El presidente mexicano recalca que su Ejecutivo no es “pelele” ni “empleado” del Gobierno de EE.UU. para promover políticas migratorias de Washington.
“No aceptamos presiones de ningún Gobierno, México es un país independiente, soberano, y somos más libres que nunca. Sí, tenemos esta situación que nos preocupa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles o de empleados del Gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo orden y ayudando, protegiendo”, recalcó el miércoles Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario negó recibir presiones de EE.UU., asegurando que su Ejecutivo no se deja “presionar por ningún Gobierno extranjero” y actúa con apego a los principios de su propia política exterior.
De este modo, López Obrador respondió a las críticas que ha recibido sobre la situación en el sur de México, donde en días recientes se han conformado y desmantelado por las fuerzas de seguridad mexicanas varias caravanas migrantes que buscan avanzar hacia el norte del país.
Bajo la presión de Estados Unidos, México desplegó a su Guardia Nacional y a más agentes de migración para desmantelar las caravanas migrantes que parten rumbo Estados Unidos.
La represión de estas caravanas por parte de agentes de seguridad, como la Guardia Nacional, ha sido muy criticada por defensores de derechos humanos.
El miércoles, cuatro organizaciones mexicanas defensoras de los derechos de migrantes informaron que han denunciado legalmente al Gobierno de México y al de EE.UU. por realizar “expulsiones en caliente” de migrantes vía aérea, desde aeropuertos estadounidenses a la frontera sur mexicana con Guatemala, bajo el llamado Título 42 de la ley estadounidense.
“Entre el 5 y 31 de agosto se registraron 34 vuelos provenientes de EE.UU. [al sur de México con personas migrantes expulsadas], acciones violan el derecho al debido proceso y al asilo, establecido en la legislación nacional e internacional”, afirma el informe sobre el proceso legal abierto contra el llamado Título 42 de la ley estadounidense.
Se trata de la queja de las organizaciones Asylum Access México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras, y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
En lo que va del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, más de 750 000 migrantes han sido expulsados bajo el Título 42 de las leyes sanitarias estadounidenses, figura que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) a ejecutar expulsiones de migrantes “en caliente”, con el argumento de las medidas sanitarias contra la pandemia del coronavirus, causante de la COVID-19.
Pese a que la Administración de Donald Trump (2017-2021) fue la que comenzó el bloqueo y expulsión ilegal de personas en la frontera en marzo de 2020, su sucesor Joe Biden continúa con esta política de manera que el pasado 2 de agosto emitió una nueva orden, bajo el mismo argumento, para continuar con las deportaciones.
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