El Juzgado de Instrucción 3 de Lugo investiga a la dueña de una agencia por un delito contra los derechos de los trabajadores por liderar una trama que explotó laboralmente a decenas de mujeres migrantes de América Latina para el cuidado de mayores. Muchas de las familias que contrataron los servicios recibieron ayudas públicas de la Xunta.
Sin derechos, sin contrato laboral ni descanso regulado. Las 24 horas del día, los siete días de la semana. Así eran las condiciones en las que trabajaron al menos 60 mujeres migrantes de América Latina en situación irregular en Galicia, mayoritariamente en la provincia de Lugo. Fueron ‘empleadas’ como ‘internas’ para el cuidado de personas mayores por una agencia habilitada, cuya dueña y una red de colaboradores están siendo investigados por el Jugado de Instrucción 3 de Lugo, según ha podido saber Público de fuentes de la investigación.
La empresa Asistencia Castroverde S.L., creada en 2004, con sede en la localidad lucense de Castroverde, proporcionaba personal para el cuidado de personas mayores y dependientes y tenía convenios con varios ayuntamientos. Muchas de las familias que recurrían a sus servicios eran receptoras de ayudas por parte de la Xunta de Galicia para el cuidado de sus mayores.
La cobertura legal de esa empresa, que llegó a contar con 27 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, dificultó que las administraciones públicas se percataran de que las cerca de 80 ‘internas’ que tenía colocadas Asistencia Castroverde S.L. en 2019 en otros tantos domicilios gallegos se encontraban en situación irregular en España.
Abuso ante situaciones vulnerables
En la causa hay localizadas, hasta el momento, cerca de 60 víctimas de explotación laboral, aunque sólo han declarado unas 40. Algunas de ellas estuvieron trabajando en pésimas condiciones durante tres años, otras sólo unos meses, pero todas cobrando en sobres y mintiendo a las familias sobre su situación en España, por orden de la dueña de la empresa, Montserrat L. G., según ha podido comprobar en el sumario este diario.
Montserrat L. G. se enfrenta a tantos delitos de explotación laboral como víctimas aparezcan. El artículo 311 del Código Penal indica que será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años el que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, imponga a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
El artículo 311 bis establece además penas de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta meses quien de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.
Las mujeres cobraban entre 800 y 1000 euros por trabajar de ‘internas’ en los domicilios de los ancianos las 24 horas del días y durante todos los días de la semana. Si pretendían librar un día, Montserrat L.G. les descontaba 100 euros. Para ella era fácil conseguir que estas mujeres migrantes accedieran a realizar ese trabajo, pues la mayoría no disponía de domicilio ni de recursos para pagar un alquiler. A las familias usuarias les cobraba entre 1.100 y 1.520 euros al mes.
El juzgado incoó diligencias en diciembre de 2019 ante una denuncia de la Guardia Civil sobre el caso de una mujer colombiana que confesó al hijo de la anciana que cuidaba que carecía de papeles, por lo que no tenía contrato laboral.
Aquella denuncia inicial, con seis presuntas víctimas, dio lugar a una causa mayúscula con 44 víctimas y familias que se sienten estafadas. En total se han localizado casi 60 mujeres explotadas laboralmente y se está a la espera de que puedan declarar para sumarse al procedimiento, según informan fuentes jurídicas.
Las escuchas telefónicas, claves en el caso
El juzgado autorizó la interceptación, escucha y grabación de las conversaciones telefónicas realizadas por la investigada. La Fiscalía adujo que era el único medio de investigación idóneo para identificar a otras víctimas. Y, en efecto, así ocurrió desde enero de 2020.
La gerente y dueña de Asistencia Castroverde S.L. solía contratar a las migrantes por teléfono. Incluso por WhatsApp les daba instrucciones: «No digas que acabas de llegar», consta en un mensaje aportado al sumario. «Si en la casa te piden la documentación les dices que me la has dado a mí», aparece en otro.
Mientras a las familias les aseguraba la investigada que las chicas contaban con seguro por si sufrían algún accidente y con la habilitación necesaria para los cuidados a personas mayores enfermas, como el de auxiliar de enfermería, a las mujeres explotadas las engañaba diciéndoles que iban a cuidar a una persona encamada y después se encontraban con dos ancianos dependientes.
Algunas de las familias se quejaban de que las chicas no tenían preparación para las tareas específicas en el cuidado de personas enfermas o sin movilidad. Son cuidados muy especializados. En esos casos, la investigada se ofrecía rápidamente a sustituirlas por otras.
La mayoría de las mujeres acababan de llegar a Lugo cuando por mediación de amistades lograban el teléfono de Montserrat, conocida en aquel entorno como una empresaria que daba trabajo a los migrantes irregulares, según consta en el sumario.
