¡¡Los que no tienen miedo, juntos!! Testimonios de distintos de lugares de este país luchando contra lo mismo, la puñetera corrupción.

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-Luis Escribano (Justicia por la Sanidad) -Ana Garrido (Denunciante caso Gurtel). -Roberto Macias (Denunciante UGT). -José Maria Castillejos (productora de Pocoyó). -Julita Gomez Tutelado de mayores de Madrid. -Lola Mesa (fraude tesorería general de la SS en Cádiz). -Sonia Peral (denunciante acoso a menores en centros escolares). -Jaime González (denunciante cártel del fuego, caso Infoca). -Mario Díez (Denunciante Kote Cabezudo-Justicia Poética). -Daniel Tejero (Policía Local de Puente Genil, denunciante de abuso sexual a menores).

Perla Negra, Trama Eólica, Enredadera… los jueces hacen saltar la tapa de la alcantarilla en Castilla y León

Un imputado en la trama Enredadera –la red de empresarios y políticos que amañaba concursos públicos en diferentes instituciones de toda España– va a presidir la comisión parlamentaria en las Cortes de Castilla y León donde el consejero de Fomento del Gobierno regional, Juan Carlos Suárez-Quiñones, deberá explicar sus tratos con el constructor José Luis Ulibarri.

El titular de Fomento en el gabinete de Juan Vicente Herrera –no imputado en este caso– aparece citado en el sumario por las conversaciones interceptadas por la policía en las que ofrece una obra sin concurso y anuncia otras que el Gobierno planeaba a Ulibarri, un influyente empresario de la obra pública y los medios de comunicación, encarcelado como cabecilla de la trama Enredadera.

Manuel García, diputado regional y alcalde de Villaquilambre, que fue detenido en la misma operación y todavía está imputado, es quien va a decidir el orden del día o la pertinencia de las preguntas al responsable de Fomento en el debate parlamentario. En el sumario figura como la persona que facilitó pliegos de concursos en su ayuntamiento a Ulibarri, además de oficiar de mediador para que otros alcaldes hicieran lo mismo.

En esa comisión que tendrá lugar el próximo miércoles, el consejero de Fomento, Juan Carlos Súarez-Quiñones, intentará justificar la llamada que hizo a Ulibarri en febrero de 2018 en la que dijo al constructor: «Yo soy la administración».  Le estaba proponiendo hacerse cargo de los trabajos de una carretera que habían sido adjudicadas a una empresa que se arruinó y entró en concurso de acreedores.

Suárez-Quiñones, juez de profesión, enmarca la llamada en el devenir normal de su actividad política y asegura que no hay nada ilegal y que no está siendo investigado. La propia UDEF señala en uno de sus informes que se habría cometido un delito de prevaricación y revelación de secretos.

Además, en  declaraciones a eldiario.es cuando estalló el escándalo, Suárez-Quiñones reconoció que había llamado a Ulibarri «porque se había quejado de que tenía pocas adjudicaciones» y que se había sentido maltratado anteriormente por los medios de comunicación del empresario. « El Mundo (de Valladolid) me metía unas hostias [sic]», recordó. Precisamente esa condición de propietario de medios es la que otorgaba a Ulibarri una «asombrosa capacidad de influencia», según la Fiscalía, ya que premiaba o castigaba a los políticos con informaciones.

Suárez Quiñones ha tenido que salir al paso estos días de otra información adelantada por eldiario.es: meses antes de que llamase a Ulibarri para ofrecerle la obra, los dos estuvieron comiendo y, según Ulibarri, el consejero le adelantó información sobre  «cuatro obras buenas» que iban a salir.

Los diferentes tomos del sumario retratan a Ulibarri como un empresario todopoderoso  que maniobraba para poner y retirar cargos públicos a su antojo si no se atendían sus intereses en diferentes instituciones del PP regional.

Y la decisión del PP de mantener como presidente de la comisión que investigará el caso precisamente a uno de los dirigentes imputados ha levantado una gran polvareda en la región. ¿Pudo evitarse? Sí. Los grupos de la oposición habían pedido que la comparecencia de Suárez-Quiñones fuese en Pleno. El Grupo Parlamentario Popular se opuso y sólo quedaba la fórmula de la comisión, extraordinaria u ordinaria, y se optó por esta última. Es una manera de restar trascendencia a otro escándalo de corrupción, el último en una autonomía donde hace tiempo que saltó la tapa de la alcantarilla.

