El aparato de propaganda del PP gallego lleva años dibujando la imagen de Alberto Núñez Feijóo como un eminente gestor, austero en la administración del dinero de todos y eficaz a la hora de obtener la mejor relación calidad-precio en la prestación de servicios públicos. Pero tras más de once años de gobierno, la realidad desmiente ese perfil. Feijóo ha ejecutado recortes que han minado la calidad de la educación y de la sanidad; ha mantenido a Galicia entre las comunidades más pobres y con más pobres, y ha puesto en manos privadas la gestión de políticas relevantes convirtiéndolas en negocio para unos cuantos afortunados. En ocasiones a través de los clásicos chiringuitos que el PP tanto dice denostar, pero a los que tanto acude.

Valga la introducción para contextualizar el Informe Económico-Financiero de las Entidades Instrumentales Autonómicas aprobado el mes pasado por el Consello de Contas de Galicia, el ente fiscalizador de las cuentas del sector público gallego. Alerta de que, sin incluir al Servicio Galego de Saúde (Sergas), el 15% del presupuesto de la comunidad autónoma, es decir más de 1.588 millones de euros, está manejado por organizaciones e instituciones dependientes de la Xunta pero con autonomía para operar al margen de la administración autonómica: organismos autónomos comerciales, entidades públicas empresariales, agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles…

En total suman 117 sobre las que el Consello de Contas alerta de que apenas pueden ser controladas en su actividad, que se alimentan de fondos públicos sin que sus cuentas puedan ser adecuadamente fiscalizadas para deducir la idoneidad de sus gastos, y que algunas han requerido enormes inyecciones de capital público para camuflar un endeudamiento exagerado. No todas pueden considerarse chiringuitos en el sentido peyorativo del término, pero la mayoría sí funcionan como tales.

«Las memorias de la mayoría de los organismos autónomos no cumplen su función de explicar, comentar y ampliar el resto de datos contables y carecen de valor informativo», señala el Consello, que advierte de que falta «información económico-financiera» y «sobre indicadores de gestión y coste de actividades». Es decir, la más relevante para deducir si chiringuitos, fundaciones, agencias y consorcios cumplen las normas contables y de gasto que están obligadas a observar.

«Lo que el Consello de Contas le viene a decir a la Xunta es que las figuras a través de las cuales ha creado una administración paralela no cumplen la función para la que estaban pensadas», sostiene Iago Tabares, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la Comisión Insitucional y de Administración del Parlamento de Galicia. «Y evidencian una vez más que el Gobierno de Feijóo hace lo contrario a lo que dice que va a hacer. En el 2010 anunció que iba a acabar con esa administración paralela, pero lo que ha hecho ha sido mantenerla y aumentarla. Son chiringuitos pensados para eludir las normas de contratación administrativa y para actuar con discrecionalidad en la contratación de personal».

El ex diputado socialista en el Congreso y portavoz del PSOE en el Parlamento de Galicia, Pablo Arangüena, mantiene una postura igualmente crítica: «Algunas entidades no rinden ni siquiera cuentas y es cierto que ha descendido su número en la última década, igual que en el resto del Estado, pero manejan el mismo presupuesto, lo que implica que se ha tratado de una reordenación cosmética», afirma. «No hay control real de eficiencia del gasto, los chiringuitos siguen a plena potencia y en ellos se gestiona una parte significativa del gasto público autonómico y se sigue enchufando a allegados del PP», concluye.

El aparato de propaganda de Feijóo ha convertido al presidente de la Xunta en un adalid de la defensa de lo público. Cuando una de las estrategias recurrentes de su acción de gobierno consiste en crear entidades instrumentales para, con el dinero público, generar golosos negocios para la banca y la gran empresa.

La última inciativa ha sido la Sociedad para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, que gestionará los cerca de 20.000 millones de euros que la Xunta prevé obtener de los fondos Next Generation de la UE. El 60% del capital está en manos de Abanca, formada por las antiguas cajas de ahorro y hoy propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet; de Reganosa, dedicada al transporte y regasificación de gas natural y propiedad de la familia Tojeiro, a su vez titular de Gadisa, la mayor red de supernercados de Galicia; y de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), otra entidad dependiente de la Xunta pero participada al 49% por Naturgy.

La Xunta asegura que la nueva sociedad está «abierta a nuevos socios» y que se apoya «en tres principios rectores: involucrar a las pymes, hacer de la I+D+i un elemento transversal y fomentar la colaboración público-privada». Viendo su accionariado, sólo el tercer principio está garantizado. En el consejo no se sientan las pymes ni los investigadores ni los científicos, sino los representantes de la banca, las eléctricas y las grandes fortunas del país — Roberto Tojeiro tiene un patrimonio que algunas fuentes estiman en 415 millones de euros—.

«No puede ser que la gestión de proyectos esenciales para el futuro de Galicia se diseñe al margen de las instituciones», subraya Iago Tabares. «No estamos en contra de la colaboración público-privada, pero sí del desmantelamiento de lo público», añade el portavoz del BNG.

La entidad que gestionará los fondos europeos en Galicia no figura en el análisis del Consello de Contas, que se refiere al ejercicio del 2019. Pero hay muchas entidades a su imagen y semejanza, y sobre algunas el informe arroja serias dudas en torno a su gestión y a la procedencia de que sigan existiendo.

