La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado marcha atrás y firmado el Programa María Goyri, que destinará 169 millones de euros a las universidades públicas de la región, creando más de 1.000 plazas de profesor ayudante doctor. Esta rectificación llega tras semanas de críticas de la oposición, sindicatos y la comunidad académica, que acusaron a Ayuso de aislar a Madrid y mantener su ofensiva contra la universidad pública. El historial de Ayuso, marcado por la precariedad laboral del 47% en el personal docente y una infrafinanciación crónica, ha dejado a las universidades madrileñas en una situación crítica. Aunque los presupuestos de 2024 incluyen un aumento del 4,2% en las partidas para estos centros, los rectores lo consideran insuficiente, reclamando una subida del 17,9% para revertir el deterioro acumulado. La nueva ley universitaria propuesta por Ayuso también genera polémica. La norma, que fomenta la privatización y restringe la protesta estudiantil, ha sido calificada como un ataque directo a la autonomía universitaria. Estas medidas reflejan un modelo que prioriza intereses privados sobre la calidad y accesibilidad de la educación pública. Mientras tanto, desde el Gobierno central, la ministra Diana Morant lamenta la falta de compromiso de Madrid, recordando que la comunidad destina solo el 0,4% de su PIB a la universidad, muy por debajo de la media nacional. Un reportaje de Chema Molina Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y defiende el periodismo valiente, feminista y de izquierdas: https://bit.ly/3REUOTN Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.