La decisión de Argel de suspender el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España conlleva un quebradero de cabeza adicional para el Gobierno de Pedro Sánchez, acarreando no solo un deterioro significativo para la economía española sino también consecuencias políticas graves respecto a la relación con el Magreb.

A estas alturas es más que evidente que el Ejecutivo de Sánchez cometió un grave error al reconocer de facto la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, error que no solo no ha enmendado sino en el que se ha reafirmado creando una situación muy complicada para los intereses de España en su frontera del sur.

Salir de este embrollo se presenta como una empresa imposible. Rabat no aceptará una vuelta atrás de Madrid mientras que las acciones que está adoptando Argelia muestran que las relaciones con España han dejado de ser prioritarias puesto que ese país no ve al Gobierno de Sánchez como un aliado serio.

El presidente del Gobierno se guía a menudo por impulsos que le salen de dentro y que solo son racionales en apariencia, y esto no es una buena manera de gobernar, algo que se ha hecho patente con la maraña que ha creado con la antigua colonia ocupada por Marruecos desde la evacuación de España a mediados de los años setenta.

El embrollo es más grave si se considera que Rabat ha demostrado una y otra vez que no es un socio fiable. No ha sido fiable en el pasado y nada indica que vaya a cambiar de rumbo en el futuro. Las tensiones de Marruecos con España vienen de lejos, pero más allá de las difíciles relaciones bilaterales, se ha de señalar que el régimen Marruecos parece sustentarse en las tensiones permanentes que mantiene con todos sus vecinos.

El objetivo central de Rabat es consolidar la ocupación del Sáhara Occidental, y para ello está dispuesto a todo. Como antigua potencia colonial, España no debería haber caído en la trampa de reconocer la soberanía marroquí, especialmente si se tiene en cuenta que ese reconocimiento socava la justicia internacional y los intereses de Madrid.

La rivalidad con Marruecos ha conducido a Argelia a defender como nadie el derecho internacional en el asunto del Sáhara Occidental. Existen resoluciones de los foros mundiales que sustentan esa posición que hasta hace unas semanas también defendía España, pero que de repente ha dejado de lado sin obtener ninguna garantía convincente de Rabat y poniendo en peligro las relaciones con Argel.

Al conocer la suspensión del tratado de amistad, que tiene una antigüedad de dos décadas, puesto que se firmó en 2002, el Gobierno español ha salido al paso diciendo que va a defender sus intereses nacionales y los intereses de las compañías españolas que se verán afectadas por la decisión argelina.

Sin embargo, el margen de maniobra es escaso, por no decir nulo, puesto que Madrid ha quedado a merced de sus propios vaivenes. Por un lado, las relaciones con Argelia han empeorado de la noche a la mañana, y por otro lado Marruecos ha mostrado de una manera sistemática que no es un socio sólido.

El tratado de amistad de 2002 especificaba que Argelia y España se comprometían a «profundizar su cooperación en el control de los flujos migratorios y a combatir el tráfico humano». No hay que descartar que la nueva situación propicie que Argelia haga lo que ha estado haciendo Marruecos, cruzarse de brazos respecto a las oleadas de migrantes procedentes de África. Es decir que de la misma manera que Marruecos ha utilizado a los migrantes en defensa de sus intereses, Argelia podría hacer lo mismo.

El problema de fondo va incluso más allá puesto que debe considerarse que es la Unión Europea la que ha conducido a esta situación. Aunque Europa es una fotografía muy hermosa en lo tocante a sus aspiraciones, la realidad es que no es capaz de diseñar una política exterior general dado que los mandatarios de las grandes potencias, Alemania y Francia, están más interesados en resolver los problemas que a ellos les atañen que en solucionar los problemas de Europa.

Esta situación ahonda más la debilidad de España a la hora de tratar con sus vecinos magrebíes. Las relaciones con esos países no son fáciles pero se ven agravadas por las prioridades de unos socios europeos que únicamente actúan en función de intereses particulares. Si a esto se añade la injerencia de Estados Unidos e Israel, que se ha visto por ejemplo en el caso de espionaje Pegasus, se obtiene un retrato nada esperanzador.

La presidencia de Argelia ha emitido un comunicado en el que se denuncia la campaña emprendida por el Gobierno de Sánchez para justificar el cambio de rumbo, que considera «inconsistente con sus obligaciones legales, morales y políticas». España no debería eludir sus «responsabilidades» de potencia colonial del Sáhara Occidental «hasta que las Naciones Unidas anuncien que se ha completado la descolonización», dice el comunicado.

En resumen, estamos ante un embrollo de grandes proporciones que no tiene fácil solución. Por un lado no parece nada probable que el presidente Sánchez vaya a dar marcha atrás. Y por otro lado, las posiciones enquistadas de Argelia y Marruecos tampoco van a cambiar, lo que significa que habrá que prepararse para una situación que no se resolverá pronto y condicionará la política exterior de España durante mucho tiempo.