El personal de la planta de tratamiento y reciclaje de basuras de la ciudad denuncia en la Inspección de Trabajo la insalubridad e inseguridad de sus condiciones de trabajo y el deterioro progresivo de las instalaciones.
Los trabajadores de la planta de reciclaje de basuras de Nostián, en A Coruña, que gestiona la empresa Albada han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones de inseguridad e insalubridad en las que aseguran se ven obligados a desarrollar su tarea.
Según el comité de empresa, el mal estado de las instalaciones provoca inundaciones en varias zonas, donde se acumulan los detritus mezclados con el agua embalsada y se producen goteras y lluvias recurrentes sobre los cuadros eléctricos y las zonas de paso y de trabajo. El sistema de ventilación, que debería garantizar la eliminación de partículas peligrosas en las áreas de trabajo, está estropeado desde hace siete años, y sus bocas de aspiración, desconectadas.
Los trabajadores, sin convenio colectivo desde enero de 2020, acaban de denunciar que la factoría ha dejado de reciclar la basura que los coruñeses segregan en sus casas, ya que la escasez de plantilla provoca que una de las dos líneas de separación de los residuos no cuente con el personal necesario para hacerlo.
La empresa, por su parte, niega que exista circunstancia alguna que ponga en peligro la salud o la seguridad de sus empleados, sostiene que la planta recicla aún más que antes y atribuye las denuncias a una «estrategia sindical de falsas acusaciones» dirigida a presionar a la dirección para negociar el nuevo convenio.
La planta de Nostián fue en su día un ambicioso proyecto verde que pretendía hacer de A Coruña una de las ciudades pioneras en el reciclaje de residuos, después de que su anterior modelo de tratamiento de basuras, que no consistía en otra cosa que en un colosal vertedero de 200.000 metros cúbicos a las afueras de la ciudad, se viniera literalmente abajo en 1996.
La planta costó cerca de 50 millones de euros, se financió con fondos de la UE y se inauguró bajo el Gobierno del socialista Francisco Vázquez como una moderna instalación, capaz de reciclar y minimizar los vertidos de materiales inorgánicos y de emplear la materia orgánica para producir compost de uso agrícola y biogás para alimentar el alumbrado público.
A los pocos meses de la inauguración, uno de los digestores de gas explotó. Apenas siete años después, se constató que la capacidad de reciclaje era mucho menor de la esperada cuando se completó el llenado de los tres depósitos para rechazos imposibles de recuperar, que según el proyecto inicial debían haber durado tres décadas.
Nostián recibe alrededor de 200.000 toneladas anuales de residuos de A Coruña y otros ocho municipios de su comarca que suman 400.000 habitantes. Desde 2008, la mayoría de esa basura se traslada a un vertedero de otro municipio. Y los depósitos de la planta agotados en 2007 ni siquiera han sido sellados.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo ha ordenado en varias ocasiones y la Xunta de Galicia ha abierto expedientes e impuesto sanciones, pero tanto Albada como el Ayuntamiento, que preside la socialista Inés Rey, no se ponen de acuerdo para repatirse los más de 3,2 millones que costaría clausurarlos y evitar filtraciones tóxicas.
No es la primera vez que los problemas entre empresa y Ayuntamiento han pasado por los tribunales. En 2009, la compañía reclamó 32,5 millones por sobrecostes de gestión, y en 2019, al expirar la concesión, el Gobierno de Rey intervino la planta y ordenó a Albada a seguir gestionando el servicio en régimen de prórroga forzosa en una actuación que la justicia consideró ilegal pero con sentencia también pendiente de firmeza.
El resultado es que aquel proyecto verde que comprometió hace casi un cuarto de siglo a los coruñeses a separar sus basuras en casa para reciclarlas, producir abono agrícola y gas ecológico, se encuentra en plena decadencia. Y las imágenes del interior de Nostián muestran un aspecto de deterioro y descuido que recuerdan demasiado a las de un basurero convencional.
El presidente del comité de empresa de Albada, Hadrián Canosa, asegura que las instalaciones «se caen a pedazos» y que el tejado de la zona de pretratamiento lleva años en pésimas condiciones. «Presentamos varias denuncias en Trabajo tras la que se le indicó a la empresa que debía repararlo, pero sólo ponen parches que no resuelven el problema». «Llueve sobre el personal que trabaja en esa nave, sobre las zonas de paso, sobre las escaleras y sobre un cuadro eléctrico», añade. También sobre la basura acumulada en el interior de las instalaciones.
Canosa advierte de que la situación se ha extendido a otras zonas de la planta que también están sufriendo inundaciones «por falta de mantenimiento preventivo y correctivo», y que el circuito de aspiración que debería eliminar las partículas en suspensión por el riesgo biológico que supone el material con el que se trabaja, está averiado desde 2015.
Nostián es de titularidad municipal, pero está gestionada por la unión temporal de empresas entre la alemana Babcock Comunal y Urbaser, la firma que la multinacional china Firtion Investments adquirió en 2016 al conglomerado societario de Florentino Pérez.
A pesar de la denuncia de los trabajadores, Albada asegura que no hay ningún hecho relevante que ponga en peligro su seguridad ni su salud. «Tenemos goteras desde hace quince años y se van haciendo reparaciones a medida que surgen los problemas, que en cualquier caso no afectan a ningún cuadro eléctrico porque toda la instalación eléctrica está diseñada para trabajar a la intemperie a pesar de estar a cubierto», indica la empresa.
Con respecto al sistema de ventilación, Albada asegura que la avería no supone tampoco «riesgo alguno ni para la higiene ni mucho menos para la salud» de quienes desempeñan su labor en un recinto «donde se trabaja en régimen de puertas abiertas y con suficiente ventilación natural». Y advierte de que en el orden del día de la reunión que acaba de proponerles el comité de salud e higiene de los trabajadores «no se habla para nada del sistema de aspiración».
Albada está trabajando en régimen de prórroga obligAToria desde que en 2019 expirara la concesión de veinte años otorgada por el Ayuntamiento. El Gobierno local ha prometido que el pliego de condiciones de la nueva licitación estará listo este otoño y que el concurso se presentará el próximo año.
«La empresa no puede hacerse cargo de reformas estructurales de la planta porque desde hace dos años ya no es la concesionaria», explican fuentes de Albada, que añade que los trabajadores «pretenden que el nuevo pliego de condiciones de la futura concesión incluya el nuevo convenio«. «Y eso tienen que negociarlo con el Ayuntamiento, no con la empresa».
