El Gobierno de Perú debe ser investigado por homicidios, torturas y otras conductas de sus fuerzas armadas y seguridad, dice el informe de un organismo pro DD.HH.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos concluye en su informe revelado este jueves que el Estado peruano es responsable por la grave violación de los derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde diciembre del 2022.
Bajo el título “Violación de los derechos humanos en Perú (diciembre de 2022- febrero de 2023)”, el documento señala que “resulta indubitable la responsabilidad internacional del Estado peruano por las violaciones constatadas”.
“Gran parte de las vulneraciones —constatadas—, por su carácter sistemático y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional”, destaca el organismo después de escuchar testimonios en Lima (capital), Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco sobre la muerte de más de 60 personas en el marco de las protestas y la crisis política.
La organización de DD.HH. refirió que el Estado de Derecho y el orden democrático en Perú “se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiéndose garantías judiciales, básicas y elementales”.
Asimismo, denunció la interrupción constitucional en la titularidad del Ejecutivo tras la destitución del expresidente Pedro Castillo sin atender a los procedimientos exigidos en la Carta Magna.
El documento subraya que el Estado peruano “hizo uso de modo abusivo, arbitrario e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DD. HH.”.
A partir de ello, el texto recalca que el actual gobierno transitorio peruano “debe ser investigado por los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas armadas y de seguridad regulares”.
En los últimos meses, tras la asunción de Dina Boluarte el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido el presidente electo Pedro Castillo, se han incrementado el número de protestas en todo el país con una serie de exigencias, tales como la renuncia de la jefa de Estado, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
En medio de las protestas, más de 60 personas han perdido la vida y otras 1970 han resultado heridas, según datos oficiales divulgados por la Defensoría del Pueblo.