Perla Negra

Antes los medios de comunicación habían destripado las comprometidas relaciones de dirigentes del PP de Castilla y León con importantes empresas para hacer negocios millonarios con la obra pública y las concesiones del Gobierno de Juan Vicente Herrera tirando de los sumarios Perla Negra y Trama Eólica.

En el Parlamento regional el Partido Popular, que gobierna sin mayoría absoluta gracias al apoyo de Ciudadanos, se ha visto obligado a abrir sendas comisiones de investigación cuyas presidencias se ha reservado.

Gracias a ese control, el PP ha decidido quién debía comparecer y quién no, y después ha paralizado la comisión desde hace dos años y medio. Durante ese tiempo, se ha revuelto a la hora de dar explicaciones con un «dejemos trabajar a la justicia».

El caso Perla Negra toma su nombre del apodo con que se conoce a un edificio de la Consejería de Economía en Valladolid. Su historia comenzó en 2005. Economía quería unificar todas las sedes de empresas públicas en un solo inmueble porque estaban dispersas en oficinas alquiladas en el centro de la ciudad. El entonces consejero y vicepresidente, Tomás Villanueva, optó por una fórmula de alquiler con opción a compra de un edificio, previo encargo de construcción, en Arroyo de la Encomienda, a cinco kilómetros de la ciudad. El concurso de adjudicación se amañó, el precio fue inflado y de todo ello se benefició presuntamente una constructora que ya tenía en su haber condenas firmes por facturas falsas y delitos fiscales.

Aparece también en la causa el estudio de arquitectura madrileño que reformó la sede del PP en Génova con dinero negro. Unifica Servicios Integrales consiguió a dedo –sin concurso, expediente o resolución de ningún tipo– el encargo de dividir el interior del edificio: fueron más de cuatro millones de euros en facturas.

Entre los imputados en la causa, los responsables de la constructora y la promotora y varios cargos de Economía de la Junta y de empresas públicas. El que fue consejero, Tomás Villanueva, también tuvo la condición de investigado hasta que falleció inesperadamente hace un año.

Trama Eólica

Prácticamente en paralelo, porque fue en la misma etapa, se armó la Trama Eólica. Según se desprende de la investigación y de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, ex altos cargos de la Junta y empresarios afines recibieron autorizaciones de parques de molinos de viento que luego les compraban las compañías eléctricas, que repartieron al menos 80 millones de euros.

Los protagonistas son prácticamente los mismos que en el caso Perla Negra: cargos y ex altos cargos de la Consejería, el consejero ya fallecido, y hasta los empresarios que construyeron el edificio. La Junta optó por pronunciarse cuando no había más remedio: en ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, o cuando eldiario.es publicó  que un empresario le había alertado del «abuso de poder».

En esa ocasión, Herrera, que mantiene un estricto control de la prensa a través de su política de ayudas y publicidad, convocó a los medios de urgencia e intentó restar importancia a una información que le preocupaba.

El goteo de las investigaciones se volvió indisimulable hace un año con la imputación de quien había sido número dos de Herrera. El presidente regional asumió, con la boca pequeña, la necesidad de dar explicaciones en sede parlamentaria. Se eligió la misma fórmula que se utilizará ahora para la Enredadera; una comisión ordinaria, en este caso de Economía. El PSOE quería que compareciese en la comisión de investigación y el PP quiso evitarlo a toda costa. Temía una batería de preguntas difíciles a Herrera, quien siempre había respaldado al consejero y vicepresidente y había eludido la responsabilidad de la Junta de Castilla y León aun con cargos imputados.

Herrera esgrimió en su defensa que se trataba de «caso de corrupción de personas pero no política», aunque finalmente pidió perdón. Fue la última vez que lo hizo.

Un concejal del PP factura 860.000 euros con su bufete mientras cobra un sueldo público de 2.574 euros mensuales

Antonio Ángel Avilés García, edil del PP en el Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), compatibiliza sus funciones como concejal de Desarrollo Local de esta próspera localidad al norte de Madrid, donde tiene un sueldo público de 2.574 euros netos mensuales, con su actividad privada en un bufete que desde su creación en 2013 hasta 2017 ha facturado 863.326 euros y ha logrado beneficios de 129.010 euros, según datos del Registro Mercantil.

