En el verano de 1975, el dictador Franco agonizaba pero el régimen daba señales de fortaleza aumentando la represión. Mano dura, endurecimiento de la ley antiterrorista y cargas policiales para reprimir las manifestaciones ilegales. En la Dirección General de Seguridad (DGS), en lo que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid, tenían mucho trabajo. Los agentes recién llegados a la Brigada Regional de Investigación Social aprendían con mucha rapidez de los veteranos el único método de investigación que tenía la policía política: las torturas.

Entre los más veteranos, Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño‘, conocido por su violencia hacia los detenidos. Y entre los alevines, José Manuel Villarejoel alemán, como le llamaban los militantes antifranquistas por ser rubio y de tez sonrosada. Hoy se le conoce por los presuntos delitos que cometió para enriquecerse a través de las ‘cloacas del Estado’, pero en 1975, con 24 años, Villarejo era uno más entre los temibles agentes de la BIC (Brigada Central de Información Social), dirigida por el siniestro comisario Roberto Conesa, uno de los maestros de los policías torturadores del franquismo.

Propuesta de la Dirección General de Seguridad para una medalla al mérito policial para Villarejo
Propuesta de la Dirección General de Seguridad para una medalla al mérito policial para Villarejo. — Público

Precisamente, en el expediente de Conesa, al que ha podido acceder Público, constan los premios, las felicitaciones y condecoraciones de aquella primera época como policía de Villarejo, que ingresó en la Academia en 1972. Según esos documentos internos policiales, en el verano de 1975 era ya subinspector y por su participación en la operación de desarticulación del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, una organización de lucha antifranquista, le dieron una recompensa de 25.000 pesetas en metálico y recibió una felicitación pública. La Dirección General de Seguridad le propuso para la cruz al mérito policial con distintivo blanco.

Junto con Villarejo, otros 36 inspectores y subinspectores, cuatro secretarias y 10 policías armados (los llamados grises) recibieron su recompensa por aquella operación contra el FRAP desarrollada en julio y agosto de 1975 y que llevó al paredón de fusilamiento a José Humberto BaenaJosé Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz el 27 de septiembre de 1975.

Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra
Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra.  Público

Un verano para olvidar

Julio Pacheco Yepes (Madrid, 1955) tenía cuatro años menos que Villarejo en el verano de 1975. «Enseguida le pusimos nombre al alemán, en cuanto comenzó a hablarse de sus escándalos y de sus grabaciones. Resulta que era el famoso comisario Villarejo», dice Pacheco a Público. Hace unos días ha interpuesto en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, una querella contra cuatro agentes de la BIC, entre ellos Villarejo, por crímenes de lesa humanidad en concurso real con delito de torturas. «He esperado a que saliera adelante la nueva ley de memoria democrática; podría haber una oportunidad de investigarse todo esto, aunque no soy muy optimista», confiesa.

Han pasado casi 48 años desde que Julio fue detenido, el 24 de agosto de 1975 a las 11 de la noche, y conducido a la Dirección General de Seguridad (DGS), donde durante siete días le molieron a palos, según su denuncia, esos cuatro policías y alguno más que no ha podido identificar. Por entonces estudiaba Biológicas en la Universidad Complutense y estaba afiliado a la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que formaba parte del FRAP. Hacía poco que se había afiliado al Partido Comunista Español Marxista Leninista y su tarea era repartir propaganda, poner carteles y hacer murales sobre la situación política. Tenía 19 años y una compañera que compartía sus inquietudes para traer la democracia a España.

Julio Pacheco Yepes
Julio Pacheco Yepes.  Cedida

«Nosotros, al militar en el FUDE o el FRAP, ya sabíamos a lo que nos arriesgábamos. La Policía te podía meter un tiro, hacerte desaparecer o molerte a palos», dice Julio. En su memoria entonces y ahora, Cipriano Martos, encofrador de Reus (Tarragona) de 23 años, miembro del FRAP, que fue detenido, torturado y murió por la ingesta de ácido sulfúrico y gasolina en dependencias policiales.

