Competencia destapa una escalofriante proliferación de pactos ilícitos empresariales contra el Estado y el consumidor antes, durante y tras la crisis
Como suele suceder con los temas más delicados, ni el Gobierno ni los partidos -Podemos incluido- han reaccionado a la espeluznante resolución del pasado miércoles de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que sanciona a una quincena de multinacionales y grandes empresas del país por amañar 275 concursos públicos de infraestructura ferroviaria durante 14 años imponiendo al Estado un sobreprecio superior al 20{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}. Los accionistas ni se inmutan, porque los 118 millones de sanción, aunque constituyen la segunda multa más alta en España a un cártel, queda por debajo del presunto beneficio obtenido, así que el presidente de la CNMC, José María Marín, amplía el castigo y ha pedido, por primera vez, a Hacienda que les prohiba concursar. Eso es peor, pero el Ministerio guarda por ahora silencio y tampoco se ha oído al ministro José Luis Ábalosencargar una investigación a Adif por si eran cómplices del cártel.
Todo apunta a que el caso desaparecerá en el sumidero de la campaña electoral, pero se une ya a la estremecedora hoja excel a la que ha tenido acceso este diario en la que los funcionarios de la CNMC recopilan los expedientes concluidos con sanción por amaño de concursos públicos o pactos de precios contra los consumidores. Suman ya más de 60 los cárteles o tramas desmanteladas desde la creación de este organismo en 2013, sin contar casos individuales. Este documento de uso interno dibuja España como un festín para los cárteles en que han participado ya al menos 400 empresas multinacionales y españolas de todo tamaño y sector, incluidas, por ahora, la mitad de las que cotizan en el Ibex 35.
«Mires donde mires aparece un cártel desde hace años», lamenta uno de los jefes de la CNMC.
Impresiona por ejemplo lo que pasaba en 2013. César Alierta, Emilio Botín, Florentino Pérez, Antonio Brufau y otros miembros del selecto Consejo Empresarial para la Competitividad reclamaban con razón modernizar el país y reducir el déficit para salir de la recesión. Lo malo es que, al mismo tiempo, departamentos de sus propias empresas y filiales estaban participando o incluso encabezando cárteles para imponer sobreprecios al Estado o a empresas y consumidores, según la CNMC.
Por ejemplo, en ese mismo año, directivos de varias filiales de ACS se reunían en secreto con competidores de OHL o Sacyr para «manipular» concursos de Adif, según el citado expediente S/DC/0598/2016.
También durante una década, los responsables del área de derivados financieros de CaixaBank, BBVA, Santander y Sabadell se confabulaban para engañar a, entre otras, las empresas de energías renovables y cobrarles altos tipos de interés si querían proteger su deuda de bandazos del mercado. Es el caso S/DC/0579/16 e incluye grabaciones de los financieros riéndose de sus clientes que la CNMC no publica para evitar «generar alarma social», según el propio presidente.
Expedientes como el S/0484/13 de Repsol o el S/0490/13 de Telefónica muestran de lo que son capaces antiguos monopolios para obstaculizar la competencia.
Y qué decir de los cómplices en la Administración. Dónde más pruebas ha encontrado la CNMC es en el cártel de licitaciones informáticas (S/DC/0565/15) desmantelado el pasado agosto y en el que IBM o Indra (presidida entonces por Javier Monzón), entre otras, amañaban los contratos públicos desde el mismo embrión del concurso. «En el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos», escribía alborozado un directivo de Indra en un correo (ver documento adjunto) sobre la Agencia Tributaria. «En la Gerencia de Informática de la Seguridad Social quieren que les ayudemos a hacer los pliegos», se afirma en otro.
Todo esto es insoportable y debe ser erradicado. Por la hoja excel de la CNMC desfilan desde empresas sin escrúpulos que encarecían los pañales para ancianos a patronales, colegios de abogados, las estatales Correos y Renfe… Incluso multaron a CCOO y UGT en el cártel de la estiba en el Puerto de Vigo.
Ahora hay casos pendientes como un presunto «grupo estable y formal» formado por ¡Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr e Isolux! para repartirse obras públicas en todo el país; u otro de consultoras como Deloitte o PwC.
Por si fuera poco, muchas tramas reciben multas irrisorias o se salvan en tribunales por error formal, pero prolifera lo que resume un incautado correo entre socios -y teóricos rivales- de proveedores de Adif: «No tiene mucho sentido presentar dos ofertas al concurso». Una y listo.
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