Rabat echa un pulso a Berlín por la disputa sobre la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. España hace equilibrios para mantener su postura tradicional al respecto
La nota alude a “malentendidos profundos” con Alemania “a propósito de cuestiones fundamentales para el Reino de Marruecos”, pero no explica los motivos de tan drástica decisión, que no llega a ser una ruptura diplomática. Están, obviamente, relacionados con la postura de Alemania con relación al monotema de la política exterior marroquí: el Sáhara Occidental.
La diplomacia española ya estaba en aprietos debido a la iniciativa del entonces presidente Donald Trump de reconocer, el pasado 10 de diciembre, la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Ahora, la crisis desatada por Rabat con Berlín constituye un aviso al Gobierno español para que se distancie de su posición tradicional y adopte una aún más conciliadora con los intereses de Marruecos, según señalan fuentes diplomáticas.
La relación entre España y Marruecos no pasa ya por su mejor momento, prueba de ello es que la cumbre bilateral solicitada por el jefe de Gobierno, Saaedine el Othmani, y convocada para el 17 de diciembre, fue aplazada, a petición marroquí, hasta febrero, pero tampoco se celebró el mes pasado. Ahora ya no hay ni fecha prevista para esa cita. Esta reunión debe, en teoría, ser anual, pero la última tuvo lugar en 2015.
La bandera en el Parlamento de Bremen y el tuit solidario con los saharauis que puso además esa institución fueron la gota de agua que hizo desbordar el vaso de la paciencia marroquí. Rabat empezó a perderla con Alemania hace casi tres meses, justo después de haber cosechado su mayor éxito diplomático de los últimos tiempos, el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara por una potencia occidental, nada menos que EEUU.
Tras el anuncio de Trump en diciembre, el embajador alemán ante Naciones Unidas, Christoph Heusgen, que entonces presidía el Consejo de Seguridad, pidió una reunión de este órgano para valorar la situación en esa antigua colonia de España (1884-1975). A la salida, el 21 de diciembre, Heusgen describió el Sáhara como un territorio “ocupado”. Señaló que fue Marruecos el que “lanzó la operación militar” en noviembre para despejar la carretera de Guerguerat, en el sur del Sáhara, “y, como réplica, el Polisario dejó de respetar el alto el fuego de 1991”. Empezó así una guerra de baja intensidad. “Una creciente frustración del Polisario puede generar radicalización, terrorismo y emigración”, advirtió, invitando a Rabat a negociar.
Dos días después, Niels Annen, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, fue aún más contundente en una entrevista con ‘Der Spiegel’. “Rechazamos el reconocimiento a costa de una de las partes”, recalcó, criticando la iniciativa de Trump, una decisión por ahora mantenida por el presidente Joe Biden. Lo sucedido “es contrario a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU”, resaltó.
“Berlín mostró así hacia el Reino y su integridad territorial [su soberanía sobre el Sáhara, en el lenguaje diplomático marroquí] una hostilidad inacostumbrada”, denunciaba el martes el diario digital ‘Le 360’, el medio más afín al palacio real. Alemania actúa en sentido opuesto al solicitado por Marruecos, cuyo ministro de Exteriores instó a los europeos, el 15 de enero, a “salir de su zona de confort y seguir la dinámica de EEUU”. “Una parte de Europa debe de ser atrevida porque tiene una cercanía con ese conflicto”, añadió, en una clara alusión a España, la antigua potencia colonial.
España tiene tanta cercanía que, aunque los sucesivos gobiernos traten de desentenderse del Sáhara, el último informe del secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Jurídicos, Hans Corell, consideraba en 2002 que era la potencia administradora del territorio aunque no pudiera ejercer esa labor. Desde entonces, no ha habido ningún informe que invalide el de hace 19 años.
Cada vez que toma la palabra, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hace equilibrios tratando de mantener la postura tradicional de España sobre el contencioso, pero sin molestar al vecino del sur. A diferencia del alemán Niels Annen, ha rehusado rechazar la decisión de EEUU, pero ha insistido en que “las cuestiones internacionales no se pueden solucionar con el unilateralismo” y es necesario “buscar el consenso de la comunidad internacional”. La ministra nunca menciona ya la autodeterminación de los saharauis, en la que sí insiste, en Twitter, el vicepresidente Pablo Iglesias.
Bajo cuerda, la diplomacia española se muestra más comprensiva con la posición marroquí, pero a ojos de Rabat se queda corta, sobre todo en público. “El país vecino lleva a todo vapor, abiertamente y también con discreción, una campaña hostil a Marruecos para lograr que el equipo recién instalado de Biden vuelva a la posición tradicional de EEUU” sobre el Sáhara, escribía en febrero el diario digital ‘Hespress’, el más leído en el país. La diplomacia española sospecha que no se celebrará ninguna cumbre con Marruecos mientras España no haga un gesto de apoyo a la ‘marroquinidad’ del Sáhara. Teme incluso que, si este no se produce en los próximos meses, Rabat busque un pretexto para desatar una crisis con España de características similares a la que desencadenó con Alemania.
Marruecos ya cortó la cooperación en materia de seguridad con España, en agosto de 2014, después de que la Guardia Civil interceptase, por error, en aguas de Ceuta la embarcación en la que navegaba Mohamed VI rumbo a Tánger. Con Francia la suspendió 11 meses, de febrero de 2014 a enero de 2015, después de que la policía judicial francesa intentase en vano que Abdellatif Hammouchi, máximo responsable de la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST, policía secreta), compareciera ante una jueza instructora francesa. Un par de exiliados marroquíes le acusaban de haberles torturado. Hammouchi estaba de visita de trabajo en París cuando la policía se presentó en la residencia del embajador de Marruecos.
En círculos diplomáticos, se teme una crisis entre Rabat y la Unión Europea si, a finales de año, el Tribunal de Justicia de la UE invalida los acuerdos, renovados en 2019, sobre agricultura y pesca. El bufete de abogados Devers, contratado por el Frente Polisario, ha recurrido esos acuerdos porque incluyen una extensión para el Sáhara que consideran no se ajusta a la legalidad internacional. Si la Justicia europea echa por tierra esos acuerdos, la flota pesquera europea, en un 85% española, deberá abandonar inmediatamente las aguas saharianas donde efectúa más del 90% de sus capturas.