La paz total no es simplemente el desarme negociado de los 18.000 hombres que el think tank Indepaz les calcula a los 22 grupos armados que han manifestado que quieren sumarse a esta política. Para comparar: 17.000 era la cifra de combatientes que se supone que tenían las FARC antes de pactar la paz en 2016. Finalmente, se desmovilizaron 13.000.

La paz total es generar un entorno para acabar con la guerra de una vez. Buscarle soluciones al conflicto social generado por la desigualdad, la exclusión y la ausencia de oportunidades y apuntarle a construir justicia social, ambiental y económica.

«La paz total es una tarea de toda la ciudadanía», advirtió Petro en su primer discurso como presidente, el 14 de septiembre, e invitó a participar en 50 diálogos regionales de aquí a finales de noviembre, incluido uno por Internet con la diáspora. Cada diálogo durará dos días y medio; sus conclusiones serán vinculantes y el Gobierno dice que las incluirá en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que debe presentarle al Congreso el 7 de febrero como fecha límite.

Por ahora, el Ejecutivo cuenta con los votos suficientes para sacarlo adelante. Sumando el apoyo expreso de sectores tan diferentes como el partido Comunes, de las antiguas FARC, y el partido Conservador tiene 75 de los 108 votos del Senado y 140 de 187 en la Cámara de Representantes.

La participación en los diálogos regionales podrá ser virtual mediante líneas abiertas, y en escenarios públicos con mesas temáticas sobre ordenamiento territorial y paz total;
seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación energética y justicia ambiental, y convergencia social-regional. Las convocatorias para asistir se harán a través de medios de prensa y redes sociales.

Habrá entre seis y siete encuentros simultáneos por semana. El primero comenzó este mismo viernes 16 en Turbaco, un municipio aledaño Cartagena de Indias que en el momento álgido de la guerra recibió a una enorme masa de desplazados que huían para salvar la vida. El alcalde de Turbaco es Guillermo Torres, ex FARC firmante de la paz y cantautor de 68 años hoy empeñado en llevar agua corriente a todas las viviendas de Turbaco.

Los diálogos regionales tienen una metodología participativa diseñada por el Departamento de Planeación Nacional. No habrá exclusiones, podrá ir quien quiera a expresar todas sus necesidades insatisfechas, y además se definirá, idealmente de manera colectiva, una prioridad, con el fin de poner el dedo en los cambios indispensables para cimentar la paz total: puede ser una carretera, educación, Internet, la defensa del agua, del bosque… Cada reunión será amadrinada por una ministra o ministro y el presidente Petro participará en algunas. Estarán las autoridades locales y representantes de todas las instituciones.

La misma noche del discurso de Petro, en el espacio del veterano periodista Yamid Amat, el curtido defensor de derechos humanos Danilo Rueda resumió lo logrado en un mes en el cargo como Alto Comisionado para la Paz y con la ayuda del canciller Álvaro Leyva, un respetado batallador por la paz desde hace cuarenta años.

Al respecto ya se sabía que se descongelaron las negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), después del compromiso formal de la Cancillería colombiana de que el Estado ahora sí cumplirá los protocolos pactados ante garantes internacionales y que el ultraderechista presidente Iván Duque ignoró. Los negociadores del ELN llevaban cuatro años en Cuba, aunque Público ha podido saber que en enero Petro se entrevistó en España con Antonio García, uno de los líderes elenos.

Lo último que afirmó el Alto Comisionado, Danilo Rueda, es que él personalmente se ha reunido en suelo colombiano con los jefes del remanente Estado Mayor de las FARC, un sector que se retiró de la negociación en La Habana argumentando que si la guerrilla entregaba las armas, el Estado no iba a cumplir el acuerdo de paz.

También ha habido acercamientos con otro sector remanente, Segunda Marquetalia, integrado por el exjefe negociador de las FARC en La Habana Iván Márquez y otros antiguos mandos que se refugiaron de nuevo en las armas ante la amenaza de terminar extraditados a EEUU mediante entrampamientos (montajes) ilegales que han buscado hacer pasar por narcotraficantes a varios exlíderes guerrilleros. Rueda confirmó que Iván Márquez, de quien se rumoreaba que había muerto en una incursión de francotiradores en junio, es uno de los que ha enviado los mensajes de paz exploratorios. Está vivo, aunque recuperándose del ataque. Se supone que permanece en Venezuela.

