La oposición y los sanitarios rechazaron este jueves la matización del Gobierno andaluz en la orden que fija los precios por los conciertos sanitarios, que actualiza la anterior, de la época socialista, y que por primera vez recoge en el catálogo expresamente las consultas de Atención Primaria.

Después de la presión ejercida por usuarios, partidos y sindicatos, ante una norma que ahonda en la privatización del sistema por la vía de los conciertos, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) asumió un cambio en el preámbulo para especificar que  la administración solo «acudirá a la colaboración privada» cuando la cobertura pública «sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias».

Sin embargo, al no tocar la parte dispositiva del texto, en la que se fija el precio (lo que la Junta le paga a la empresa que asuma el servicio, nunca un copago del usuario) para la derivación de la Atención Primaria,  esta queda igual, por lo que los sindicatos sanitarios interpretan que no cambia nada y que la puerta a la privatización sigue abierta.

PSOE, Por Andalucía, Adelante y los sindicatos de clase CCOO y UGT arremetieron contra la maniobra, con la que, consideran, Moreno pretende disimular que la herramienta para derivar cada vez más pacientes a la privada ya está creada y que solo hay que usarla: «Posibilita la privatización» con «un mero aumento coyuntural de la demanda asistencial». Por ello, le exigieron que retirara la normativa.

Debate político

«La aplicación de la orden de Salud encarece procesos y condena a la población a contratar seguros privados». Para Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, el Gobierno no ha rectificado, sino que se trata de un ejercicio de «soberbia» y «engaño» y de incorporar «al alza» nuevos precios para actos clínicos.

Para Maribel Mora, de Adelante, «la modificación es una tomadura de pelo, habla de mayor demanda sin especificar lo que significa y en la práctica abre la puerta a la privatización de la Atención Primaria. Moreno Bonilla tiene el dudoso honor de haber superado incluso a Ayuso. No es más que un intento de suavizar el lío en el que se han metido con toda los profesionales en su contra».

El presidente Moreno afirmó en el Parlamento, en la sesión de control de este jueves, que lo que habían hecho con la «aclaración» incluida en el BOJA era «parar un bulo». «Un partido no debe faltar a la verdad. Usted sabe que no se va a privatizar nada –le espetó a Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz–. Es el cuento recurrente de siempre y hay razones de peso para que la gente no se lo crea. A nadie le van a pedir la tarjeta de crédito en un centro de salud. No es sensato seguir con este discurso, intentando confundir a personas mayores. Le pido que vuelva al rigor. La gestión es compleja».

Espadas le replicó: «Ha corregido la orden porque le han temblado las piernas. No es ningún bulo. El problema es que lo que no le dice a los andaluces que cada día destina más recursos a la sanidad privada y se lo quita a la pública. No queremos una sanidad mediocre en un modelo mixto, que traslada recursos a la privada. Queremos un modelo sanitario público».

Privatización

La orden aprobada por el Gobierno andaluz no implica per se una privatización, lo que hace es permitirla. Con ella en la mano, la Consejería de Salud por cada paciente de Atención Primaria que derive a un centro privado, deberá pagar a la empresa que lo gestiona hasta un máximo de 60 euros. Es decir, transferir fondos públicos a manos privadas de manera directa.

El Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP), de nueva creación, hace estas cuentas: «Los médicos de la pública ganamos entre 150-200 euros al día brutos, dependiendo del nivel de carrera profesional, trienios, población asignada y complemento de rendimiento profesional. Una consulta privada donde se atendieran 20 pacientes supondría unos ingresos privados de 1.300 euros al día (28.600 euros al mes). Una consulta con 35 pacientes serían 2.275 euros al día (50.050 euros mes). Un pedazo de negocio. ¿Cuántos médicos podría contratar el SAS con ese dinero? Pues entre 5 y 6 durante un mes en el primer caso, unos diez en el segundo, que podrían atender entre 5 y 10 veces ese número de personas».

Esto no implica en ningún caso, como dice el presidente, un copago por el usuario, que no tendrá en efecto que sacar ninguna tarjeta de crédito, pero, llegado el caso, sí se produce una derivación de fondos públicos a una compañía privada por un derecho, el de la protección de la salud, que las administraciones, según la Constitución, deben «organizar y tutelar […] a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». La Ley General de Sanidad establece que «la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española».

Conciertos

Moreno cargó contra el PSOE: «Ustedes derivaban a mansalva y eran ineficaces y luego las empresas nos cobraban [a la Junta] lo que querían. Hemos hecho una orden de precios, [para utilizar] cuando haya una situación excepcional que lo hagamos con los precios razonables de mercado. Por mucho que se empeñe en hablar de privatización eso no va a calar y no lo va a hacer porque nadie va a pagar un céntimo para ir a un centro de salud y porque vamos a seguir trabajando por la sanidad pública. Tenemos un espejo en el que no mirarnos, el del despilfarro, la privatización y ese es exclusivamente del PSOE en Andalucía«.

Los conciertos sanitarios con empresas privadas no son en efecto de ahora. Durante los años del PSOE ya existían –los convenios con Pascual, por ejemplo–. Desde que llegó al Gobierno, el PP ha incrementado en términos absolutos el gasto año tras año en estas partidas. De 410 millones al cierre de 2018, cuando el PSOE dejó la Junta, se había pasado a 523, un 27% más, al cierre de 2021.

En términos relativos, sin embargo, el gasto en conciertos respecto del total del gasto sanitario, debido al aumento del presupuesto global destinado a Salud, ha aumentado apenas unas décimas, del 4,40% de 2018 al 4,49% de 2021. Esta cifra –que consta en el expediente de la orden– es aún de las más bajas del país, por lo que el margen que tiene Moreno, si quisiera, para mejorar el negocio de las empresas en este terreno es muy amplio. Para este año, la Junta prevé derivar a otros 50.000 andaluces a la sanidad privada, un 25% más.

Protesta

El PP andaluz sabe que el asunto de la sanidad es corrosivo y no quiere que se le vaya de las manos. Fue uno de los factores que acabó con la hegemonía socialista y, de un modo u otro, no desaparece de las principales preocupaciones de los andaluces en los sondeos. La Atención Primaria, baqueteada durante la pandemia, está en este momento en crisis. A los sanitarios, cansados, no les dan de momento confianza los planes del Gobierno de Moreno al respecto. El próximo 16 de marzo, CCOO, UGT y CSIF preparan una protesta en Sevilla.

Así, CCOO tachó de «burda» la maniobra y aseguró que con ella buscaba «acotar el rechazo social» que, considera, ha causado la orden. «Una vez más, la Administración se empecina en mantener la puerta abierta de los hospitales y centros de salud a la sanidad privada«, afirma José-Pelayo Galindo, de la Federación de Sanidad del sindicato.

Para UGT, la maniobra de Moreno es una «chapuza»: «Seguimos igual que antes o peor. ¿Tan difícil es eliminar la posibilidad de privatización? ¿Por qué quieren justificarlo y no erradicar esa posibilidad? El querer vender que solo se hará en casos de periodos de mayor demanda o situaciones de emergencia es justificar que en cualquier momento lo pueden y lo van a hacer. Cada vez tenemos más claro que su única intención es privatizar la Atención Primaria».