Casi veinte personas han testificado delante del juez del Supremo Ángel Hurtado, incluido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, ambos procesados este lunes. Fiscales, periodistas, el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta Ayuso; su abogado y agentes de la UCO. Pero de todo lo cosechado durante la instrucción, que comenzó hace ocho meses, parece que el juez Hurtado solo ha tomado en consideración los informes de la UCO, que en noviembre de 2024 ya apuntaban a la «participación preemiente» del fiscal general en la filtración del correo electrónico que el abogado de la pareja de Ayuso envió a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 confesando en nombre de su cliente la defraudación de 350.000 euros al fisco.

Este podría ser el resumen de la investigación del juez Hurtado, el mismo que emitió un voto particular contra la condena a título lucrativo al PP en el primer juicio por Gürtel; el mismo que pasará a la historia por ordenar que la Guardia Civil irrumpiera en el despacho del fiscal general del Estado para requisarle todos sus dispositivos electrónicos, una medida tildada de desproporcionada en el marco de la investigación por la filtración a la prensa de la confesión de un presunto empresario defraudador fiscal. González Amador fue denunciado por la Fiscalía el 5 de marzo de 2024.

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