Sus gobiernos financiaron, desde 2013, con 2,7 millones de euros a 11 diarios de la comunidad para un programa de fomento de la lectura que consistía en el envío al menos de un periódico a colegios e institutos públicos y concertados de Galicia.
La Xunta de Alberto Núñez Feijóo entregó otros 315.000 euros a cinco editores de periódicos gallegos solo cinco días después de que este anunciara su candidatura a presidir el Partido Popular tras la dimisión de Pablo Casado.
Las ayudas se tramitaron a dedo, a través de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, mediante diez convenios de colaboración destinados a fomentar la lectura de prensa escrita entre los escolares de la comunidad. El programa consistía en publicar noticias sobre educación y en el envío, como mínimo, de un periódico a la semana a cada colegio e instituto.
Las principales beneficiarias fueron las empresas de Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, que obtuvo 149.000 euros; el grupo Prensa Ibérica, propiedad de la familia Moll, que edita Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña, que obtuvo 78.134 euros, así como las sociedades de Blanca García Montenegro, propietaria de El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, que se llevaron 33.629 euros.
La familia Outeiriño, dueña de La Región (Ourense) y Atlántico Diario (Vigo), obtuvo 28.065 euros, mientras que el empresario José Collazo, constructor y propietario de casinos, bingos y salas de juego y máquinas recreativas en España y el extranjero, se llevó 18.000 euros para sus periódicos El Ideal Gallego (A Coruña), Diario de Ferrol y Diario de Arousa.
Los diez convenios son prácticamente iguales en su redacción y comprometen a los editores a publicar semanalmente información «relacionada con temas de educación» y a hacer llegar su producto a los centros que les señale la Xunta, al objeto de «acercar la lectura al alumnado gallego, de forma que sean los propios alumnos y alumnas los que descubran por sí mismos, a través de la utilización de la prensa, los valores culturales propios de Galicia«.
Los acuerdos, sin embargo, permiten que los editores solventen el compromiso enviando «como mínimo un ejemplar (…) por lo menos una vez a la semana», de forma que muchos centros se tienen que conformar con un sólo diario una vez cada siete días para programar para todo su alumnado actividades que redunden en el fomento de la lectura de prensa escrita.
Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), los colegios gallegos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato tienen una media de más de 166 alumnos y alumnas por centro.
Para quienes sí resulta rentable el acuerdo es para los editores, que gracias a los convenios pueden financiar la distribución de más de medio millón de ejemplares con dinero público. Santiago Rey obtiene 0,64 euros por cada uno de los 229.230 periódicos que la Xunta le compra al año con cargo a este programa; los Moll, 0,59 euros por cada ejemplar de Faro de Vigo y La Opinión; García Montenegro, 0,67 euros; los Outeirño, 0,87 euros, y Collazo, 0,22 euros.
La normativa de contratación pública impide que se utilice la figura del convenio de colaboración con empresas privadas para actuaciones con ánimo de lucro, que deben ajustarse a las normas y restricciones de los contratos públicos, tales como la publicidad, la concurrencia abierta y la valoración de ofertas mediante concurso público.
Los acuerdos entre la Xunta y las principales cabeceras gallegas de papel para este año contemplan una contrapartida por parte de las editoras, aunque en los convenios no figura referencia alguna a las materias concretas a las que se destina el dinero que supuestamente aportan, ni cómo se contabiliza ni justifica.
Las mismas empresas han recibido cantidades similares en otros ejercicios mediante convenios idénticos que establecían expresamente que su participación financiera era de 0 euros. Así, por ejemplo, si La Voz de Galicia recibe en 2022 149.000 euros y aporta supuestamente 88.000 euros para financiar la distribución de 229.230 ejemplares, en 2021 obtuvo la misma cantidad sin ninguna aportación, para distribuir exactamente el mismo número de diarios. Lo mismo sucede en otros ejercicios anteriores con el resto de empresas citadas.
Es decir, repartiendo el mismo número de ejemplares en los centros con el mismo importe que el año anterior, no se justifica a qué van destinadas las aportaciones que hacen las editoras.
El programa de fomento de la prensa escrita entre los escolares de Galicia, según la información disponible en la plataforma de transparencia de la Xunta, lleva activo al menos desde 2013. Desde entonces, la Xunta de Feijóo ha entregado a los medios gallegos más de 2,7 millones de euros a través de la compra en lote de diarios para enviar un ejemplar a la semana a cada colegio e instituto. En esa cantidad se incluyen las ayudas concedidas a El Correo Gallego, de Santiago, propiedad de José Manuel Rey Novoa y cuya empresa editora, Ediciones Compostela, se acogió recientemente a concurso de acreedores.
Hasta 2017, las ayudas del programa de prensa en la escuela se entregaban con cargo a la Secretaría Xeral de Medios, dependiente directamente de la Presidencia de Feijóo y que dirigía Mar Sánchez Sierra, actual secretaria de Comunicación de la Ejecutiva del líder del PP. Desde 2017, se canalizan a través de la Consellería de Educación, que en la actualidad encabeza Román Rodríguez. Su publicación siempre se ha realizado en enero o en las primeras semanas de febrero, pero en 2022 su firma se retrasó hasta la segunda semana de marzo y también su publicación en la web de la Xunta.
Público ha preguntado al departamento de Román Rodríguez si existe algún tipo de fiscalización de los resultados obtenidos por esas ayudas para cuantificar en qué medida han contribuido a incrementar la lectura de prensa en Galicia, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.
Las subvenciones con cargo al programa de fomento de la lectura de prensa en la escuela se suman a las que concedió la Xunta a los medios gallegos en forma de ayudas directas, para el fomento del uso del gallego en medios que usan el español y para la publicación de propaganda institucional como información mediante convenios opacos no sometidos a las garantías de publicidad, concurrencia, transparencia y control, y dirigidos a construir en positivo su imagen pública y su acción de Gobierno. Durante los trece años de Feijóo en el poder, sumaron cerca de 45 millones de euros.
A esas cantidades hay que añadir los 1,25 millones que concedió a medios estatales con cargo a los fondos de promoción turística del Xacobeo, cuando ya era presidente del PP, había renunciado a la Presidencia de la Xunta y ejercía de jefe del Ejecutivo gallego ese cargo en funciones.
Nada más llegar al poder en 2009, Feijóo eliminó el programa de préstamo que permitía a todos los escolares gallegos tener acceso gratuito a sus libros de texto y diverso material escolar. Desde entonces, sus gobiernos han cerrado uno de cada diez colegios e institutos públicos en Galicia.