Torturas a su compañera para doblegarle

Nada más llegar a la DGS, «viví momentos de terror, pero me mentalicé de que tenía que aguantar, no hablar, no delatar a nadie, que la cadena de detenciones se parara en mí», recuerda. Para hacerle hablar y que confesara que él era el «jefe de un comando», a Julio le llevaron a donde estaban torturando a su compañera, para que se quebrara. «La vi, tan pequeñita, de rodillas, mientras un policía gigantesco le daba golpes con la porra en las plantas de los pies».

Aquello le dio más fuerza, reconoce. «Hay que aguantar, ser más fuertes que ellos, no gritar, no quejarme delante de ellos». Durante los tres primeros días permaneció en el piso de arriba de la DGS, en los despachos, esposado a un radiador. «No tengo noción de haber comido, ni bebido nada durante ese tiempo», dice.

Julio Pacheco Yepes en los años 70
Julio Pacheco Yepes en los años 70.  Cedida

La ‘rueda’ y golpes en los pies

Después le bajaron a los calabozos y le hicieron la ficha, y comenzó el periplo de verdad. «Estás en sus manos, pueden hacer lo que quieran contigo. Me daban golpes en las plantas de los pies, que es muy doloroso. Los tuve hinchados después casi un mes. Y me hacían la rueda, que es una técnica en la que el detenido gira como una peonza en el suelo y, uno a uno, los policías, en círculo, le van dando golpes: uno te da una patada, otro con la porra, etc. Uno de los de las ruedas era Villarejo —indica Julio Pacheco—. Él no me llegó a interrogar, era un policía mayor que no he podido identificar».

Pasados los siete días, llegó una comitiva militar y le leyó los cargos en su contra: terrorismo. Le trasladaron a la cárcel de Carabanchel, donde permaneció tres meses, hasta que el Tribunal de Orden Público (TOP) le puso en libertad con otros cargos más laxos, asociación ilícita y propaganda ilegal, y una fianza de 30.000 pesetas. Nunca se llegó a celebrar el juicio contra Julio Pacheco.

Una denuncia por malos tratos archivada

Uno de los 36 detenidos durante la operación contra el FRAP aquel verano denunció malos tratos recibidos en la DGS; entonces, en el contexto de la dictadura, esto era una falta y no un delito ni mucho menos un crimen de lesa humanidad. Público ha podido localizar de esa denuncia en el expediente de Conesa, contra quien iba dirigida además de otros funcionarios policiales:  Carlos Domínguez, Álvaro Valdemoro de Lara y Pedro Polo García. La denuncia era por los mismos hechos denunciados ahora por Julio Pacheco Yepes, aunque contra otros agentes —el único que coincide es Valdemoro de Lara—.

Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra
Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra.  Público

«En mi caso fueron cinco a seis policías los que me torturaron. He podido identificar a algunos gracias a la denuncia que este compañero puso en su día y que se archivó. Y también gracias al libro La secreta de Franco, de Pablo Alcántara, donde expone muchísimos nombres de los policías políticos», cuenta Pacheco. En su caso, los denunciados son además de Villarejo y Álvaro Valdemoro de Lara, José María González Reglero y José Luis Montero Muñoz.

Respecto a la recompensa que recibieron los agentes que le torturaron, Julio Pacheco asegura que le da «asco». «Mi padre, que trabajaba en una fábrica, cobraba 8.000 pesetas al mes en 1975. Imagina lo que suponían las 25.000 pesetas que se llevó Villarejo. Esta gente eran mercenarios». De hecho, en el expediente del comisario Conesa constan multitud de recompensas por operaciones policiales y medallas desde que en 1939 ingresó en la Brigada Político Social, tras participar en varios juicios sumarísimos que llevaron a la muerte a los procesados por ser adeptos a la II República, hasta su jubilación en 1979.