El despacho en cuestión, Estudio Jurídico Lex Quantur, tiene como administrador único a Avilés y desde 2014 ha facturado una media cercana a los 200.000 euros anuales. En 2017, su cifra de negocios fue de 203.705,97 euros, similar a la de 2016, y registró un beneficio neto de 31.350 euros, un 44{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} más, según las cuentas anuales que acaba de depositar.

La firma, con un empleado (un hombre), domicilio en la capital de España y una oficina en la Plaza de Cristo Rey de Madrid, se constituyó el 29 de julio de 2013. Su objeto social es «la prestación de servicios jurídicos, propio de la abogacía, incluida la actuación ante Tribunales y Árbitros, por medio de abogados que tengan la condición de socios o presten servicios profesionales para la sociedad».

Avilés subraya a eldiario.es que su actividad privada es completamente legal, dado que el régimen de incompatibilidades de los ediles es mucho más laxo que el de los altos cargos de la Administración del Estado. En su caso, tiene reconocida la compatibilidad para ejercer actividades privadas con una dedicación del 95{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} al consistorio, donde es el responsable de las áreas de Comercio, Economía y Empleo. Tres Cantos, con 46.000 habitantes y un presupuesto que supera los 44 millones de euros, está gobernada por el PP desde 2007.

«No tengo ninguna sensación de que esté haciendo nada inmoral ni amoral, cumplo todas mis funciones aquí con unos resultados bastante aceptables. Yo creo que la política no se debe vivir de ella», señala Avilés, que defiende que «con muchos sacrificios», alternar la actividad política con una profesión liberal le permite «ser más libre».

En conversación telefónica, explica que la «importante» cifra de negocios de su despacho se explica porque «hasta este año» contaba con un cliente que «desafortunadamente» ha perdido, las empresas de servicios de seguridad Casesa y Ombuds, recientemente fusionadas. Su bufete tenía un contrato firmado con ellas por el que Avilés cobraba una «iguala» a cambio de prestar servicios de asistencia jurídica en determinados pleitos. Cuando estos se producían fuera de Madrid, «la mayoría» de los casos, subcontrataba el servicio a otros abogados con los correspondientes gastos.

De ahí que en estos cuatro años y medio el resultado neto de su bufete se haya quedado en algo menos de 130.000 euros. «El beneficio no es tan abultado», subraya el concejal y abogado, que dice que este año la facturación «ha caído de manera brutal», tras perder a su mejor cliente, Casesa.

Según contó Vozpópuli, esta es la empresa que tenía las cintas de Cristina Cifuentes robando cremas en un Eroski que, tras salir a la luz en abril, precipitaron su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras destapar eldiario.es el escándalo de su máster.

Afiliado al PP desde 1984, Avilés lleva desde 2007 como concejal en el Ayuntamiento tricantino, al que se incorporó como director Técnico Jurídico y de Recursos Humanos en 2005. Concejales de la oposición destacan que su figura en el consistorio perdió peso tras la marcha a la presidencia de Red Eléctrica del que fue alcalde entre 2007 y 2012, José Folgado. Con el exsecretario de Estado de José María Aznar en la alcaldía, en 2011 Avilés llegó a  firmar licitaciones como alcalde «accidental» de la localidad.

Zasca Legal

Ahora, el edil tiene en la cabeza otros proyectos profesionales alejados de la política y también relacionados con la abogacía. Recientemente ha dado de alta una nueva empresa denominada Zasca Legal SL, dedicada a «servicios de asesoramiento legal y fiscal», y el pasado 16 de julio solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el  registro de esa denominación comercial.

«Me pareció un nombre con bastante pegada desde el punto de vista de la imagen», explica Avilés, que dice que le hace «mucha ilusión tener registrado un nombre tan llamativo», aunque aclara que ese nuevo bufete no tiene todavía actividad. Zasca Legal está concebido, dice, teniendo en cuenta que «la abogacía tiende a sistemas mucho más anglosajones» y que la nueva normativa europea permite publicitar este tipo de firmas. «La profesión de la abogacía nunca va a pasar de moda y la política sí es algo pasajero», remata.