Sobre las agencias, gestionan 698 millones y, al contrario de lo que ha sucedido con la Administración central, que ha ido prescindiendo de ellas, han sido el modelo preferido por Feijóo para gestionar áreas de gasto tradicionalmente desarrolladas de forma centralizada: «infraestructuras, innovación, equipamiento tecnológico, turismo y servicios sociales, entre otras». El Consello no ha podido acreditar que esas agencias «estén aplicando los mecanismos de gestión transparente por objetivos».

Sobre las sociedades públicas, advierte de su «escaso nivel de autofinanciación» y pone en duda «que sus actividades sean mercantiles o empresariales». Y en cuanto a las fundaciones, asegura que su dependencia de las subvenciones autonómicas, superior al 80%, «evidencia la incapacidad para usar el modelo según su verdadera esencia, que no es otra que la de incentivar la participación de la financiación privada en actividades de interés general».

El Consello recomienda a la Xunta -sus informes no son vinculantes- que someta a auditoría a todos los organismos públicos instrumentales y que actualice la normativa para controlar sus cuentas. Porque aunque en general las entidades presentan un nivel de solvencia «razonable», en algunos hay verdaderos agujeros negros por los que se cuelan cantidades astronómicas de dinero público.

Es el caso de Xestur, creada a los tres años de que Feijóo accediera a la Xunta para «la realización de actividades urbanísticas». Entre el 2014 y el 2019, la Xunta tuvo que realizar «sucesivas inyecciones de capital por importe de 229 millones para que Xestur pudiera hacer frente a su endeudamiento», advierte el informe. La deuda de los chiringuitos y entidades dependientes de la Xunta alcanzó los 820 millones en el 2018 y cayó hasta los 573 millones en el 2019. Pero sólo porque el Gobierno autonómico enjugó la deuda de Xestur con más dinero público, en una situación similar a la que padece la Sociedad Pública de Investimentos (SPI), destinada a construir, explotar y mantener infraestructuras autonómicas, y que también arrastraba un enorme endeudamiento.

Ni Xestur ni la SPI están participadas por la iniciativa privada. Curiosamente, las entidades instrumentales de la Xunta que dan pérdidas no cuentan con ella. Las que rinden beneficios, sí. Algo pone en duda esa imagen de buen gestor de lo público que la propaganda atribuye a Feijóo.

Otro ejemplo: tampoco está participado el Instituto Galego de Promoción Económica, creado por Fraga en 1992 a imagen del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al objeto de apoyar mediante préstamos y subvenciones la actividad empresarial y productiva. A los dos años de la llegada de Feijóo, el Igape fue el epicentro de la Operación Campeón, que motivó la detención de los altos cargos del Instituto que su Gobierno avalaba acusados de fraude, lavado de capitales y tráfico de influencias por conceder irregularmente préstamos y subvenciones a empresarios cercanos al PP.

Hoy, según el Consello de Contas, el Igape arrastra un íncide de morosidad impensable en cualquier entidad crediticia pública o privada. «Una parte significativa de los deudores no devolvieron los préstamos concedidos por el Igape. En concreto, más de la mitad de los vencimientos de capital de los préstamos concedidos no llegaron a ser cobrados», señala el informe. Los impagados ascienden a 62,6 millones de euros, «lo que representa un impago del 47%». Y no cabe relacionar la morosidad con la crisis sanitaria, porque, como recuerdan los autores del análisis, éste es sobre el ejercicio del 2019, meses antes de la pandemia.

El ICO tenía hace un año una tasa de morosidad del 4,73%. La media de la banca española, en plena crisis, estaba el mes pasado en el 4,6%. ¿Puede considerarse una buena gestión tenerla en el 47%?

Otra de las denuncias del Consello de Contas se refiere a que la Xunta lleva once años incumpliendo la ley del 2010, impulsada por el propio Feijóo, que obliga su Gobierno a poner en marcha un registro de entidades instrumentales en el que figuren también sus cuentas anuales. En el portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico aparece ese registro, pero, de nuevo es pura propaganda. Sólo hay un link que remite al listado del Inventario de Entidades del Sector Público del Ministerio de Hacienda. Los autores del informe alertan de que han tenido que trabajar con esa documentación, y no con la que debería haberles proporcionado desde el 2010 la Administración autonómica.

Por su parte, la Consellería de Facenda asegura que, contra lo que dicen los economistas del Consello de Contas, no hay 117 entidades instrumentales, sino sólo 69, porque el inventario del Ministerio de Hacienda incluye entes como los organismos dependientes de las universidades o que pertenecen al sector público local o estatal, «que no cumplen los requisitos para ser considerados parte del sector público autonómico». Fuentes de ese departamento, que dirige el ex auditor del Consello Valeriano Martínez, afirman que el decreto que regulará el registro de entidades ya está en trámite.

Público preguntó a la Consellería de Martínez si considera que el sector de las entidades instrumentales está bien dimensionado, si la Xunta está satisfecha con las fundaciones en las que participa, si debe modificarse el modelo de Xestur y si tasa de morosidad del Igape, que afecta a casi la mitad de los préstamos que concede, cuestiona su gestión . La Consellería no respondió a esas preguntas y apuntó que «desde el 2009, cuando Feijóo llegó al poder», se ejecutó «una acción continuada en materia de racionalización de las entidades instrumentales» que ha permitido ordenar la supresión de 97 y mejorar la situación de otras 63.