejo según figura en estas grabaciones. La Fiscalía Anticorrupción, que ahora ha renunciado a seguir impulsando esta derivada de la causa, presentó también alegaciones para que Cospedal fuera imputada de nuevo pero abriendo la puerta a la apertura de una pieza separada. Las nuevas alegaciones del PSOE llegan después de que Podemos, que también ejerce la acusación popular del caso, haya recurrido esta misma decisión ubicando a Cospedal en la cúspide de una “organización criminal”. La formación de Ione Belarra entiende que la publicación de estos audios ha dado un “giro copernicano” a la tesis del juez instructor a la hora de valorar como “sociales” las reuniones entre la exministra y el comisario.