Un imputado en la trama Enredadera –la red de empresarios y políticos que amañaba concursos públicos en diferentes instituciones de toda España– va a presidir la comisión parlamentaria en las Cortes de Castilla y León donde el consejero de Fomento del Gobierno regional, Juan Carlos Suárez-Quiñones, deberá explicar sus tratos con el constructor José Luis Ulibarri.

El titular de Fomento en el gabinete de Juan Vicente Herrera –no imputado en este caso– aparece citado en el sumario por las conversaciones interceptadas por la policía en las que ofrece una obra sin concurso y anuncia otras que el Gobierno planeaba a Ulibarri, un influyente empresario de la obra pública y los medios de comunicación, encarcelado como cabecilla de la trama Enredadera.

Manuel García, diputado regional y alcalde de Villaquilambre, que fue detenido en la misma operación y todavía está imputado, es quien va a decidir el orden del día o la pertinencia de las preguntas al responsable de Fomento en el debate parlamentario. En el sumario figura como la persona que facilitó pliegos de concursos en su ayuntamiento a Ulibarri, además de oficiar de mediador para que otros alcaldes hicieran lo mismo.

En esa comisión que tendrá lugar el próximo miércoles, el consejero de Fomento, Juan Carlos Súarez-Quiñones, intentará justificar la llamada que hizo a Ulibarri en febrero de 2018 en la que dijo al constructor: «Yo soy la administración».  Le estaba proponiendo hacerse cargo de los trabajos de una carretera que habían sido adjudicadas a una empresa que se arruinó y entró en concurso de acreedores.

Suárez-Quiñones, juez de profesión, enmarca la llamada en el devenir normal de su actividad política y asegura que no hay nada ilegal y que no está siendo investigado. La propia UDEF señala en uno de sus informes que se habría cometido un delito de prevaricación y revelación de secretos.

Además, en  declaraciones a eldiario.es cuando estalló el escándalo, Suárez-Quiñones reconoció que había llamado a Ulibarri «porque se había quejado de que tenía pocas adjudicaciones» y que se había sentido maltratado anteriormente por los medios de comunicación del empresario. « El Mundo (de Valladolid) me metía unas hostias [sic]», recordó. Precisamente esa condición de propietario de medios es la que otorgaba a Ulibarri una «asombrosa capacidad de influencia», según la Fiscalía, ya que premiaba o castigaba a los políticos con informaciones.

Suárez Quiñones ha tenido que salir al paso estos días de otra información adelantada por eldiario.es: meses antes de que llamase a Ulibarri para ofrecerle la obra, los dos estuvieron comiendo y, según Ulibarri, el consejero le adelantó información sobre  «cuatro obras buenas» que iban a salir.

Los diferentes tomos del sumario retratan a Ulibarri como un empresario todopoderoso  que maniobraba para poner y retirar cargos públicos a su antojo si no se atendían sus intereses en diferentes instituciones del PP regional.

Y la decisión del PP de mantener como presidente de la comisión que investigará el caso precisamente a uno de los dirigentes imputados ha levantado una gran polvareda en la región. ¿Pudo evitarse? Sí. Los grupos de la oposición habían pedido que la comparecencia de Suárez-Quiñones fuese en Pleno. El Grupo Parlamentario Popular se opuso y sólo quedaba la fórmula de la comisión, extraordinaria u ordinaria, y se optó por esta última. Es una manera de restar trascendencia a otro escándalo de corrupción, el último en una autonomía donde hace tiempo que saltó la tapa de la alcantarilla.

Perla Negra

Antes los medios de comunicación habían destripado las comprometidas relaciones de dirigentes del PP de Castilla y León con importantes empresas para hacer negocios millonarios con la obra pública y las concesiones del Gobierno de Juan Vicente Herrera tirando de los sumarios Perla Negra y Trama Eólica.

En el Parlamento regional el Partido Popular, que gobierna sin mayoría absoluta gracias al apoyo de Ciudadanos, se ha visto obligado a abrir sendas comisiones de investigación cuyas presidencias se ha reservado.

Gracias a ese control, el PP ha decidido quién debía comparecer y quién no, y después ha paralizado la comisión desde hace dos años y medio. Durante ese tiempo, se ha revuelto a la hora de dar explicaciones con un «dejemos trabajar a la justicia».

El caso Perla Negra toma su nombre del apodo con que se conoce a un edificio de la Consejería de Economía en Valladolid. Su historia comenzó en 2005. Economía quería unificar todas las sedes de empresas públicas en un solo inmueble porque estaban dispersas en oficinas alquiladas en el centro de la ciudad. El entonces consejero y vicepresidente, Tomás Villanueva, optó por una fórmula de alquiler con opción a compra de un edificio, previo encargo de construcción, en Arroyo de la Encomienda, a cinco kilómetros de la ciudad. El concurso de adjudicación se amañó, el precio fue inflado y de todo ello se benefició presuntamente una constructora que ya tenía en su haber condenas firmes por facturas falsas y delitos fiscales.

Aparece también en la causa el estudio de arquitectura madrileño que reformó la sede del PP en Génova con dinero negro. Unifica Servicios Integrales consiguió a dedo –sin concurso, expediente o resolución de ningún tipo– el encargo de dividir el interior del edificio: fueron más de cuatro millones de euros en facturas.

Entre los imputados en la causa, los responsables de la constructora y la promotora y varios cargos de Economía de la Junta y de empresas públicas. El que fue consejero, Tomás Villanueva, también tuvo la condición de investigado hasta que falleció inesperadamente hace un año.

Trama Eólica

Prácticamente en paralelo, porque fue en la misma etapa, se armó la Trama Eólica. Según se desprende de la investigación y de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, ex altos cargos de la Junta y empresarios afines recibieron autorizaciones de parques de molinos de viento que luego les compraban las compañías eléctricas, que repartieron al menos 80 millones de euros.

Los protagonistas son prácticamente los mismos que en el caso Perla Negra: cargos y ex altos cargos de la Consejería, el consejero ya fallecido, y hasta los empresarios que construyeron el edificio. La Junta optó por pronunciarse cuando no había más remedio: en ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, o cuando eldiario.es publicó  que un empresario le había alertado del «abuso de poder».

En esa ocasión, Herrera, que mantiene un estricto control de la prensa a través de su política de ayudas y publicidad, convocó a los medios de urgencia e intentó restar importancia a una información que le preocupaba.

El goteo de las investigaciones se volvió indisimulable hace un año con la imputación de quien había sido número dos de Herrera. El presidente regional asumió, con la boca pequeña, la necesidad de dar explicaciones en sede parlamentaria. Se eligió la misma fórmula que se utilizará ahora para la Enredadera; una comisión ordinaria, en este caso de Economía. El PSOE quería que compareciese en la comisión de investigación y el PP quiso evitarlo a toda costa. Temía una batería de preguntas difíciles a Herrera, quien siempre había respaldado al consejero y vicepresidente y había eludido la responsabilidad de la Junta de Castilla y León aun con cargos imputados.

Herrera esgrimió en su defensa que se trataba de «caso de corrupción de personas pero no política», aunque finalmente pidió perdón. Fue la última vez que lo hizo.