Hace 5 años, el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC signaban el documento que buscaba poner fin al conflicto armado.
Este miércoles se cumplen cinco años del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la hoy extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado con la intención de ponerle fin a un conflicto armado que lleva décadas en el país sudamericano. Sin embargo, su constante incumplimiento aleja a la sociedad de la pacificación anhelada.
Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la agencia de noticias AFP, antes del 2012 el país registraba 12.000 homicidios por año. Entre 2013 y 2016 el número se redujo a 9.000 anuales, pero desde que comenzó el 2021 hasta septiembre ya se contabilizaron 10.500 muertes violentas. Al respecto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) subraya que todavía persisten 90 grupos armados irregulares con unos 10.000 combatientes.
Por otro lado, la Iniciativa Barómetro en Colombia advierte que el acuerdo apenas se implementó: la reforma rural integral solo se alcanzó en un 4 %, la participación política en un 14 % y la solución al problema de las drogas ilícitas tiene un 20 % de mejoría. Así, entre las principales víctimas de este contexto se destacan las comunidades indígenas, que no participan del conflicto.
«El Gobierno es enemigo del acuerdo»
Frente a este difícil escenario, dos firmantes del acuerdo le brindan sus consideraciones a RT: el exmiembro de las FARC Carlos Lozada y el exvicepresidente Humberto de la Calle. Ellos coinciden en que el tratado fue productivo, sin embargo, critican a la actual administración de Iván Duque.
«El Gobierno que llegó luego de la firma del acuerdo, ha sido enemigo de ese acuerdo, porque representa los intereses de los sectores políticos y económicos que históricamente han lucrado con la existencia del conflicto«, opina el excombatiente y actual senador Lozada. «Es como si el acuerdo ha quedado en el congelador«, acota.
«El acuerdo era una hoja de ruta para Colombia, para seguir en la búsqueda de una sociedad más equitativa. Hay una visión miope del Gobierno, y eso ha entorpecido la implementación y cumplimiento», señala De la Calle. «Firmantes del acuerdo han sido asesinados, hay una responsabilidad de la sociedad colombiana, pero fundamentalmente del Gobierno», añade.
Con ese tono, confía en que el próximo presidente del país latinoamericano respetará el pacto, atendiendo la demanda del pueblo, que busca poner fin a un enfrentamiento que ya lleva unos «60 años de violencia y 9 millones de víctimas».