Según un informe publicado el domingo por el diario británico The Guardian, un abogado privado de la monarca presionó en la década de los 70 a unos ministros para que modificaran un proyecto de ley que evitase la revelación de sus acciones en diversas empresas, dado el inmenso patrimonio que posee la familia real.
Haciéndose eco de documentos gubernamentales de los Archivos Nacionales del Reino Unido, el medio sostiene también que Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer&Co, hizo lobby con los miembros del Ejecutivo del premier Edward Heath para modificar una ley de transparencia que tramitaba en 1973 a fin de obstaculizar que los inversores acumularan participaciones significativas secretas en empresas que cotizan en bolsa mediante la compra de sus acciones a través de corporaciones pantalla. Los ministros incluyeron a posteriori una cláusula a la referida ley que eximía al jefe de Estado hacer públicas las empresas y sociedades en las que invertía.
La cláusula, explica el reporte, permitió que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas, de manera que evitó que los británicos supieran de las participaciones e inversiones privadas de la reina hasta al menos 2011.
A día de hoy, agrega el texto, la verdadera magnitud de la riqueza que posee Isabel II y, por tanto, soberana de dieciséis Estados independientes constituidos en el reino y esparcidos por todo el mundo, nunca ha salido a la luz, aunque se estima que asciende a cientos de millones de libras esterlinas.
El rotativo británico asegura que descubrió el referido cabildeo monárquico en el marco de una investigación sobre el uso por parte de la familia real de un procedimiento parlamentario, conocido como el ‘consentimiento de la reina’, “para influir secretamente en la formación de las leyes británicas”.
El citado procedimiento, que se estableció desde hace mucho tiempo, consiste en que el Parlamento del Reino Unido cada vez que quiera debatir sobre proyectos de ley que afecten a los “intereses de la Corona” debe pedir el consentimiento de la soberana británica, recoge la filtración.