Según el Registro de la Propiedad, el nuevo magistrado del Constitucional posee 10 viviendas, 5 locales, 8 plazas de garaje y una finca urbana, y todo ello sin hipotecas, libre de cargas. Seis de esos bienes los recibió en herencia.

La inversión en ladrillo nunca falla en España. Mientras la pandemia ha provocado un considerable aumento de familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago del alquiler, otras personas más afortunadas han mantenido su poder adquisitivo intacto, incluso cuando una parte de sus rentas procede del alquiler de sus propiedades. Y si sobre esos bienes inmuebles no pesa hipoteca alguna, las ganancias se disparan.

Es el caso de Enrique Arnaldo Alcubilla, quien jurará su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional el próximo jueves, una vez lograda la idoneidad del Congreso para el puesto, que tiene una duración de nueve años y una remuneración anual de 133.623 euros. Los magistrados del TC no presentan declaración de bienes cuando acceden al cargo.

Arnaldo, de 64 años, tiene garantizada la máxima jubilación después de más de 30 años ejerciendo como jurista, letrado de las Cortes, profesor universitario, catedrático y abogado. Seguramente por esta última faceta, la de la abogado,  haya logrado sus mejores resultados económicos. Porque parece que sólo así se explica que haya podido atesorar un ingente patrimonio inmobiliario sin suscribir con los bancos ni una sola hipoteca, según datos de diferentes registros de la propiedad de Madrid.

Esos datos públicos, recabados por este medio ante el interés público suscitado por la trayectoria de Enrique Arnaldo, revelan que a día de hoy este jurista posee 24 propiedades sólo en Madrid. De ellas, diez son viviendas [pisos y casas unifamiliares]; ocho, plazas de garaje; cinco locales; y una pequeña parcela urbana. Del repaso a estas propiedades se puede deducir que Arnaldo sabe invertir. Quizá las enseñanzas le vengan de su padre, Enrique Arnaldo, intendente mercantil, fallecido en 2001.

Aunque la riqueza o la falta de ella no tengan nada que ver en la imparcialidad ni de la judicatura ni de los magistrados y magistradas del Constitucional, no deja de ser paradigmático que uno de los magistrados del tribunal de garantías constitucionales que debe estudiar el recurso presentado hace unos días por Vox contra el decreto que suprime los desahucios a personas económicamente vulnerables por la pandemia posea un amplio patrimonio inmobiliario, que quedará afectado por la nueva Ley de Vivienda que se tramita. El PP ya ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional.

Vox, lejos de las personas vulnerables

El pasado jueves, el grupo ultraderechista Vox presentó en el TC un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 16/2021 por el que se suspenden hasta el 28 de febrero de 2022 el procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional. Desde la formación de Santiago Abascal consideran que el texto legal que recoge la posibilidad de suspender un desahucio si en la ocupación de la vivienda no ha mediado violencia o intimidación vulnera «pilares fundamentales del Estado de Derecho», como el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a la propiedad privada.

No es el de Vox el primer recurso contra medidas contempladas en el llamado escudo social del Gobierno frente a la covid. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, el pasado mes de febrero, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto ley de protección de los consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad. El Gobierno puso en marcha en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, un escudo social que entre otras cosas contemplaba moratorias para personas vulnerables por la covid en el caso de imposibilidad del pago del alquiler.

La admisión o la inadmisión del recurso de Vox dependerá del criterio jurídico de los magistrados del TC, entre ellos los nuevos cuatro miembros, entre los que figura el catedrático Enrique Arnaldo, polémico por sus probados vínculos con el PP y por sus cuestionables negocios que le han llevado a figurar en sumarios judiciales de corrupción relacionados con algunos miembros del PP.

La lupa periodística y social estará bien centrada en lo que haga en el TC este jurista de larga trayectoria, rodeado de sombras más que de luces, a tenor de las informaciones sobre su manera de proceder en algunos ámbitos de su carrera profesional. Pero de lo que no hay duda es de su capacidad como inversor inmobiliario. 

Inversiones en zonas en auge

Por ejemplo, a finales de 2010 adquirió dos pisos, uno de ellos, un ático de 107 metros cuadrados, en la zona de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, un nuevo barrio residencial donde varias grandes empresas han fijado su sede. No sólo fueron dos pisos. En la misma operación y ante el mismo notario, Arnaldo compró también seis plazas de garaje en la misma urbanización. Según las notas simples de cada una de estas propiedades, no necesitó hipotecarse para lograr ese lote. El desembolso para Arnaldo en aquella operación no debió ser inferior a los 900.000 euros, según el precio de mercado en aquel momento en ese barrio emergente de Madrid que ha podido comprobar este medio.

Es precisamente el año 2010 cuando arranca la larga lista de propiedades actuales de Enrique Arnaldo, según la información actual del registro de la propiedad. Fue el año en el que murió su madre. Como parte de su legado familiar, Arnaldo se adjudicó cuatro viviendas y dos locales; todos ellos en buenas calles de la capital.

También en esa época adquirió un local y una plaza de parking en una zona del este de Madrid con gran potencial para el alquiler por su presencia de empresas. Más tarde adquirió otra plaza de garaje y otro local en el conocido ensanche de Vallecas, barrio emergente, muy popular.

Separado de su primera esposa, Enrique Arnaldo adquirió con su nueva pareja, una jueza destinada en comisión de servicios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tres propiedades en 2016 y 2018. Se trata de dos viviendas, una de ellas, una casa unifamiliar de 539 metros cuadrados de terreno, y una parcela urbana, justo al lado, de 150 metros cuadros. En este caso tampoco figuran hipotecas o cancelaciones de hipotecas en la información del registro de la propiedad a la que ha podido acceder Público.

Enrique Arnaldo no ha respondido a la solicitud de este medio para recabar su versión.