Los activistas ahora promoverán la creación de un Tribunal de los Pueblos para juzgar a los políticos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes los resultados de la inédita consulta popular que se realizó el domingo y en la que el 97 % de los participantes votó a favor de «esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados«, lo que para el oficialismo significaba enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
«Quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Es el inicio formal legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa», afirmó el presidente en una conferencia de prensa en la que descartó que este ejercicio haya sido «un fracaso» debido a que votaron solamente 6,6 millones de personas, lo que representa el 7 % del padrón electoral.
Para que los resultados fueran vinculantes, es decir, para que efectivamente se abriera la puerta a investigaciones penales en contra de los exmandatarios, se necesitaba que participara por lo menos el 40 % del padrón, equivalente a 37 millones de personas.
Sin embargo, López Obrador advirtió que «la democracia nunca fracasa» porque es el mejor sistema de gobierno.
«Lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta un intocable absoluto en ningún nivel, para que no se deje de respetar al pueblo«, dijo.
También recordó que antes se hablaba mucho de la democracia participativa, pero consideró que era mera demagogia porque no se llevaba a la práctica una forma de gobernar que le preguntara al pueblo.
Antecedentes
La jornada del domingo, agregó, representó un antecedente favorable con miras a la consulta de revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022 para que la ciudadanía decida si quiere que él continúe o no como presidente, cargo que constitucionalmente debe cumplir hasta diciembre de 2024.
«La próxima vez van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura, eso le vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados», dijo.
Para demostrar la trascendencia de esta consulta, precisó que tuvo el nivel más alto de participación de ejercicios anteriores.
Por ejemplo, recordó, en 1993 se realizó un plebiscito de reforma política del Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México, en el que votaron 330.812 personas, y en 1999 más de dos millones de ciudadanos se pronunciaron en contra del fraudulento rescate bancario conocido como Fobaproa, pero no les hicieron caso.
En 2018, en tanto, se llevó a cabo una consulta para cambiar la sede del nuevo aeropuerto internacional, en la que participaron poco más de un millón de personas.
¿Qué pasó?
López Obrador propuso el año pasado una consulta para que la ciudadanía decidiera si quería que sus antecesores fueran investigados y, eventualmente, enjuiciados.
Uno de los problemas que afectó la convocatoria de este ejercicio fue que, el año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia avaló su realización, en lugar de redactar una pregunta concreta, acordó una frase larga, inentendible y confusa que fue motivo de debate hasta el último momento.
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», decía el enunciado de la discordia al que solo se podía responder con un ‘sí’ o un ‘no’.
El Gobierno y los activistas que promovieron la consulta también denunciaron las trabas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que incluso acusaron de boicot, y el silencio de la mayoría de los medios de comunicación que no convocaron a la gente a votar.
En ese sentido, López Obrador reiteró este lunes sus críticas. «No tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas. Se pudo haber pedido colaboración de gobiernos estatales, municipales, del pueblo pero ni se hablaba del tema», dijo en referencia al INE.
Lo que sigue
Los promotores de la consulta reiteraron que, como habían dicho desde el principio, la votación del domingo era un punto de partida, no de llegada, puesto que ahora promoverán la creación de un Tribunal de los Pueblos que juzgue los crímenes de los pasado gobiernos.
En conferencia de prensa Alina Duarte, Epigmenio Ibarra, Omar García y Ariadna Bahena, quienes encabezaron el grupo ciudadano que impulsó una campaña nacional para impulsar la consulta, explicaron que la jornada representó «un parteaguas para la democracia mexicana» porque fortalece la participación directa como un contrapeso a todo tipo de poderes.
Por eso, anticiparon que el Tribunal estará integrado por personalidades de la sociedad civil y por víctimas. El evento en el que se formalizará esta propuesta se realizará el 8 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México.
«El objetivo es que se pueda juzgar a la luz del derecho internacional y del derecho mexicano las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, contra la economía popular, el saqueo general del país, contra el medio ambiente, violaciones de derecho a la información (…), garantizar el derecho a la verdad y a la memoria de las víctimas y a coadyuvar con el sistema de justicia para reparar los daños causados, esclarecer los hechos y garantizar la no repetición de los crímenes», señalaron en un comunicado.
De esta forma, el Tribunal podría complementar el trabajo de la Comisión de la Verdad que ya comenzaron a proponer desde el oficialismo, como una alternativa para juzgar los crímenes cometidos en las últimas décadas en el país