Mientras por parte del ELN ha habido sucesivas liberaciones de secuestrados desde el triunfo electoral de Petro en junio, en el caso de estas dos vertientes de las antiguas FARC ha habido «medidas de desescalamiento», según reveló Rueda, que han beneficiado a determinadas poblaciones. Dijo algo clave: estos guerrilleros «identifican que la población que está afectada, está cansada de la guerra», y «podemos estar ad portas» de un cese al fuego multilateral. Pero en la paz total la clave es no dejar cabos sueltos.

Por eso mismo, también ha habido acercamientos con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos como Clan del Golfo, un grupo paramilitar y narco sumamente violento cuyo jefe, Otoniel, fue extraditado por Duque a EEUU lo más rápido que pudo tras su captura en octubre 2021, pues el hombre estaba hablando sin cesar y salpicaba de ese modo a muchos poderosos, tanto de corbata como de uniforme.

Las AGC manifestaron desde el 7 de agosto (cuando tomó posesión Gustavo Petro) voluntad de acogerse a la paz total. Venían asesinando casi a diario a policías que no fueran sus cómplices y el hecho es que esa dramática matanza cesó a partir del Gobierno de Petro. El propio Alto Comisionado se ha reunido también con elementos de este grupo armado: lo llama «diálogo socio-jurídico» porque el Clan del Golfo «tiene arraigo social», como advierte Rueda, y se ha mostrado capaz de sustituir al Estado ausente ante determinadas demandas de la población. A las AGC se le han planteado garantías jurídicas y respetarles la vida, así como los derechos a la población sobre la cual tienen influencia. «Se trata de transitar hacia el Estado de derecho», en palabras de Rueda.

Aunque en algunos territorios ya es palpable la disminución de la confrontación, aún hay zonas de combate. La oficina de Rueda ha viajado a la profundidad de esos territorios buscando que la violencia disminuya.

Los acercamientos que se han dado en cinco semanas de Gobierno por ahora se han limitado a determinar si estas tres agrupaciones armadas tienen voluntad real de formar parte de la paz total. El primer llamamiento del Ejecutivo es que haya gestos de desescalamiento de la confrontación y de respeto a la población civil: «No matar, no desaparecer, no desplazar, no confinar», afirmó Rueda, haciendo referencia con este último término a la prohibición de huir que se impone a una comunidad.

Para que estos esfuerzos no se revienten es importante no mezclar, advirtió en conversación con Público el profesor Alejo Vargas, del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, quien reclamó que hace falta un documento de política pública para evitar malentendidos.

Los diálogos regionales que comenzaron en Turbaco no tienen que ver con los diálogos regionales que siempre ha propuesto el ELN en toda negociación: «Para los elenos habrá una mesa específica y ellos definirán cómo será la participación de la sociedad», puntualizó, «ellos se niegan a que los traten como a los demás». Adicionalmente, «hay bastantes incertidumbres que van a evidenciarse en el momento en que el Alto Comisionado Rueda formalice unas conversaciones» con grupos como el que se reivindica como la continuidad del Estado Mayor de las FARC.

Por otra parte: ¿cómo se conjuga la paz total con la presencia en Colombia del sanguinario cartel de Sinaloa y de otros carteles de Europa oriental? En la costa pacífica colombiana hay grupos armados que tienen estrechas relaciones con estos carteles: es otro escenario distinto frente al cual «no se tiene tan claro cuál va a ser finalmente la política que asuma el Gobierno de Petro sobre narcotráfico y cultivos de coca. El gran problema es que no tenemos documentos de política», tampoco sobre paz total, reiteró el experimentado analista en seguridad.

«Tenemos enunciados, iniciativas de ley; sabemos que se va a priorizar la sustitución voluntaria antes que la forzosa; que no se va a usar el glifosato» para destruir los cultivos destinados a narcotráfico y que como política central se va recuperar el derrotero sobre drogas que fijó el acuerdo de paz con las FARC, pero «esos son esbozos», alerta.