Las sospechas sobre la legalidad de este contrato han abierto una guerra interna en el Partido Popular sin precedentes, que este martes ha llevado a las primeras dimisiones, entre ellas la del portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida.
La Fiscalía Anticorrupción de España este martes ha abierto diligencias por el contrato de la Comunidad de Madrid que involucra al hermano de la presidenta de esta institución, Isabel Díaz Ayuso, después de estudiar las denuncias de los grupos de izquierda en la Asamblea de Madrid.
Este contrato está en el centro del enfrentamiento abierto entre Isabel Díaz Ayuso, y el presidente nacional de su formación, el Partido Popular (PP), Pablo Casado. Este último ha ido perdiendo apoyos en el seno de la formación que preside y se han multiplicado las voces que piden su dimisión y la convocatoria de un Congreso extraordinario que elija un nuevo liderazgo.
Sin embargo, este martes sí se han producido las dos primeras dimisiones en el PP, el principal partido de la oposición en España, después de que el estallido del escándalo la semana pasada haya supuesto la ruptura de la formación en dos bandos irreconciliables.
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha anunciado su renuncia a su cargo de portavoz nacional del PP, tan solo una hora después de que trascendiera que la diputada nacional Belén Hoyo había presentado su dimisión a la Presidencia del Comité Electoral del PP.
¿Qué investiga Anticorrupción?
La Fiscalía Anticorrupción tiene sobre la mesa un contrato celebrado en abril de 2020, en lo peor de la pandemia de coronavirus, con una empresa para el suministro de 250.000 mascarillas por valor de algo más de 1,5 millones de euros.
Sobre este contrato se vierten numerosas sospechas. La principal involucra al hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso. Se denuncia que habría recibido una comisión por su intermediación para la concesión del contrato, lo cual sería ilegal. Sin embargo, su hermana ha dicho que el pago que recibió de más de 55.000 euros más IVA no se trata de una comisión sino del pago de una contraprestación por sus servicios.
Pero las explicaciones de la mandataria han levantado aún más dudas, puesto que los servicios que su hermano prestó, según el comunicado que distribuyó, se corresponderían con la adquisición de las mascarillas en China y su traslado a España. Así, políticos de la oposición, e incluso de su propio partido, se han preguntado cuál era el papel de la empresa adjudicataria si Tomás Díaz Ayuso compró y trasladó las mascarillas a Madrid y han especulado sobre si se trataba de una empresa pantalla para poder contratar con la administración que dirige su hermana, lo que está prohibido.
Por otro lado, la empresa adjudicataria, Priviet Sportive S.L., es propiedad de un conocido de los hermanos Díaz Ayuso, amigo de la infancia de ambos, con el que coincidían todos los veranos en el municipio de Sotillo de la Adrada, en la provincia de Ávila. Se trata de una empresa que nunca se ha dedicado al material sanitario.
Además, al producirse en un momento de emergencia, el procedimiento para la adjudicación se produjo sin seguir los cauces ordinarios y fue aprobado por el Gobierno regional, con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, que no se inhibió.
¿Por qué este contrato ha roto el Partido Popular?
Este contrato ha provocado un tsunami en el Partido Popular porque toda la información que ha trascendido a la opinión pública ha sido difundida por sus líderes.
La primera en hablar sobre él fue la propia Isabel Díaz Ayuso. En rueda de prensa denunció que había sido espiada por su propio partido, por órdenes de la dirección nacional de la formación. Por su parte el órgano de dirección respondió inmediatamente.
En primer lugar el secretario general, Teodoro García Egea, negó las acusaciones de espionaje y anunció la apertura de un expediente informativo contra la presidenta madrileña e, incluso, insinuó que podrían llegar a tomar acciones legales. A continuación, en una entrevista radiofónica, el presidente del PP, Pablo Casado, volvió a negar el espionaje y vertió sospechas sobre la presunta corrupción en la que habría incurrido Díaz Ayuso si se demostrase que había habido un trato de favor con su hermano.