Manuela Villena López sustenta el cargo de gerente de relaciones intitucionales de Bidafarma
La mujer de Moreno Bonilla cierra la cuenta de Twitter donde presume de ser gerente de BidafarmaLa Junta de Andalucía niega que haya dado un contrato millonario a BidafarmaDesvelamos el documento que destapa la “traición” del PP y del Cacof a las farmacias de Andalucía
La Junta de Andalucía ha anunciado que comenzará el reparto de lotes de tres mascarillas para las personas mayores de 65 años y pensionistas como medida de prevención y de apoyo a los colectivos más vulnerables ante la pandemia del coronavirus. Serán un total de 7,5 millones de mascarillas sin coste los que se distribuyan entre la población andaluza.
En este acuerdo ha participado la cooperativa Bidafarma, que será la encargada de la logística para llevar las mascarillas a las farmacias, y el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos. Resalta que en la gerencia de Bidafarma se encuentra Manuela Villena López, que sustenta el cargo de gerente de relaciones institucionales desde septiembre de 2017 y, además, es la esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla. “Nos resulta muy sospechoso que la distribución de mascarillas se haya hecho a través de Bidafarma, la empresa de la que es directora de relaciones institucionales la mujer de Moreno Bonilla y de la que es vicepresidente el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos”, comenta a ElPlural.com Jesús María Ruiz García, portavoz socialista de Sanidad en el Parlamento de Andalucía. Además, también explica que «el contrato puede llegar a los 7 millones de euros», teniendo en cuenta que el precio máximo de las mascarillas fijado por el Gobierno es de 0,96 centimos.
El portavoz socialista sigue insistiendo en sus sospechas: “Pero no nos extraña que exista esta participación cuyo contrato desconocemos. También desconocemos el procedimiento, si ha habido un expediente de licitación o si ha habido más ofertas o no. No nos extraña porque el Gobierno de Moreno Bonilla ya ha iniciado algunas relaciones con Bidafarma, como es el caso de la administración de la farmacia hospitalaria en algunas provincias como un pilotaje”. En el Parlamento andaluz se ha preguntado al Ejecutivo por esta cuestión, pero el portavoz de sanidad no ha recibido ninguna información al respecto, tal como asegura a este periódico.
Como se asegura en un comunicado de la propia cooperativa, “esta colaboración se suma a las ya realizadas con la administración sanitaria andaluza y los colegios profesionales”, en los que la cooperativa “ha gestionado la logística para transportar los medicamentos de dispensación hospitalaria desde los hospitales a las farmacias comunitarias”, así como “el reparto de material de protección frente al coronavirus entre profesionales sanitarios de las farmacias andaluzas”.
«Sospechas de trato de favor»
“Moreno Bonilla tiene que explicar la relación que existe entre la empresa Bidafarma, el gobierno de la Junta y los colegios farmacéuticos”, ha señalado Ruiz este mismo jueves, haciendo hincapié en que “en un momento tan delicado como éste, no podemos dar lugar a que haya sospechas de trato de favor”.
El dirigente socialista urge a Moreno Bonilla a que “explique cómo ha sido el procedimiento de adjudicación, si ha habido varios licitadores, cuáles han sido los criterios para adjudicar las mascarillas, qué papel ha desempeñado Bidafarma: si solamente las distribuye, y a cambio de qué, o si las ha comprado”.
También se ha sumado a esta petición la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que «despeje cuanto antes las dudas sobre un posible trato de favor» del Gobierno andaluz a la empresa «en la que trabaja su esposa», Bidafarma, encargada de distribuir los 7,5 millones de mascarillas gratuitas que entrega la Junta a personas mayores y vulnerables.
La líder de la confluencia, que cree que Moreno debe responder personalmente a esta cuestión, ha incidido en que les preocupa este asunto más por que el contrato «no aparece, no lo encontramos, y no sabemos qué tipo de procedimientos ha seguido la JUNTA para seleccionar a la empresa que distribuirá esas mascarillas». «El contrato debe ser cuantioso aunque también desconocemos su cuantía», ha recalcado.
Bidafarma defiende que su labor es a precio 0
“La cooperativa Bidafarma no es adjudicataria total ni parcial de contrato alguno relacionado con la actuación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en materia de reparto de mascarillas a la población. Bidafarma asume la logística de esa acción sin contraprestación económica alguna”, explica a este medio Alfonso Pedrosa, director de comunicación de la cooperativa.
Pedrosa detalla que ellos han sido contactados directamente por el Consejo Andaluz de Farmacia, sin interlocución previa de la cooperativa con la Junta de Andalucía: «Es la Consejería la que, en función de sus estimaciones y previsiones, indica al Consejo de Colegios cuántas mascarillas van a cada provincia y, dentro de cada provincia, cuántas van a cada farmacia. Las estimaciones de reparto de la Consejería se basan en el porcentaje de potenciales beneficiarios de mascarillas que retiran su medicación en una determinada provincia y en una determinada farmacia. El Consejo de Colegios pide a Bidafarma que asuma sin coste la labor logística de la acción por dos razones: porque copa el 74% del suministro de medicamentos a las farmacias andaluzas y nadie tiene esa capacidad especializada de respuesta logística en la Comunidad; y porque es una cooperativa, de la que son propietarios los profesionales que trabajan en las farmacias, y tiene por ello toda la confianza de los profesionales para asegurar la calidad de la entrega del material a los pacientes».
Por su parte, Antonio Mingorance, vicepresidente de Bidafarma, durante su intervención hizo hincapié en «la necesidad de la actividad institucional de la cooperativa junto al resto de instituciones del sector para la defensa del modelo farmacéutico español. Una actividad institucional que la cooperativa ha llevado a cabo con las administraciones públicas, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y universidades». Una actividad institucional que viene motivada según Mingorance porque «somos farmacéuticos y no podemos permanecer ajenos, como profesionales sanitarios, a desempeñar nuestra labor al lado de los pacientes. Por nuestra responsabilidad social corporativa, como empresa de un sector esencial, no podía permanecer impasible ante una emergencia nacional de estas dimensiones. Por poner en valor el papel de la farmacia y el uso racional del farmacéutico».