En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones.
Agentes de policía montan guardia mientras los manifestantes contra Luis Arce sostiene una bandera. 11 de octubre de 2021Claudia Morales / Reuters
Líderes de la oposición boliviana convocaron a un paro nacional para este lunes, en una nueva protesta para exigir la derogación de la Ley sobre la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
Patronales del sector transporte, comercio y salud, convocados por los grupos de derecha que se oponen al Gobierno de Luis Arce, han llamado a la paralización de las actividades en todo el país para que se abrogue la también llamada «ley madre». Según el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, si el Ejecutivo no deroga la norma, irán a un paro indefinido.
El Gobierno, por su parte, ha recriminado a los convocantes que no objetaran la ley mientras estaba en discusión, sino que ahora promuevan estas acciones, justo cuando Arce cumple un año de gestión. Asimismo, alertan que la paralización de las actividades económicas podría provocar la pérdida de 112 millones de dólares al día.
¿Por qué están contra la ley?
En agosto de este año, el Parlamento de Bolivia aprobó la polémica norma, conocida como la Ley 1386, que entre otros puntos establece que la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo «podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central mediante decreto supremo», previa consideración y aprobación del consejo que rige la materia.
Esa disposición, establecida en el artículo 7 de la ley, ha sido una de las más cuestionadas por las gremiales, porque consideran le otorga atribuciones discrecionales al Ejecutivo para modificar la norma, sin contar con la validación del Congreso.
Para los convocantes del paro, la normativa es «copiada» de países como Venezuela, por lo que supuestamente traería «miseria y mendicidad» a Bolivia, como dijo en octubre pasado el presidente del conservador Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.
Como es costumbre, la derecha boliviana alega que las decisiones políticas de Arce están de alguna manera influenciadas por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el enemigo predilecto de los sectores conservadores del país andino.
En esa línea, el diputado opositor del partido Creemos, Erwin Bazán, aseveró la semana pasada que el objetivo del Ejecutivo es «pulverizar la economía privada» y llevar a Bolivia hacia «una ‘venezolanización’ de la economía, hacia una ‘cubanización’ del país».
¿Quiénes están detrás del paro?
Desde el Gobierno de Arce han señalado que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los principales promotores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, estaría detrás de la convocatoria al paro nacional indefinido.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Edgar Montaño, apuntó que el Comité Cívico junto con otras organizaciones «que tomaron por la fuerza el poder» en 2019, habrían puesto como excusa la reciente tramitación de la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, para convocar a estas movilizaciones.
«Quiero advertir al Comité Cívico y a sus sectores golpistas que, por cada día de paro, Bolivia pierde 122 millones de dólares y solo el departamento de Santa Cruz, 32 millones de dólares», señaló Montaño el pasado jueves en conferencia de prensa.
A la par del rechazo a la Ley 1386, la Federación de Profesionales de Santa Cruz expresó su molestia por la tramitación de la Ley 342 y el PDES, porque supuestamente le quitaría a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades las facultades de planificación, financiamiento y ejecución de sus planes.
Esto último fue negado por el Ministerio de Obras Públicas. El titular de la cartera recordó que la Constitución boliviana establece que el Estado define la política económica y la planificación nacional, por lo que «no se está violando absolutamente nada».
El Gobierno de Arce ha alertado que la intención verdadera del paro, por parte de grupos de extrema derecha, es desestabilizar al país andino.
«Lo que están buscando es dividir y debilitar a nuestras organizaciones sociales para saquear nuestras riquezas», dijo el vicepresidente David Choquehuanca.
Por su parte, la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, recalcó que el paro afectará a las personas que, de manera cotidiana, se ganan «el pan de cada día».
«Nuevamente la extrema derecha antipatria busca perjudicar con un paro a nuestra querida Bolivia«, escribió Evo Morales en un mensaje publicado el viernes en su cuenta de Twitter.
«No reconocen el esfuerzo del hermano presidente Luis Arce, que junto al pueblo trabajador, se esmera cada día para recuperar y fortalecer la economía. El paro destruye el empleo», agregó el mandatario.
¿Dónde se darán las movilizaciones?
El miércoles 3 de octubre, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció un paro indefinido con alcance nacional, un llamado que fue rápidamente desmentido en los días siguientes.
«No es cierto», aclaró el representante del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, sobre la convocatoria. Además, el vocero criticó que en lugar de reivindicar las necesidades y los proyectos de desarrollo económico de los departamentos, los comités convirtieron todo en «política».
«Este paro perjudica en la salud —por la pandemia del covid-19— y en la reactivación económica del país. Se está manejando políticamente para que el país no avance«, dijo Pérez.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones contra el Gobierno de Arce. Se trata de un territorio con fuerte influencia del Comité Cívico.
El papel del Comité Cívico
Camacho fue presidente del Comité Cívico y uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Morales, además de una de las figuras que respaldó la posterior autoproclamación de Jeanine Áñez.
Apenas un mes después del golpe, Camacho apareció en un video publicado en redes sociales, en donde admitía abiertamente que su padre había llegado a a un acuerdo con el Ejército y con la Policía para que se sumaran a su estrategia golpista contra Morales.
A raíz de la violencia en las calles y tras la presión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, y se exilió en México para salvar su vida.
Es en este contexto que los ministros del Gobierno de Arce se refieren a los intentos de desestabilización por parte del Comité Cívico y otras organizaciones. Durante el anuncio del paro indefinido, el propio presidente de esta organización civil de derecha, Calvo, declaró en conferencia de prensa: «Este puede ser nuestro último ‘round’ de los bolivianos«.