La tensión entre las dos instituciones judiciales más importantes sigue creciendo en torno al caso de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado y sobre todo en torno a sus últimas declaraciones en la sede del alto tribunal.

El magistrado Ángel Hurtado había citado para interrogar a García Ortiz y durante este, a pesar de mantener su versión, se dieron dos particularidades importantes.

Cabe mencionar, que, debido al aforamiento de García Ortiz, la parte de la fiscalía en este proceso debe ser cubierto por la segunda de la fiscalía, para este caso, María Ángeles Sánchez Conde, teniente de fiscal del Tribunal Supremo.

Sánchez Conde, ante la oportunidad de interrogar a García Ortiz, renunció a ello, ya que considera que el registro de su despacho debió haber sido declarado nulo, en sentido contrario, el fiscal general si estaba dispuesto a responder a las preguntas provenientes de la representación de la fiscalía.

Al respecto de este último hecho, García Ortiz lo ha calificado directamente de allanamiento, atribuyendo el comportamiento delictivo al alto tribunal, y sobre todo extendiendo una actuación irregular hacia el magistrado Hurtado.

Además de estas particularidades, García Ortiz se ha negado a responder al juez y a las acusaciones, ya que este considera que la base de la inculpación parte del registro que el mismo fiscal general ha calificado de allanamiento. Este ha explicado también como desconoce el resultado de las diligencias practicadas hasta ahora en el proceso, por ello tampoco podría contestar adecuadamente las preguntas que pudiera hacer el juez Hurtado.