El Departamento de Estado de EE.UU. denunció la detención de tres estadounidenses acusados de ingresar ilegalmente a Venezuela y estar implicados en delitos graves no especificados, pero se negó a identificar a estos hombres. “Podemos confirmar el arresto de ciudadanos estadounidenses en Venezuela en enero y marzo de este año”, dijo en julio un portavoz de dicho ente.

Ante esta tesitura, Venezuela reaccionó a través de un comunicado difundido el sábado por la Cancillería.

“El Gobierno de Venezuela rechaza el pronunciamiento del Departamento de Estado de los EE.UU., en relación con ciudadanos estadounidenses legítimamente privados de libertad en el país, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos graves y que, en su mayoría, se encuentran convictos y confesos de los crímenes que se les imputan”, puntualizó.

Según publicó el mismo julio The Associated Press, se trataría del abogado de Los Ángeles Eyvin Hernández, de 44 años, y el programador informático de Texas, Jerrel Kenemore, de 52, quienes fueron detenidos en marzo, mientras que un tercer estadounidense, cuya identidad se desconoce, fue arrestado en enero.

Lo que llama la atención es que el Departamento de Estado, mediante un comunicado fechado el 29 de mayo, instó a los estadounidenses a no viajar a Venezuela, a sabiendas de esto, los tres se infiltraron en el país bolivariano.

EEUU insiste en su pretensión de inmunidad o patente de corso a sus nacionales

El Departamento de Estado sostuvo el viernes que su titular, Antony Blinken, está “abocado personalmente a traer de vuelta a nuestro país a los ciudadanos estadounidenses que sean rehenes o hayan sido detenidos ilegalmente”.

Esto ante el caso del veterano de la Marina Matthew Heath, que fue detenido hace dos años. Estados Unidos alega que sobre él pesan falsos cargos.

A lo que la Cancillería respondió que Venezuela es un “Estado democrático y social de derecho y justicia”, donde las instituciones ejercen sus competencias constitucionales y legales para investigar y sancionar, con «absolutas garantías del debido proceso, toda conducta que implique un delito” previsto en la legislación. Las autoridades estadounidenses insisten en “su pretensión de conferir una inaceptable inmunidad o patente de corso a sus nacionales, es un desprecio absoluto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos”, sentenció.

En marzo, Venezuela liberó a dos estadounidenses encarcelados por cargos de corrupción y terrorismo después de una reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de EE.UU.

Los buenos oficios de Caracas contrastan con la actuación de Washington. El 16 de agosto se cumplieron 10 meses del segundo secuestro del diplomático y representante de Venezuela en una misión humanitaria  Alex Saab, quien fue ilegalmente extraído de Cabo Verde en una operación que violó normas y convenios internacionales por el Gobierno de EE.UU. que le acusa de lavado de dinero. Desde su primer secuestro en 2020, más de 60 países se han sumado a la petición de la liberación de Saab, quien se enfrenta a una pena de 20 años de prisión.