El miércoles, la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos anunció la nominación del Gobierno de México y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dentro de las ocho personas e instituciones propuestas para recibir el reconocimiento para el Control de Armas en 2021. Esta nominación se debe a que, en un hecho inédito, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 4 de agosto una demanda civil ante una corte federal de Boston contra once empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusó de emprender «prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México».

Entre los demandados están algunos de los mayores fabricantes de armas, como Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A, Colt’s Manufacturing Company y Glock. El Gobierno mexicano considera que a varias de estas compañías les falta una mayor responsabilidad civil y corporativa. Incluso el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó en una de sus conferencias que estas compañías «hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada». El Jefe, El Grito y Emiliano Zapata 1911 son algunos de los modelos más solicitados por los narcos mexicanos.

Por otra parte, el relajamiento de las normas para adquirir armas en Estados Unidos ha alimentado un tráfico constante, así que mientras los narcotraficantes mandan toneladas de droga hacia el vecino de norte, las armerías se hacen de muchísimo dinero producto de los envíos en sentido inverso.

México calcula que alrededor de medio millón de armas son introducidas anualmente en el país y dado que está dinámica dató de principios de siglo, la estimación es que hay al menos 10 millones de armas estadounidenses que cruzaron la frontera ilegalmente y cuyo destino principal ha sido el crimen organizado. La mayoría fueron adquiridas en negocios ubicados en estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde existen más de 20.000 establecimientos autorizados para la venta. Alrededor del 70 por ciento de los asesinatos en México se llevan a cabo con esas armas, por lo que al menos 24.000 homicidios al año estarían vinculados a ellas.

El problema de la violencia en México es demasiado complejo como para que pueda atribuírsele toda la responsabilidad a un par de culpables, puesto que hay muchos más actores involucrados ya sea por acción directa, omisión o negligencia. Por esta razón, cuando México asumió hace ya casi un mes la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Ebrard dedicó su discurso al tráfico ilícito de armas que se ha convertido en una amenaza permanente contra la paz y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos.

Esta demanda no ha estado exenta de polémicas. Rusia, Siria, Irán e Indonesia se opusieron al debate en el Consejo de Seguridad al considerar que el tráfico ilegal de armas debe discutirse desde la Asamblea General. En Estados Unidos, algunos juristas y la influyente Asociación Nacional del Rifle consideraron que la demanda atentaba contra el derecho que tiene todo ciudadano estadounidense a poseer y portar armas. Mientras que en México, la oposición reclamaba que esta queja perjudicaría la relación entre ambos países.

Ante estas confusiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que la demanda que se interpuso no implica de ninguna manera al Gobierno estadounidense ni que tampoco atenta contra la Segunda Enmienda; y ante la ONU, Marcelo Ebrard afirmó que no se trataba de cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino de denunciar prácticas indolentes.

En una repuesta conjunta, las armerías apuntaron que en lugar de tomar las medidas necesarias como mejorar la seguridad fronteriza, erradicar la corrupción y financiar adecuadamente a la Policía y al Ejército, México, en cambio, se las ha responsabilizado y exhibido de manera irracional.

El Gobierno mexicano, por su parte, arguye que sabiendo que sus armas son utilizadas por el crimen organizado en México, las compañías no toman ninguna medida de control para monitorear e impedir que sus distribuidores le vendan varias armas a una misma persona, que se utilicen prestanombres o incluso que se manden por correo.

Este enero de 2022 se celebrará en la Corte de Massachusetts la audiencia para definir si se desecha la demanda o procede. Aunque pasara lo último, estamos lejos de ver un desenlace. Dos años le tomó al Gobierno de México preparar el caso, por lo que podríamos esperar un tiempo igual o mayor para la discusión de los argumentos y el desahogo de pruebas. Sin embargo, ya se ha logrado el impacto deseado. Si Estados Unidos pone como sus principales puntos de la agenda el narcotráfico y la inmigración, México pondrá en la palestra el tema del tráfico de armas y a esto deberá sumársele el de lavado del dinero de la droga que se hace en las instituciones bancarias estadounidenses y en su sistema financiero.

En las relaciones bilaterales siempre hay responsabilidades compartidas, y así es como deberían de abordarse estas cuestiones en el futuro.