En una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo alega que el comercio de armamento con el régimen de Salmán bin Abdulaziz está a salvo de cualquier embargo y asegura que se anteponen «los derechos humanos».
Los barcos saudíes que en junio de 2021 y agosto de 2022 hicieron escalas en España con helicópteros de guerra en sus bodegas –algo que choca con el Tratado de Comercio de Armas, que impide ese tránsito en casos de países involucrados en guerras– tenían la autorización expresa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así se desprende de una respuesta enviada por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu y así lo confirman las fotografías realizadas en el interior de dichos buques a las que accedió Público.
El Bahri Hofuf y el Bahri Tabuk forman parte de la flota empleada por la naviera pública de Arabia Saudí para el transporte del armamento adquirido a sus principales suministradores en la Unión Europea –donde España destaca como uno de los máximos vendedores– y Estados Unidos.
Las cargas que realizan esos buques alcanzan cifras astronómicas. Desde que la coalición liderada por Arabia Saudí emprendió los ataques contra Yemen en marzo de 2015, España ha autorizado exportaciones de armamento a ese régimen por un valor cercano a los 2.000 millones de euros.
Los buques que trasladan esas compras de armamento tienen a España en su hoja de ruta. A día de hoy, el puerto de Sagunto destaca como una de las dos terminales europeas –la otra es Génova, en Italia– en las que los denominados ‘barcos de la muerte’ realizan escalas.
Según consta en distintas fotografías difundidas por el Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali –organización sindical que agrupa a los estibadores de Génova–, los buques llegan a estos puertos europeos cargados de material de guerra proveniente de Estados Unidos.
Las fotos efectuadas en el interior del Bahri Hofuf –que el 29 de junio de 2021 hizo escala en Cádiz- y del Bahri Tabuk –que atracó el 4 de agosto de este año en Sagunto- demuestran que, efectivamente, esos barcos de la naviera saudí atracaron en estos puertos españoles con helicópteros de guerra Apache en sus bodegas.
Un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicado en septiembre de 2019 determinó que Arabia Saudí ha utilizado ese tipo de helicópteros en la guerra de Yemen, e incluso está documentada la participación de esas naves en ataques que provocaron la muerte de civiles.
El Tratado de Comercio de Armas es claro al respecto: en su articulado, obliga a cada Estado parte –entre los que se encuentra España– a prohibir el tránsito o transbordo de armas convencionales y municiones en todo su territorio cuando podrían utilizarse para cometer crímenes de guerra. Pese a ello, las autoridades españolas dieron su visto bueno a las mencionadas escalas de los barcos saudíes en Cádiz y Sagunto.
En la respuesta enviada el pasado 16 de noviembre a Iñarritu –dos semanas después de que este periódico publicase las fotos de dichos buques con los helicópteros de guerra en su interior–, el Gobierno sostiene que «la autorización de tránsito de material de defensa es competencia de la Dirección General de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación».
Respecto a la vulneración del Tratado de Comercio de Armas que supone el tránsito de los «barcos de la muerte», el Gobierno emplea el mismo argumento que utiliza para defender la venta de armas de fabricación nacional a dicho régimen: a día de hoy, alega, «no existe embargo alguno» contra la dictadura saudí.
Estos argumentos no convencen a Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional sobre comercio de armas, quien advierte que nada impide «aplicar el artículo 6.3 del Tratado sobre Comercio de Armas», que prohíbe la transferencia de ese tipo de material «cuando un Estado tiene conocimiento, y esa es la clave, de que las armas podrían ser utilizadas para cometer crímenes de guerra».
«Son innumerables los informes de la ONU y de ONG como Amnistía Internacional u otras organizaciones yemeníes que demuestran hasta la saciedad la comisión de al menos 300 presuntos crímenes de guerra por parte de la coalición encabezada por los saudíes y emiratíes desde 2015″, afirmó Estévez. Tales crímenes, destacó, continúan «impunes».
Garantía de secretismo
En la respuesta enviada a Iñarritu, el Gobierno se aferra además al Código aduanero de la Unión Europea para no proporcionar datos sobre las actividades de los barcos saudíes en los puertos españoles. En otras ocasiones, el Ejecutivo ha aludido a «razones de seguridad nacional» como garantía de secretismo en torno a este negocio.
En cualquier caso, el Gobierno asegura que «las autoridades españolas están firmemente comprometidas con la normativa nacional e internacional que tiene por objeto el control efectivo del comercio exterior de material de defensa» y defiende que todas sus resoluciones al respecto «siguen las recomendaciones
de la ONU y anteponen el respeto y la preservación de los derechos humanos por encima de cualquier otro interés».