La Generalitat ha multado con 4.000 euros a dos participantes en la marcha de España 2000 en Benimaclet (València) el pasado 12 de octubre por exhibir banderas franquistas en la vía pública. Es la primera vez que la Generalitat impone sanciones por este tipo de hechos.
Así se especifica en las sanciones a dos participantes a las que ha tenido acceso Europa Press. Se les impone esta cantidad por incumplir la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas, lo que se considera una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática valenciana. Contra la sanción cabe recurso de alzada y esta resolución no pone fin a la vía administrativa.
La sanción llega tras un proceso en que las personas multadas han alegado que dichos actos «no son constitutivos de infracción», así como que la bandera con el águila de San Juan no es «ni preconstitucional ni anticonstitucional».
No obstante, la resolución concluye que el escudo que exhiben es el franquista, que estuvo en vigor entre 1938 y 1977, por lo que es «contrario a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas», de acuerdo con la ley de la Generalitat.
Así, la resolución justifica los 4.000 euros de sanción (la ley contempla entre 2.001 y 10.000 euros) ya que la Generalitat debe «evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación de la sublevación militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron la sublevación militar y la dictadura».
«En este caso, la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, junto a la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista, y, por tanto, de quienes ocasionaron un grave quebranto al régimen de libertades y al sistema democrático del estado español, cuya repetición de futuro debe ser prevenido y evitado por los poderes públicos», reza la resolución.
De igual manera, la exhibición en el transcurso de la manifestación de símbolos franquistas, considera que «comporta además una inaceptable difusión pública del desprecio y humillación de las víctimas que a causa de la defensa de los valores democráticos fueron objeto de un largo historial de terror, persecución y eliminación por parte de la dictadura franquista».
Esto «añade un perjuicio a la dignidad de las víctimas y a la de sus familiares en forma de ofensa pública, circunstancia que por aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones necesariamente debe operar como agravante de la sanción y en aras a la prevención de futuras conductas de igual contenido».