La Policía de ese país concretó millonarios acuerdos comerciales a lo largo de los últimos diez años. Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que frene este negocio hasta que se aclaren la salvaje represión contra manifestantes.
En plena oleada represiva contra las protestas que hoy atraviesan las calles peruanas, Público ha recogido datos oficiales que revelan la magnitud de los negocios alcanzados en ese ámbito con la Policía y las Fuerzas Armadas de Perú, hoy bajo el foco internacional por los asesinatos de al menos 24 manifestantes tras el intento de autogolpe del presidente Pedro Castillo y su fulminante destitución por parte del Congreso.
Según consta en los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Comercio, entre 2012 y 2021 –últimos datos disponibles– las autoridades españolas han autorizado 24 licencias de exportación de material antidisturbios a Perú por un valor de 70.429.599 euros.
A partir de estas cifras oficiales, la base de datos que elabora el Centro Delàs de Estudios por la Paz sitúa a Perú como el principal destinatario de las exportaciones de ese tipo de material autorizadas durante los últimos diez años.
Las compras de material antidisturbios realizadas por los sucesivos gobiernos peruanos han estado dirigidas tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía. Todas esas operaciones han contado con el visto bueno de la Junta Interministerial que tiene a su cargo la concesión de las licencias de exportación de armamento. Sus actas cuentan con carácter secreto gracias a un decreto aprobado por el Gobierno de Felipe González en 1987.
La información disponible permite establecer que entre los productos antidisturbios comprados por Perú figuran cartuchos y artificios lacrimógenos, bengalas, aerosoles de defensa policial, esposas, botes de humo y despieces para el ensamble de artificios lacrimógenos.
Bombas lacrimógenas
Según ha podido confirmar Público, Amnistía Internacional (AI) ha verificado imágenes de policías disparando bombas lacrimógenas directamente y a corta distancia de los cuerpos de los manifestantes en la Plaza San Martín en Lima.
«La fuerza no debería utilizarse sino en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional y con un propósito legítimo, que luego pueda ser sometido a un proceso de rendición de cuentas», ha advertido la organización de derechos humanos en una carta remitida al Gobierno español.
En tal sentido, AI ha pedido al Ejecutivo que «no conceda nuevas autorizaciones de material antidisturbios a Perú hasta que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la actual crisis».
Reclama además que no se permitan acuerdos de ese tipo hasta que se aclare si los funcionarios «utilizan el material antidisturbios de acuerdo con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza». Asimismo, AI ha pedido que no se concedan licencias hasta que se derogue la Ley de Protección Policial que «permite la impunidad de la policía por el uso excesivo de la fuerza», una traba elocuente a la hora de aclarar lo ocurrido durante los últimos días en Perú.
«Las autoridades peruanas deben investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la actual crisis», remarcó.
«Disparan al cuerpo»
El veterano periodista Pepe Mejía, corresponsal para Europa de Lucha Indígena y miembro del colectivo Peruanxs en Madrid, sigue muy de cerca estos acontecimientos. «Las fuerzas antidisturbios utilizan todo tipo de material pero lo habitual son los perdigones, gases lacrimógenos y bala, en ese orden», señaló a Público.
Hace 15 años, Mejía denunció que las autoridades españolas «vendían material de segunda mano» a los cuerpos represivos peruanos «para controlar a manifestantes». Hoy destaca que «el papel de los antidisturbios es crucial en la represión al pueblo peruano en sus movilizaciones». «Además –subrayó–, se coordinan con agentes infiltrados en las movilizaciones».
«Utilizan fusiles de asalto y disparan al cuerpo»
El corresponsal de Lucha Indígena alertó además sobre «la intervención y participación de las FFAA con material de guerra por las calles». «Por las redes circulan numerosos videos en los que se aprecia cómo utilizan fusiles de asalto y disparan al cuerpo, siguiendo la orden que han recibido. Esto se ha dado más en las zonas de Ayacucho y Cusco, dos regiones en donde el poder de las organizaciones indígenas y campesinas tiene un peso histórico», apuntó.
Detenciones y torturas
En una declaración publicada en las últimas horas, AI ha advertido precisamente sobre la represión policial registradas en esas zonas del país, algo que «va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis».
Desde la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional producida el pasado 15 de diciembre, esta organización de derechos humanos ha recibido «numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura».
«Ante la evidencia del impacto negativo de la respuesta militarizada a la actual crisis en el Perú, demandamos el retiro de las fuerzas militares del control de protestas, mientras no se pueda asegurar que quedarán sometidas al mando civil y que actuarán dentro de un marco de derechos humanos sin hacer uso ilegitimo de la fuerza y de armas letales», señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
«Las autoridades le están dando la espalda a la ciudadanía»
Por su parte, Marina Navarro, directora de esa organización de derechos humanos en Perú, advirtió que «las autoridades le están dando la espalda a la ciudadanía y están enviando a las fuerzas del orden a resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo». «La seguridad de la población no se puede garantizar vulnerando derechos humanos», subrayó.