El expresidente se enfrenta a un máximo de 13 años de cárcel por presuntamente ordenar las coacciones hacia los responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conseguir datos de supuestas cuentas de los expresidentes catalanes.
La jueza de Andorra que instruye la querella contra el expresidente popular Mariano Rajoy por presuntas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) en el marco de la ‘Operación Cataluña’ ha encargado a la unidad económica de la policía que investigue el caso. Además ha dado autorización para que puedan intercambiar información con sus homólogos españoles.
Hace poco más de un mes, la jueza andorrana Stéphanie Garcia Garcia, titular del Juzgado de Instrucción 2 del Principado, notificó a Mariano Rajoy, y a los que fueran sus ministros de Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro respectivamente, que se les investiga por supuestas coacciones a BPA para obtener información de políticos catalanes durante el procés.
Ahora, Garcia Garcia ha acordado pedir las investigaciones oportunas a los agentes de policía judicial de la unidad económica y financiera que han tenido conocimiento de las diferentes causas judiciales que afectan a BPA.
El expresidente se enfrenta a un máximo de 13 años de cárcel por presuntamente, en el contexto de las cloacas de Interior desplegadas en el Ministerio del Interior ordenar las coacciones hacia los responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conseguir datos de supuestas cuentas de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, y también del exvicepresidente Oriol Junqueras. Esta operación habría precipitado, con información falsa, la caída de BPA, investigada por blanqueo por el FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement Network, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos).
Los querellantes lo celebran
La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d’Andorra, Drets, y el expresidente de BPA, Higini Cierco. En un comunicado, Drets ha celebrado la decisión de la jueza porque supone ir un «paso más allá» en su propósito de aclarar las supuestas coacciones denunciadas.
Para Drets es importante que se faculte a la policía a andorrana a intercambiar información con otros cuerpos de seguridad extranjeros, teniendo en cuenta que en la nota del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos que precipitó la intervención del BPA por sospechas de blanqueo de capitales tuvo participación el FBI.