Imprescindible no librar
Una de las condiciones que imponía Montserrat a las migrantes era que no podían librar. Así se desprende de varias conversaciones telefónicas aportadas a la causa. «Ruth (acento sudamericano) llama a Montse y se identifica como la hermana de Luisa; le dice que como le escribió por si le interesaba trabajo de interna, ahora le dice que lo necesita. Montse le dice que escribió a varias chicas. Le dice que es para cuidar a una señora sin libranzas, que si quiere librar hay que mandar a otra chica», consta en el sumario.
Sobres con dinero
Uno de los indicios más potentes que maneja el juez es la forma de cobro elegida por la investigada: sobres con dinero y con el nombre de la trabajadora a mano en un bar de Lugo. La empleada del bar está también imputada en la causa al haber repartido los sobres con las mensualidades de las migrantes.
Otro método era a través de una plataforma de pago a través del móvil con la que pagaba las cantidades más bajas, ya que no es posible transferir más de 600 euros por día.
Waldir Sinisterra, uno de los abogados personados, perteneciente a la Asociación Clara Campoamor, acusación popular en la causa, manifiesta que este caso, en el que representa a 25 víctimas, «no sólo es una afrenta para las mujeres migrantes explotadas, lo es también para toda la sociedad, dada la constante vulneración de los derechos de las personas, en este caso, mujeres. Una sociedad avanzada no puede mirar para otra parte ante la explotación de personas vulnerables».
Se refería a las trabajadoras como «negras»
En el sumario consta que Montserrat L. G. se refería a las trabajadoras irregulares como «negras». En varias conversaciones con su madre, la investigada usa esa expresión.
El abogado Waldir Sinisterra destaca uno de los últimos testimonios recabados en el juzgado, el de una mujer cubana a la que Montserrat L. G. abonaba 300 euros al mes por acudir al domicilio de un señor enfermo, situado en una aldea lucense, tres horas al día durante toda la semana, incluido el sábado y el domingo, para lo que tenía que tomar un autobús que se costeaba ella misma. «Abusaba de la situación precaria de estas mujeres», recalca el letrado de la Asociación Clara Campoamor.
Este abogado ve con inquietud el hecho de que la empresa Asistencia Castroverde se encuentre en proceso de liquidación, según ha comprobado Público en el Registro Mercantil. «Es probable que tenga que resarcir económicamente a sus víctimas y si se ha deshecho de sus activos la situación se complica».
Las familias de las personas ancianas firmaban un contrato con Asistencia Castroverde S.L. Muchas contaban con ayudas públicas por la Ley de Dependencia para el cuidado de sus mayores por lo que necesitaban la factura mensual para poder justificar el gasto. Pero en otras ocasiones, Montserrat L. G. proponía no cobrarles el IVA y así rebajaba el importe 100 euros.
La impunidad con la que presuntamente ha operado la investigada al menos desde 2017 pasó inadvertida incluso para trabajadoras sociales de ayuntamientos gallegos, que le pedían personal con mucha frecuencia. Destaca en este aspecto la conversación mantenida con una trabajadora social de A Coruña el 19 de diciembre de 2019. Montserrat respondió afirmativamente a la petición de la interlocutora, que precisaba una ‘interna’ para una mujer que se había roto un pie y necesitaba ayuda durante dos meses.
La dueña de Asistencia Castroverde le informó de que serían 1.520 euros, pero que si no le interesa factura serían 1.400 y que la chica «le hace todo». Al final, la mujer optó por la factura «porque así le entra algo del seguro». A Cristina, la migrante elegida para el trabajo, Montserrat le ofrece 1.000 euros sin librar ningún día.
Algunos ayuntamientos lucense, con el de Meira, habían contratado a la empresa de Montserrat para la realización del servicio de ayuda a domicilio. Sin embargo, ninguna administración pública se ha personado en la causa, ni siquiera la Xunta, pese a que con dinero público se financiaron algunos de los servicios ahora investigados.
La situación legal de las víctimas
La mayoría de las mujeres migrantes que trabajaron para Montserrat han solicitado al juzgado que se las reconozca como víctimas y testigos en la causa, lo que implica un permiso temporal de residencia y de trabajo mientras dure la instrucción. «Se trata de una autorización excepcional por su colaboración con la Justicia. Después ya pelearemos porque tengan las mejores condiciones», explica Waldir Sinisterra.
Otras muchas, sin embargo, no han querido denunciar ante el temor de que puedan ser finalmente expulsadas del país. La mayoría de las víctimas proceden de Colombia, Honduras y Nicaragua, sobre todo.
Público ha intentado recabar la versión de la investigada Montserrat L. G. pero su letrado asegura que no podido localizarla para transmitirle la petición y él ha declinado comentar el caso.
Como investigados en la causa, junto a ella, constan otras cinco personas más: su hija, que según el juzgado, era la presunta responsable de calcular el sueldo de cada una de ellas e introducirlo en los sobres; dos mujeres que supuestamente ayudaron a repartir los emolumentos; un hombre que ayudó logísticamente y un empleado irregular que supuestamente se encargaba de facilitar el teléfono de Monstserrat a las migrantes sin papeles y viceversa.