Los negocios armamentísticos con Arabia Saudí están en el punto de mira desde hace varios años. Ya en 2018, Margarita Robles, actual ministra de Defensa, se vio obligada a esclarecer el suceso en torno a la venta de armas al país días antes del asesinato perpetrado en su consulado de Estambul que acabó con la vida del periodista crítico Jamal Khashoggi, lo que supuso una sonada violación de los derechos humanos. Sin embargo, días después anunciaron desde la bancada socialista la no supresión de los mismos.

De facto, el último movimiento de la Ministra de dar luz verde a que el accionariado de la principal empresa nacional de la industria de munición, Maxamcorp Holding SL (encabezada por su filial Expal), pasase a estar controlado por una entidad multinacional de Luxemburgo, Prill Holdings SARL, cuyos dos únicos socios son empresas con sede fiscal en las Islas Caimán, estuvo muy señalado justamente por las acusaciones que rodean a las prácticas productivas del entramado.

En concreto, Expal ha estado involucrada en numerosas ventas de explosivos y munición a países acusados de violar sistemáticamente los Derechos Humanos. Por ejemplo, antes de la prohibición de su uso en 2010, la filial de Maxamcopr se dedicaba a la fabricación y exportación de minas antipersona y bombas de racimo (aunque, según fuentes, se llegaron a usar en la Guerra de Libia de 2011). Más recientemente, ya en febrero de 2020, cuando estalló el caso de la venta de armas de Arabia Saudí, se conocía que Expal mantenía encargos, temporalmente paralizados, con este país. Asímismo, se le conocen relaciones económicas con Turquía e Israel.

Desde entonces, múltiples organizaciones impulsadas, sobre todo, por la reiterada masacre que se produce en Yemen desde 2015, han iniciado procesos judiciales para conocer cuál es la dimensión de las relaciones de venta de armas entre España y Arabia Saudí, algo que produce preocupación en partidos y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos. «Una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí para ser usadas en la guerra de Yemen», señalaba Ione Belarra a Margarita Robles.

Uno de esos recursos legales lo ha protagonizado Greenpeace ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que buscaba poner fin al hermetismo de las contrataciones y la opacidad en la venta de armas. La Abogacía del Estado ha contestado el requerimiento, y asegura que revelar dicha información supondría un “conflicto”.

«Si España procediese a facilitar el listado de productos adquiridos por Arabia Saudí para este fin, existiría un evidente riesgo de provocar un conflicto internacional, con un operador clave en Oriente Medio, a lo que se le une la desconfianza que se generaría en la comunidad internacional ante la difusión de información sensible para la seguridad interna e internacional de terceros países por parte de España, de manera oficial», informaba la Abogacía.

Las cuestiones relacionadas con el armamento estatal y la relación con otros países se considera Secreto de Estado, y basa su opacidad en una ley de secretos oficiales heredada desde el franquismo, que profundizó Felipe González clasificando como secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso.